Ayer se cumplieron siete años de la barbarie cometida entre el 18 y 20 de marzo de 2011 conocida como la Masacre de Allende: una ejecución y desaparición masiva de personas en varios municipios del norte de Coahuila a manos de Los Zetas.
Hoy la CNDH reveló que elementos de la Sedena, de acuerdo con el testimonio de testigos, habrían estado durante el ataque y que empleados del Gobierno estatal y municipal tienen vínculos con miembros del grupo delictivo Los Zetas.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el testimonio de testigos, pudieron estar presentes durante la llamada masacre de Allende, en Coahuila, que tuvo lugar del 18 al 20 de marzo de 2011.
“De las constancias que esta Comisión Nacional se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho ‘Los Garza’. En consecuencia, este Organismo Nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”, dice el informe publicado hoy.
La CNDH señala que existen informes del Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos en lo que hay registro de procesos judiciales, formulados por testigos protegidos del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en contra de servidores públicos federales, del Estado de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con miembros del grupo delictivo Los Zetas.
La Comisión Nacional dijo, en el informe publicado hoy, que tiene elementos para acreditar las siguientes violaciones graves a derechos humanos:
• A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de las detenciones arbitrarias cometidas en agravio de 34 personas, así como de diversos pobladores del Municipio de Allende, cuya identidad no fue posible establecer y la privación ilegal de la libertad de 5 menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, Coahuila.
• A la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, incluidos 3 menores de edad, además de diversos pobladores del Municipio de Allende, cuya identidad no fue posible determinar, imputable a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende.
• A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de la privación ilegal de la libertad de dos víctimas, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo “Los Zetas”, quienes contaron con la tolerancia de elementos de Seguridad Pública Municipal.
• A la inviolabilidad del domicilio, derivado del allanamiento del Rancho “Los Garza”, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, así como por la detención ilegal de una víctima en el interior de un local comercial, imputable a elementos de esa secretaría.
• Violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, derivado de los allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en el Municipio de Allende, atribuibles a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con la autorización y/o apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal.
• A la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en relación con la recepción del desglose de la averiguación previa que inició el agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de Coahuila, con motivo de los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende.
• A la debida procuración de justicia y a la verdad, por la omisión en la investigación de las conductas posiblemente constitutivas de delitos Federales derivadas de los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende, atribuible a la Procuraduría General de la República.
• A la debida procuración de justicia y a la verdad, por el incumplimiento de la función persecutoria de los ilícitos cometidos en agravio de 14 personas, así como por la dilación e irregular integración de 3 actas circunstanciadas y 2 averiguaciones previas, iniciadas con motivo de la desaparición forzada de 39 personas incluidos 3 menores de edad, imputable a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.
• A la seguridad personal, lo que derivó en el desplazamiento forzado interno de diversos pobladores del Municipio de Allende.
LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH
La Comisión emitió la Recomendación 10VG/2018, dirigida a la Procuraduría General de la República, al Gobierno del Estado de Coahuila, a la Fiscalía General de esa entidad federativa y a la presidencia municipal de Allende para que colaboren ampliamente en la investigaciones por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.
Al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila y al Presidente Municipal de Allende:
• Colaboren ampliamente con la Procuraduría General de la República con motivo de la denuncia que este Organismo Nacional formule en contra de los servidores públicos del Estado de Coahuila y del Municipio de Allende, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.
• Se tomen las medidas necesarias para reparar de manera integral los daños a las víctimas indirectas, afectadas por la detención arbitraria y desaparición forzada de sus familiares, que contemple una disculpa pública institucional.
• Lleven a cabo las diligencias a efecto de que las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, derivado de los hechos ocurridos en el Municipio de Allende del 18 al 20 de marzo de 2011, de ser su deseo, puedan retornar a su lugar de origen.
A la Procuraduría General de la República:
• Se inicie la carpeta de investigación, en contra de los servidores públicos del Municipio de Allende y los particulares involucrados en los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, así como en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos materia de la presente Recomendación.
• Se colabore en la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos involucrados en las imprecisiones en los informes proporcionados a esta Comisión Nacional.
Al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila:
• Implementar en un plazo no mayor a 6 meses, acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad que imperan en el Estado de Coahuila.
• Fortalecer, conjuntamente con las diversas autoridades estales y municipales de la región Fronteriza de esa entidad federativa, dentro del término de 6 meses, nuevos mecanismos de participación ciudadana, que permitan escuchar a la población y atender problemáticas relacionadas con el tema de seguridad pública, particularmente en los municipios con mayor incidencia de desaparición de personas.
• Coadyuvar con las autoridades municipales de la región Fronteriza de esa entidad federativa, en un lapso no mayor de 6 meses, en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales, para profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público en materia de seguridad.
• De manera coordinada con los Ayuntamientos de la región Fronteriza del Estado, realice dentro del término de 6 meses, un censo en el que se establezca el número total de personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, derivado de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación y se implementen las medidas necesarias para que puedan retornar a su lugar de residencia original.
Al Fiscal General del Estado de Coahuila:
• Se continúe con la integración de la indagatoria iniciada con motivo de la desaparición forzada de 38 personas, incluidos 3 menores de edad, a efecto de que se esclarezca su destino final.
• Se realicen las diligencias necesarias a fin de determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que fueron encontradas en el interior del rancho “Los Garza”, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y en su caso, se ejercite acción penal en contra de los presuntos responsables.
• Se inicien las carpetas de investigación, en contra de quienes resulten responsables en la comisión de las conductas delictivas cometidas en agravio de 14 personas, incluido un menor de edad.
• Se dé cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas en contra de 3 indiciados, involucrados en diversos hechos delictivos cometidos al interior del Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, Coahuila.
• Colabore con la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en contra de los agentes del Ministerio Público que participaron en la integración de 3 actas circunstanciadas y 2 averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos ocurridos en el Municipio de Allende.
Al Presidente Municipal de Allende:
• Se colabore en la queja que se formule ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Allende, en contra de los elementos de Seguridad Pública de esa localidad, por su probable participación en los hechos que dieron origen al presente pronunciamiento.
EL INFORME DE TEXAS
Desde el 9 de octubre de 2016, un informe realizado por investigadores mexicanos fue contundente: el cártel de Los Zetas sí masacró personas en Allende, Coahuila, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, por un supuesto ajuste de cuentas, con la ayuda de la policía municipal. Las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.
Aunque el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas –20 de ellas de una misma familia– y no 300 como afirman activistas como Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, se presume que “pudieron ser más”, reveló el informe “En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, elaborado por El Colegio de México bajo la dirección del investigador Sergio Aguayo Quezada.
La investigación elaborada con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a pesar de que se concentra en dos eventos: la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y la que fue una denuncia de la sociedad civil; la matanza de Allende, Coahuila, presenta más datos importantes sobre el segundo hecho, hasta hoy desconocidos.
En informe causó una gran conmoción en México. Fue presentado por el escritor y periodista Juan Villoro, quien expuso que México es una “necrópolis” donde proliferan las fosas en todo el territorio.
“Aprendemos geografía a través de la desgracia: Río Blanco, Tetelcingo, Ayotzinapa, San Fernando y Allende pertenecen a esta resignación de la geografía a través del horror”, dijo ese día de octubre de 2016.
El Gobierno, criticó, no solo ha omitido su tarea, sino también ha criminalizado a las víctimas. “Se necesita transitar un camino hacia la justicia: la reparación simbólica y una investigación de los sucesos”, mencionó, “una investigación clara como un principio ético”.
Los investigadores coincidieron en que el Estado mexicano no ha hecho la tarea. “Hasta ahorita la única constante son los huecos, los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o encontrados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos… En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo”, concluyó el estudio coordinado por Sergio Aguayo.
Las víctimas, sus familiares y la sociedad, expuso el reporte, tienen derecho a conocer lo que pasó y a recibir un trato digno.
En ese contexto es que llega, ahora, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
