El Presidente Enrique Peña Nieto se ha gastado 40 mil millones en publicad oficial, una cifra histórica. Y de acuerdo con organizaciones internacionales, el dispendio será aun mayor: se calcula que ejercerá 60 mil millones de pesos, un nivel que no tiene precedentes en la historia México.
Pero la oposición mexicana parece clara en que el dispendio no puede seguir. Al menor por ahora pudo detener, en el Senado, la iniciativa del PRI con la que se pretende mantener la discrecionalidad del Gobierno en este gasto.
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– Las comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos no lograron aprobar la llamada #LeyChayote impulsada por Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, que mantiene la discrecionalidad del Gobierno federal para poder compra a voluntad a la prensa en México.
El Presidente Enrique Peña Nieto se ha gastado 40 mil millones en publicad oficial, una cifra histórica. De acuerdo con organizaciones internacionales, el dispendio será aún mayor al cierre del sexenio: se calcula que ejercerá 60 mil millones de pesos, un nivel que no tiene precedentes en la historia México.
La Comisión de Estudios Legislativos fue la única que votó en contra de la minuta que, a decir de las organizaciones y del grupo de especialistas y periodistas identificado como #MediosLibres, busca ejercer control de los medios mexicanos. Se generó un empate con las demás comisiones.
Ahora, las comisiones analizarán llamar a una nueva sesión extraordinaria, pues el reglamento señala que si existe un empate por segunda vez, el asunto se trata en una reunión posterior.
⚠ #ÚltimaHora: Termina discusión en @senadomexicano sobre #LeyChayote. Al no llegar a consenso, comisiones analizarán convocar a una nueva sesión extraordinaria. Gracias a la coordinación de la oposición se logró frenar una ley que no regula debidamente la #PublicidadOficial. pic.twitter.com/R53ZgSstoX
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 19 de abril de 2018
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó este día a las comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República considerar los estándares internacionales de derechos humanos y el Informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial elaborador por el organismo con el fin de fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país.
La CDNH destacó la gran responsabilidad de los legisladores con ley puesto que deben tomar en cuenta los estándares sobre publicidad oficial aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que concibe leyes claras y precisas, “objetivos legítimos de la publicidad oficial; criterios claros de distribución de la pauta estatal; planificación adecuada; mecanismos de contratación; transparencia y acceso a la información; control externo de la asignación publicitaria, así como garantizar el pluralismo informativo”.
ONU, ONGs, SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS CONTRA #LEYCHAYOTE
Organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y sociedad civil, por medio del colectivo #MediosLibres habían acusado a inicios de este mes que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados fue quien revivió la iniciativa de los partidos PRI, Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con la que se buscaban aprobar una Ley de Comunicación Social que legalizará malas prácticas en la publicidad oficial y atentará contra la garantía a la libertad de expresión.
De acuerdo con organizaciones como Fundar o Artículo 19, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha entregado miles de millones de pesos sobre todo a 20 grandes medios sobre los que ejerce control. Ahora, esta iniciativa, de aprobarse, enfatizará en ese control, advirtió el colectivo. Y esto sucede en plena jornada electoral, cuando México decide al próximo Presidente de la República.
El colectivo acusó que el dictamen no atiendía problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
Los firmantes calificaron como “simulación” de ley y culpan que el predictamen no cumple con los mínimos necesarios ni retoma los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que existentes desde hace más de quince años lo que impide revertir malas prácticas del uso de la publicidad oficial.
Afirmaron que el documento institucionalizaba malas prácticas y atendía directamente contra un estado democrático y de derecho pues las disposiciones de esta violan la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
De acuerdo con la organización Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa con 6 mil 680 millones de pesos, Estudios Azteca ha obtenido 3 mil 939 millones, Starcom Worldwide (EU) mil 298 millones de pesos, Estudios Churrusco Azteca rebió mil 270 millones, Grupo Fórmula mil 045 millones, El Universal mil 007 millones, Excélsior, 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México) ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802 millones 351 mil y SPR del Estado Mexicano 693 millones 344 mil.
Ayer, la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirigió una misiva al Senado de la República para que detenga la minuta del proyecto del decreto de la llamada #LeyChayote, pues después de un análisis consideró que no va acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y de ser aprobada podría afectar el goce de la libertad de expresión en México.
Explicaba que la ley tendría el efecto de reforzar al status quo en que se encuentra actualmente la gestión de publicidad oficial, perdiendo la oportunidad de establecer reformas en la materia.
Además destacó que el Senado debe considerar un espacio de consulta “adecuada y genuina con la sociedad civil”, que hasta el día de hoy, detalla, no ha sucedido.
Indicó que el proyecto debe ser inclusivo y recoger diversas opiniones representativas de los diferentes actores de la sociedad que tengan interés en la regulación de la publicidad gubernamental.
