Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal de Veracruz durante el gobierno del priísta Javier Duarte, fue vinculado a proceso por desaparición forzada de personas, delito por el que deberá cumplir prisión preventiva mientras se resuelve el caso.
Junto con Duarte el ex funcionario habría ocultado información sobre crímenes, como cuando en enero de 2016 se reportó el hallazgo de 19 restos humanos en la entidad, pero para evitar un escándalo mediático sólo anunció que fueron seis.
Veracruz, 19 de junio (EFE).– Una jueza ordenó prisión preventiva en contra del ex fiscal general de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras para que enfrente una acusación penal por el delito de desaparición forzada de personas.
Durante una audiencia que duró más de 15 horas, la juez de control Alma Aleida Sosa determinó que la detención del ex funcionario fue legal y ordenó mantenerlo en la penitenciaría de Pacho Viejo, del municipio de Coatepec, mientras se lleva a cabo el juicio en su contra.
El Ministerio Público acusó al ex fiscal de haber ocultado la aparición de 19 restos de personas en un hecho ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016), actualmente preso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Entre las pruebas aportadas a la juez aparece una declaración del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, preso actualmente y señalado de diversos delitos, donde relata que Duarte ordenó al ex fiscal ocultar restos hallados en el municipio de Emiliano Zapata.
En la audiencia de imputación, el fiscal especializado en desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, informó que los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2016, cuando fue reportado el hallazgo de 19 restos humanos en esta área.
Ese mismo día –de acuerdo con el testimonio del ex secretario de Seguridad– el gobernador y el fiscal se reunieron y se ordenó revelar el hallazgo únicamente de seis de los 19 cuerpos para evitar un escándalo mediático.
Entre los cuerpos se hallaba el del policía David Lara Cruz, desaparecido el 12 de enero de 2016 después de que fuera privado de su libertad por otros policías cuando salía de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, donde acudió a presentar sus exámenes de control y confianza.
Bravo Contreras fue detenido el sábado pasado en Ciudad de México y trasladado a Veracruz para enfrentar acusaciones por desaparición forzada, un delito considerado como grave.
Desde el pasado 13 de mayo se había emitido una orden de aprehensión y una recompensa de cinco millones de pesos contra el ex funcionario, quien asumió la fiscalía en 2015 y la dejó en diciembre del 2016, cuando llegó al poder el panista Miguel Ángel Yunes.
Este febrero, las autoridades judiciales iniciaron un proceso penal en contra de 19 ex funcionarios, ex jefes policíacos y agentes acusados de desaparición forzada.
Hay cuatro altos exservidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición de quince personas.
Estos son Bermúdez Zurita; el ex director de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el ex comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes; y el ex director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.
Además, a 15 policías y ex policías se les ratificó la prisión de oficio y se permitió a la Fiscalía General del Estado un plazo de cuatro meses para investigaciones complementarias.
