Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– La construcción de un megaproyecto gasífero y eléctrico viola los derechos humanos de los habitantes de Tlaxcala, Puebla y Morelos y pone en peligro su vida, denunciaron ayer organizaciones civiles. De ser completado, también causaría afectaciones al medio ambiente, advirtieron.
Se trata del Proyecto Integral Morelos (PIM) que desde julio de 2010 fue planeado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que, a la fecha, se encuentra en vías de desarrollo. Sin embargo, pobladores de diversas comunidades se quejaron de que empresas constructoras y la propia CFE han comenzado a invadir sus tierras a cambio de pagos injustos.
El gasoducto, que atravesará tres estados de la República Mexicana, pasará por las faldas del volcán Popocatépetl lo que además representa una constante amenaza para quienes viven a las faldas del cráter, y contaminaría con la emisión de gases, explicó María Fernanda Campo, doctora en Geología e investigadora de la Universidad de la Ciudad de México (UACM).
El megaproyecto fue anunciado y aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del gasoducto Morelos atravesaría por 24 municipios en total y tendría una vida útil de 25 años.
Por su parte, Daniela Migoya Mastretta, delegada de la Semarnat, aseguró en febrero pasado que la dependencia que representa no aprobó la MIA del proyecto a las orillas del Popocatépetl, sino que fue la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), por lo que canalizó anteriormente a los inconformes a las oficinas centrales de esa Dirrección.
Entre acusaciones y deslindes de las dependencias, los pobladores se mantienen preocupados porque el megaproyecto continúe. A lo largo de cuatro años han interpuesto diversas denuncias a nivel estatal; sin embargo, atribuyeron la nula respuesta por parte de las autoridades al desinterés tienen los funcionarios por las comunidades y a actos de corrupción.
Integrantes de las Asambleas de Pueblos de Tlaxcala explicaron además que durante la introducción de material para construir el gasoducto, elementos del Ejército han llegado a sus municipios sin darles aviso de lo que se trata y denunciaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad busca de manera constante las firmas que los hagan ceder sus tierras.
Aunque los trabajos de construcción ya se realizan en diversos municipios “nadie nos dice nada”, explicaron integrantes de diversos los Comités de Tlaxcala, quienes el 9 de mayo pasado presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y determine sobre la violación a los derechos fundamentales de los pueblos.
Ayer, integrantes de los pueblos de Tlaxcala argumentaron que “ante la ante la ilegalidad con la que autoridades y empresas han tratado de imponer el gasoducto Morelos, presentaron un amparo ante un Juez Federal para que ordene la suspensión de la obra y en su momento su cancelación definitiva”.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En 2011, la CFE dio a conocer que el Proyecto Morelos está integrado por dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado, de 620 MW cada una. Un megavatio es unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a un millón de vatios. Estas centrales consumen gas natural como energético, con lo que la planta termoeléctrica será alimentada por el ducto.
La Comisión Federal de Electricidad dijo que se construiría el ducto que llevará el gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sitio de las centrales, de 150 kilómetros, que pasarán por los municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El proyecto contempla la instalación de una línea eléctrica de 20 kilómetros( km) a la subestación Yautepec y un acueducto desde Cuautla, Morelos, con una longitud de 10 km. Todo ello con una inversión total de mil 600 millones de dólares [20 mil millones 766 mil pesos].
Pese a que las obras fueron anunciadas desde el 2010, aún no se han registrado avances mayores, por ello, los comités de los pueblos se pronuncian porque el proyecto sea cancelado y se hagan valer sus derechos sobre la zonas que son sus patrimonios.
En mayo pasado, el Diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó un punto de acuerdo para que el Presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores de los tres estados afectados revisen documentos sobre el impacto ambiental del PIM y suspendan de “forma temporal la ejecución de las obras, en tanto se realiza una consulta a las comunidades afectadas, y de resultar comprobado el riesgo inminente, cancelen definitivamente el proyecto”.
LAS TIERRAS EN PELIGRO
David Álvaro Torres Vázquez, representante del Comité de Pueblos de Tlaxcala, expuso que la CFE denunció que durante la intervención de la comisión durante la “negociación” de las zonas por donde pasará el gasoducto, ha sido sin previa consulta de los pueblos.
“Ellos [empleados de la CFE] llegan, ofrecen dinero sin consultarnos, y la gente les venden sus propiedades por temor a quedarse sin nada”, sin embargo, explicó que primero les hacían llegar “unos documentos “ donde se explicaba que sólo tomarían determinados metros de sus tierras “y luego las empresas que trabajan las zonas llegaban con otros documentos donde ya vienen más metros, además que a unos les ofrecen más y a otros menos por la mismo espacio”.
Las empresas encargadas del proyecto son Elencor, Enagás y Abengoa que se dedican a la construcción y operación de las termoeléctricas. Firmas que se encuentran en crisis por la demora del proyecto.
Integrantes de los comités de los pueblos denunciaron que la CFE “Ha abordado de manera individual a las y los propietarios o poseedores de las tierras, aún sabiendo que en nuestras comunidades nos organizamos por usos y costumbres y discutimos asuntos de interés común en nuestras Asambleas de Pueblo; puesto que en caso de un siniestro, fuga o explosión los afectados seremos todos los pobladores de las comunidades”.
Al respecto, explicaron que esta es una de las formas que tiene el gobierno de vulnerar sus derechos humanos, cuestión que fue denunciada ante la CNDH quien en deberá en los próximos días hablar con los comuneros, buscar a las empresas que atentan contra sus derechos y emitir una recomendación.
David torres detalló que empleados de la CFE buscan conseguir la firma de convenios “elaborados de mala fe, con información falsa como lo es el ancho del derecho de vía, así como lograr el paso de servidumbre sin informar sobre lo que esto implica, pues los dueños no podrán disponer libremente de esa porción de tierra”, y que además Oculta en las comunidades los riesgos anunciados por expertos en relación al proyecto, lo que también viola su derecho a la información.
Los defensores de la tierra detallaron se han empezado a construir dos plantas termoeléctricas en Huexca, Yecapixtla, Morelos; y que el acueducto despojaría a los pueblos del Oriente de Morelos de las aguas que corren por el Río Cuautla;además de que 9 municipios se verían afectados en Tlaxcala, 12 en Puebla y 5 en Morelos.
Torres Vázques agregó que ” desde 2004 la empresa Gas Zapata llegó a las comunidades de Tlaxcala buscando negociar el paso del gasoducto, quienes habitamos estas comunidades desde entonces lo hemos rechazado. Nuevamente en 2011 escuchamos del megaproyecto”, y reiteró que los habitantes continuarían oponiéndose a su construcción.
LOS RIESGOS
Dadas las denuncias presentadas por los pueblos y ante la amenaza que representa la construcción del gasoducto, El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) advirtió a la CFE y a la Comisión Reguladora de energía (CRE) sobre los siguientes riesgos:
• Más de 20 kilómetros del ducto quedarían dentro de la zona de peligro moderado de flujos volcánicos (piroclásticos y lava), así como78 km dentro de la zona de peligro menor, por lo que el peligro lo calificó de significativo.
• El ducto pasaría por zona de peligros por derrumbes gigantes ubicada en el flanco sur del Volcán; de ocurrir implicaría la destrucción del gasoducto.
• 34 km del ducto cruzarían por zona de peligro mayor por lahares o fluidos de lodo y por la zona de peligro moderado en varias comunidades ubicadas al sur del volcán.
Por su parte, el Centro Universitario de Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla advirtió que “la instalación del megaproyecto incentivaría en la región el crecimiento inmobiliario, urbano e industrial, violentando lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del territorio del Volcán Popocatépetl y su zona de Influencia del estado de Puebla”.
Ante la negativa de autoridades como la Semarnat y de los gobiernos locales, los Comités comunitarios en Tlaxcala, así como diversas organizaciones aseguraron que confían en que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue la verdad de los hechos y determine la violación a los derechos humanos, así como en un Juez de Distrito perteneciente al Poder Judicial de la Federación para que en el cumplimiento de su deber garantice el acceso a la justicia y ordene la cancelación definitiva del Proyecto Integral Morelos, por su inviabilidad e ilegalidad evidentes”.
