El Estado mexicano deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su responsabilidad en la tragedia de la mina Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, de los cuales 63 siguen atrapados.
La decisión de la CIDH reconoce que a más de doce años de los hechos, las familias de los mineros siguen luchando por el rescate de los cuerpos de sus seres querido debido a la “obstaculización del Estado en la recuperación y sepultura digna de las víctimas”.
La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006 en el último año del sexenio del Presidente Fox. Los familiares de las víctimas acusaron que la mina de carbón operaba en condiciones inseguras y que eso lo sabían la empresa (Grupo México, de Germán Larrea), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (encabezado por Napoleón Gómez Urrutia).
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– Tras 12 años de exigir justicia por parte de familiares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores, de los cuales 63 siguen atrapados.
Durante su 167 periodo de sesiones, celebrado en Bogotá, Colombia, el organismo internacional adoptó el Informe 12/18, en el que declaró admisible el caso Pasta de Conchos, ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en febrero de 2006 durante el sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada.
La decisión de la CIDH reconoce que a más de doce años de los hechos, las familias de Pasta de Conchos siguen luchando por el rescate de los cuerpos de sus seres queridos, pues 63 de ellos yacen todavía en la mina debido a la “obstaculización del Estado en la recuperación y sepultura digna de las víctimas”.
“El caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran, como lo documentó la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación 26/2006”, explicó la CIDH.
La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del domingo 19 de febrero del año 2006 cuando una supuesta explosión dejó sepultados a 65 trabajadores que laboraban dentro de la mina, propiedad de Grupo México y cuyo propietario es el empresario Germán Larrea Mota-Velasco.
Los familiares de las víctimas acusaron que la mina de carbón– ubicada en San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila– operaba en condiciones inseguras para los mineros desde dos años antes (2004) y que eso lo sabían la empresa, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En ese año, Vicente Fox era el Presidente de México; Francisco Javier Salazar Sáenz, su titular en la Secretaría del Trabajo, y Napoleón Gómez Urrutia estaba, como hasta ahora, al frente del sindicato minero.
El caso trascendió de la administración foxista a la calderonista, en donde Javier Lozano Alarcón, como titular del Trabajo, dio seguimiento al caso.
Los familiares de los mineros que quedaron atrapados permanecieron durante varios meses a la espera de que aparecieran, por lo menos, los cadáveres de los trabajadores del turno de las 22:00 a las 6:00 horas, para darles “santa sepultura”, lo que jamás ocurrió.
El ex Presidente Vicente Fox, quien nunca hizo acto de presencia en la mina, y el entonces Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, se repartían las culpas de la tragedia. Nadie sabía a quién atribuirle la responsabilidad, si al concesionario, a los grupos de búsqueda o a las condiciones de seguridad.
Ya en la administración calderonista, el Gobierno federal, a través de Javier Lozano, se comprometió con los familiares a castigar a los responsables de la tragedia. Un año después, en 2007, el ahora Senador y vocero de la campaña del candidato José Antonio Meade, sostuvo que el caso se mantendría como una ”asignatura pendiente para el gobierno” e indicó que no se cerraría el expediente hasta que se deslindara de responsabilidades a la empresa, funcionarios de la STPS y otros.
Sin embargo, los días 4 y 5 de octubre de 2007, familiares de los mineros cuyos cuerpos aún permanecían atrapados pidieron a Javier Lozano que no declarara cancelada cualquier intención de sacar de la tierra a sus muertos. Pero él argumentó estudios técnicos que referían la inviabilidad técnica del rescate.
Las familias presentaron el caso ante la CIDH en febrero de 2010, argumentando que el Estado mexicano es responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas, por la demora injustificada y por la falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos.
El Estado mexicano, por su parte, alegó que el caso era inadmisible puesto que los peticionarios contaron con diversos recursos internos para buscar justicia. Sin embargo, tras analizar las pruebas y argumentos de ambas partes la CIDH dio la razón a las familias y admitió el caso para su revisión.
“Luego de doce años de ocurridos los hechos, no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros”, observó el organismo internacional en su resolución de este año.
Ante el argumento del Estado en el sentido de que los familiares debían promover más recursos internos, la CIDH destacó que, “al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado y no los familiares quienes tienen el deber de impulsar el proceso”.
Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
La admisión del caso por la CIDH representa un avance histórico para las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, empezando por el rescate de sus familiares, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La CIDH destacó que la petición de las familias describe “un contexto caracterizado por la implementación en México de políticas de ajuste estructural y desregulación de los derechos laborales”, en el que se destaca la brecha entre las ganancias de empresas mineras y las condiciones de vida de los trabajadores mineros.
“Al admitir el caso para analizar las afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales que representa el siniestro de Pasta de Conchos, la CIDH abre la puerta a eventuales recomendaciones al Estado que tengan un impacto positivo para trabajadores además de las vías para justicia y verdad que se puedan abrir para las familias de los 63 atrapados”, consideró el Centro Pro.
En febrero de este año, al cumplirse 12 años de la tragedia de Pasta de Conchos, familiares de los mineros colocaron un antimonumento por los 65 muertos frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde cotiza Grupo México, propietaria de la mina.
Durante los últimos tres años se han colocado antimonumentos sobre la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México con la finalidad de exigir justicia a diferentes casos sin resolver.
El primero fue colocado en abril de 2015 para recordar a los 43 normalistas que desaparecieron en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014; el segundo se encuentra frente a las oficinas centrales del IMSS desde junio de 2017 en memoria de los niños muertos de la guardería ABC en Sonora hace 8 años; el tercer antimonumento, instalado en enero de 2018, es un memorial por David y Miguel, dos adolescentes que fueron secuestrados cuando viajaban rumbo a Ixtapa Zihuatanejo, el 5 de enero de 2012 y cuyo paradero se desconoce desde entonces; el último fue para recordar a los 65 mineros.
