¿Qué tienen en común Emilio Lozoya, el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Además de ser acusados de presunta corrupción y lavado de dinero, los tres obtuvieron amparos por el mismo juez. Hay otros casos donde jueces y magistrados han sido denunciados ante el Consejo de la Judicatura Federal por favorecer a empresas.
Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– “Un grupo de abogados famosísimos hasta se anunciaban diciendo: ‘Yo saco a cualquiera de la cárcel’, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Algunos de ellos habían estado de senadores y diputados y ya habían arreglado las leyes a modo. Además, tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, con jueces, magistrados y ministros. Pero todo eso ya se terminó”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el martes en su conferencia matutina.
No necesitaba decirlo, porque esa sensación existe en los mexicanos. En las últimas semanas, quizás meses, las redes han escenificado una verdadera movilización ciudadana en contra del Poder Judicial. Una serie de amparos y suspensiones temporales para evitar que personas vinculadas con el crimen y la corrupción enfrenten a la justicia, así como el tema de transferencias millonarias a cuentas personales e incluso los salarios que se asignan ministros y magistrados han puesto en duda su labor en México. Apenas hace unos días, miles de usuarios colocaron el hashtag #RenovarPoderJudicialYa para señalar también la poca transparencia y los excesos de un supra poder que contrasta en una Nación de 53.4 millones de pobres.
Hay casos donde un mismo juez otorgó amparos a Emilio Lozoya; al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señalado por presunto lavado de dinero. También hay jueces y magistrados acusados de favorecer a la constructora OHL en el Estado de México mientras en España está bajo presión permanente.
Otro caso es el de la juez de control de Chihuahua, María Guadalupe Hernández Lozano, quien otorgó un amparo que anula una orden de aprehensión contra el ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, por la causa penal 1841/17, en la que se le acusa de entregar 2 millones 420 mil pesos del erario al ex Diputado por Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez, a cambio de su apoyo para aprobar la bursatilización de bonos carreteros.
Pero de los casos que más generaron polémicas es el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, quien realizó transferencias millonarias a Gran Bretaña y Estados Unidos y esos datos fueron ventilados públicamente.
Otros jueces también fueron criticados por favorecer con siete recursos legales, entre amparos y suspensiones temporales contra órdenes de aprehensión, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre quien pesa una orden de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por medio de estos recursos legales, Lozoya libró la prisión desde 2017, pero su suerte cambió esta semana: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Uno de los jueces que concedió recursos legales a Lozoya es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien el 7 de noviembre de 2017 le otorgó una suspensión definitiva que impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
Esta misma jueza también ha beneficiado con recursos legales a personajes vinculados a casos de presunta corrupción. El 3 de mayo de este año otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien es señalado por presunto lavado de dinero.
A la lista de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en el año 2017.
Otro caso es el del Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, quien en abril de 2018 anuló el procedimiento administrativo en contra de la constructora OHL (hoy Aleatica), demandada por irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de la constructora OHL en México, presentó el 10 de octubre de 2017 una denuncia en contra de este juez ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante el temor de que pudiera incurrir en un caso de corrupción y favorecer a la constructora, lo que finalmente ocurrió.
Díez Gargari ha presentado hasta el momento tres denuncias en contra de jueces y magistrados por favorecer a la empresa OHL.
Esta semana el juez Burguete García también concedió dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Lizbeth Padilla Sanabria, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que un juez otorgue un amparo no necesariamente significa que esté implicado en un acto de corrupción.
La académica explicó que en México toda persona tiene derecho a un amparo y puede usar este recurso todas las veces que considere que se le está violando un derecho.
“Así sea un secuestrador, lavador de dinero o el corrupto más terrible, se le va a tener que otorgar el amparo porque tiene derecho al debido proceso”, explicó en entrevista.
En México existen dos tipos de amparo: directo e indirecto. El primero se hace cuando la sentencia es definitiva o cuando alguna autoridad pone fin a un juicio o procedimiento, y el segundo se hace con cualquier tipo de actuación que no pone fin al juicio, sino que al final del día el quejoso considera que se violan derechos humanos, como los amparos concedidos a Emilio Lozoya.
“Cuando se da un amparo para ser detenido depende del delito, por ejemplo, en el caso de Lozoya y su hermana están hablando de recursos de procedencia ilícita que ya ameritan prisión oficiosa y son considerados como delitos graves, y el amparo en primer término no les sirve de nada porque lo único que hace es que se pongan a disposición con un juez de amparo, quien a su vez va a revisar con el juzgado de distrito para ver que sea correcta la medida cautelar y si considera que es apegada a derecho, pues simplemente los detiene ahí mismo”, detalló la académica de la UNAM.
La doctora Padilla Sanabria consideró que en varios casos las autoridades que investigan no están capacitadas y no saben cómo obtener pruebas, por eso los amparos se incrementan y las personas, aunque sean corruptas, quedan absueltas. “Algunos reclaman que por qué se otorgan amparos o descongelan las cuentas, pero la justicia no tiene nada que ver con el Estado de Derecho”.
Padilla Sanabria aclaró que los amparos no tienen vigencia, pero la suspensión provisional sí porque se otorga en lo que dura el trámite del amparo.
Insistió en que la falta de capacitación de las autoridades provoca que, en algunos casos, actúen no conforme a la norma jurídica. “Yo creo que jurídicamente las cosas no las están llevando bien y esto trae como consecuencia que se otorguen amparos a las personas acusadas de delitos como corrupción o lavado de dinero, estas personas tienen derechos humanos y uno de ellos es el debido proceso”.
Para el abogado Paulo Díez Gargari el tema de la corrupción en el Poder Judicial genera una frustración social porque la ciudadanía cree que no hay puertas abiertas por ningún lado.
“El tema de la corrupción en el Poder Judicial es importante porque hay jueces que hacen un daño enorme, generan una frustración en los ciudadanos. Si no podemos confiar en las personas que están para impartir la justicia, entonces qué alternativas tenemos como sociedad”, dijo en entrevista.
MAGISTRADOS ACUSADOS DE FAVORECER A OHL
La constructora OHL, una de las empresas beneficiadas con concesiones en el Estado de México durante los sexenios priistas de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, ha estado involucrada en una serie de polémicas que comenzaron en el año 2015 cuando una serie de audios filtrados involucraban a sus directivos en casos de presuntos sobornos a jueces y políticos a cambio de obras.
El escándalo tuvo consecuencias en España, en donde la constructora es investigada. En México solo hubo algunas sanciones a nivel estatal: Apolinar Mena Vargas renunció al cargo de secretario de Comunicaciones del Estado de México en 2015 derivado del resultado parcial de la investigación que se realizó respecto al título de concesión del Viaducto Bicentenario y a las llamadas telefónicas difundidas en internet.También se impuso una multa a OHL de 38.8 millones de pesos que no ha sido pagada.
La empresa fue señalada en marzo por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante los comicios electorales de 2017-2018.
Tras la acusación, Aleatica aseguró no tener “relación alguna, directa o indirecta, en las ‘campañas negras’”; también refirió que “cooperará con las investigaciones oficiales que puedan surgir”.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de OHL en México, ha presentado tres denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal en las que acusa a jueces y magistrados de favorecer con amparos a la constructora.
En junio de 2015 presentó una denuncia en contra de Mónica Alejandra Soto Bueno, Tito Contreras Pastrana y Mauricio Gregorio Saucedo Ruiz, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.
“En un principio este tribunal había atendido un amparo en favor de infraiber, que decía que la empresa tenía derecho a instalar, operar y mantener en el Circuito Exterior Mexiquense, pero luego el Estado de México junto con Aleatica fueron a verlos y estos mismos señores, quienes ya habían otorgado un amparo, dijeron que el único efecto que tenía ese recurso era permitirle a Infraiber volver a pintar una raya roja como de medio metro, no es broma, y que cualquier otra cosa que ocurriera tenía que avisarle a la autoridad”, explicó en entrevista.
Díez Gargari mencionó otro caso, el de César de Jesús Molina Suárez, juez del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien también emitió sentencias en favor de OHL y de quien también presentó una denuncia ante el CJF que acabo en lo mismo: no procedió.
JUEZ AMPARA A OHL Y FRENA SANTA LUCÍA
En agosto de 2016, el Gobierno del Estado de México, encabezado en ese entonces por Eruviel Ávila Villegas, impuso una multa de 38.3 millones de pesos a la empresa OHL (hoy Aleatica), luego de que la consultora Pricewaterhouse Cooper’s (PWC) detectó diversas irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario como discrepancias en desembolsos no reportados y sin explicación aparente, así como cambios llevados a cabo sin el permiso de la autoridad.
Un año después de la multa, el 12 de abril de 2017, la constructora inició un procedimiento de amparo ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, para evitar el pago de la multa.
El abogado Paulo Díez Gargari también denunció este caso ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque al mismo tiempo que el juez revisaba el amparo de la empresa se reunió con los entonces titulares de la Secretaría de Comunicaciones estatal y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem), lo que podría incurrir en un acto de corrupción.
El juez lo negó y en el CJF no procedió la denuncia. Sin embargo, en abril de 2018, Miguel Ángel Burguete García resolvió que el Saascaem no estaba facultado para sancionar y anuló el procedimiento administrativo en contra de la constructora.
“En 2017 Aleatica promovió un amparo ante el juez federal Miguel Ángel Burguete García para evitar la multa de 38.3 millones de pesos, pero curiosamente en esa ocasión al revisar la agenda del Secretario de Comunicaciones del Estado de México nos dimos cuenta de que este juez fue justamente a verlo y yo lo denuncié desde un primer momento porque al parecer las autoridades le pidieron que fallara en favor de Aleatica”, dijo en entrevista Díez Gargari.
El abogado contó que cuando denunció que el juez Burguete se había reunido con autoridades del Estado de México mientras estaba revisando una solicitud de amparo, el Consejo de la Judicatura Federal desestimó las pruebas.
“Les presenté las pruebas, como la agenda pública del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes estatal, pero el órgano consideró que no había elementos suficientes porque el juez dijo que no había estado ahí y que si su nombre apareció en la agenda era porque alguien lo había inventado”, recordó.
Aquí la denuncia que presentó el abogado Díez Gargari en contra de Burguete García:
20171010170218692Miguel Ángel Burguete García, quien había sido denunciado ante la Judicatura por favorecer a OHL, concedió el lunes otras dos suspensiones definitivas para mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El juez emitió dos sentencias interlocutoras en amparos tramitados contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco en las que concedió la suspensión definitiva hasta que se dicte una sentencia definitiva de amparo.
JUEZA: LOZOYA, SOSA CASTELÁN (UAEH) y JAVIER DUARTE
El 31 de mayo de este 2019, la jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por la presunta orden de aprehensión girada en su contra.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, investiga a la universidad estatal luego de que detectara movimientos financieros inusuales a nombre de dicha institución. Informó que ésta habría recibido recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza.
Gerardo Sosa Castelán, como presidente del patronato, es señalado por presunto lavado de dinero.
Este no es el único caso en el que Robledo Magaña actúa a favor de personas involucradas en escándalos públicos. El 7 de noviembre de 2017 la jueza concedió a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), una suspensión definitiva que impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
A la lista de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El 10 de agosto de 2017, la jueza otorgó una suspensión definitiva a dos órdenes de aprehensión por diversos delitos emitidas por las autoridades de Veracruz contra el ex Gobernador.
SIETE AMPAROS PARA LOZOYA
Desde que Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, fue acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita mientras trabajaba en la petrolera, ha promovido siete recursos legales, entre amparos y suspensiones provisionales, que le impidieron pisar la cárcel. Fue hasta esta semana cuando su suerte cambió: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Aquí la lista de los recursos legales promovidos por el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, desde 2017:
–5 de junio de 2019: La Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva Emilio Lozoya Austin para que no se ejecute hasta que se resuelva el juicio de amparo, la orden de aprehensión en su contra.
–29 de mayo de 2019: El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó la suspensión provisional de orden de aprehensión contra Lozoya.
–5 de diciembre 2018: El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la protección de la justicia a Emilio Lozoya y dejó sin efecto el acuerdo dictado el 10 de julio de 2018 en la carpeta de investigación que se sigue al quejoso. Al resolver el amparo 702/2018, la juzgadora federal instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la Fepade determine si existen o no diligencias por practicar y, de lo contrario las desahogue de inmediato.
–22 de octubre 2018: Emilio Lozoya obtuvo un nuevo amparo que impide hacer públicas las indagatorias de la PGR sobre el caso Odebrecht.
–2 de marzo de 2018: Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a Emilio Lozoya la suspensión definitiva contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y cohecho.
–7 de noviembre de 2017: Sandra Leticia Robledo Magaña, la misma jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a Lozoya dentro del amparo que promovió contra la negativa de la PGR de darle acceso al expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 en su contra.
–11 de octubre de 2017: El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió una suspensión provisional al ex director de Petróleos Mexicanos.
LAS CUENTAS DE MEDINA MORA
Otro de los casos más polémicos dentro del Poder Judicial es el del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora.
Una investigación realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que entre 2006 y 2018, cuando gobernaron Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), Compusoluciones y Asociados SA de CV recibió 102 millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos de millones y miles de pesos para suministrar licencias y capacitación en la operación de software como Oracle, o cursos sobre el uso de Excel o Power Point en las oficinas de Gobierno.
De estos, 25 contratos fueron conseguidos por adjudicación directa; es decir, sin que mediara concurso o competencia con otras compañías del ramos de la informática.
La misma búsqueda arrojó que la presente Administración, de Andrés Manuel López Obrador, no ha requerido de los servicios de Compusoluciones y Asociados SA de CV.
Se trata de la empresa de cuyos dividendos se habría beneficiado el Ministro Eduardo Medina Mora y cuya pertenencia accionaria habría sido omitida en sus declaraciones patrimoniales, según publicó el periodista Salvador García Soto en su columna del 5 de junio pasado, Serpientes y Escaleras, de El Universal, titulada “Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora”.
De acuerdo con la publicación, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza habría recibido transferencias monetarias en cuentas de Gran Bretaña y Estados Unidos que superan en mucho los ingresos que obtuvo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2015, cuando el Senado de la República lo avaló en la posición. Los reportes británicos y estadounidenses propiciaron que las autoridades mexicanas iniciaran una investigación. Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó a Compusoluciones y Asociados SA de CV, entidad en la que el Ministro Medina Mora aparece como beneficiario del “pago de dividendo”.
Un día después de la publicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga las cuentas bancarias del Ministro Eduardo Medina Mora y dejó claro que ello no significa que sea culpable de delitos vinculados con la corrupción.
“Hay información del Gobierno de Estados Unidos. Ya se le pasó a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso no significa que sea culpable. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera”, comentó durante la conferencia de la mañana de ese día.
–Con información de Linaloe R. Flores
