Las detenciones, desapariciones forzadas y la violencia con la que Enrique Alfaro responde a quienes exigen justicia han marcado la gestión del Gobernador emecista.
Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– Los cinco años de Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco se han caracterizado por la represión policial contra manifestantes y quienes exponen irregularidades de su administración. La detención de siete personas que participaron en un acto político en Guadalajara a inicios de mes es el ejemplo más reciente; aunque después de algunas horas las y los dejaron en libertad, no tienen certeza de que no habrá más represalias en su contra, una sensación que comparten más víctimas de agresiones cometidas por autoridades en la entidad.
“Nos estábamos manifestando pacíficamente. Tenemos derecho a expresarnos. No hay justificación para la violencia policíaca como la ejercieron, sin darnos explicaciones, ni apertura al diálogo”, expuso Ana Laura Vázquez, una de las mujeres detenidas por más de cuatro horas e integrante del Comité de Solidaridad con Palestina que organizó la pinta de un mural donde se lee “Gaza libre”, además de otras actividades culturales para condenar las agresiones de Israel.
Ana Laura fue violentada física y psicológicamente durante su detención. A bordo de la patrulla recuerda que policías amenazaron con golpearla para que dejara de llorar. Videos difundidos por periodistas locales muestran cómo más de 10 policías municipales armados la arrestaron a ella, a Julián Helguera y Sergio López, dos integrantes del comité; así como a otra mujer y tres hombres que se sumaron a la jornada de protesta, es decir, no todos elaboraron el mural, como acusaron las autoridades.
Policías de Guadalajara dijeron que actuaron por una denuncia de los propietarios del lugar, sede del Canal 13 –antes el Cine del Estudiante, un espacio conocido por los murales a favor de distintas causas sociales que se colocan–, algo que el director de la televisora negó en redes sociales al asegurar que los policías actuaron por un reporte del sistema de vigilancia C5.
A las y los manifestantes les informaron que tendrían que reunirse con quien los denunció para definir si borrarían o no el mural, un compromiso que firmaron en papel para obtener su libertad, pero aún no tienen detalles sobre el encuentro.
“Creemos que esta represión tiene que ver con la presión que hemos ejercido, ya hemos hecho muchas marchas, manifestaciones frente a Casa Jalisco –donde despacha Enrique Alfaro–, y con lo que estamos denunciando –la falta de una postura desde el Gobierno y las universidades estatales contra el genocidio en la Franja de Gaza–“, opinó Ana Laura Vázquez.
El grupo volvió a manifestarse el sábado, como han hecho desde octubre y anunció más acciones, por ello temen que su libertad siga en riesgo.
“No confiamos en la policía. La policía es peligrosa y sí me da miedo. Mis papás me decían: ‘no te vayan a desaparecer por decir esto’. Pero es la verdad, es nuestro sentir como jóvenes”, agregó.
El temor a la la autoridades no es fortuito. Desde junio de 2019, el primer año de la administración actual, la violencia con la que policías estatales detuvieron a cuatro hombres y una mujer en el marco de las protestas afuera de Palacio de Gobierno en contra del aumento a la tarifa del Tren Ligero de Guadalajara fue una primera muestra de cómo se conducirían las autoridades en la gestión.
En esa ocasión, medios y usuarios de redes sociales difundieron imágenes de cómo policías empujaron y ahorcaron a manifestantes, pero la Secretaría de Seguridad defendió las detenciones por faltas administrativas porque, según dijo en un comunicado, mostraron una “actitud violenta”.
Pese a las críticas por el abuso de autoridad, datos de la Fiscalía jalisciense disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestran que de 221 expedientes analizados en 2019 por irregularidades en las funciones de trabajadores de la Fiscalía –y que fueron registrados en expedientes iniciados entre 2015 y ese año–, sólo uno concluyó con sanción.
Un año después, Ana Laura y varios de sus compañeros vivieron de cerca la represión policial por las protestas del 4 al 6 de junio de 2020 por justicia para Giovanni López, un trabajador de la construcción víctima de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial por policías municipales de Ixhuatlán de los Membrillos.
“Me tocó ver cómo se llevaron y golpearon a mis amigos, estábamos asustados porque no sabíamos su paradero. En Jalisco tenemos una grave problemática de desapariciones y desapariciones forzadas, básicamente por policías”, mencionó Ana Laura.
Jalisco es la entidad del país con más personas desaparecidas con 14 mil 956, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas actualizado hasta el 16 de febrero.
En las jornadas de protesta del 2020 se registraron desapariciones forzadas, a ello se suma que el 4 de junio fueron detenidas 28 personas, el 6 de junio fueron seis, contra ellas se iniciaron procesos legales, pero fueron puestas en libertad. Además, si bien las personas desaparecidas saben que no fueron investigadas penalmente, temen al acoso policial.
“Las personas que estuvimos ahí donde fuimos torturados, sistemáticamente ultrajados y deshumanizados, a todos nos forzaron a sacar nuestros celulares y ellos [los policías] les dieron un uso, tuvieron acceso a la información y a nosotros no se nos informó ni nunca supimos qué uso le dieron a nuestra información. Tenemos esas dudas que se desprenden”, denunció Inés, integrante del Colectivo 5 de junio Memoria.
Las desapariciones forzadas conmocionaron a la población, en un primer momento se creyó que participaron civiles, poco después se supo que se trató de policías sin uniforme, lo que encendió alertas por la posible relación con grupos del crimen organizado, algo que el propio Gobernador Alfaro sugirió.
“Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener actitud de contención (en las manifestaciones para exigir justicia por Giovanni). Esta instrucción fue desacatada por este grupo que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la instrucción? No fue el Fiscal del Estado. Tenemos la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”, subrayó en junio de 2020.
Por estos hechos sólo dos policías fueron vinculados a proceso y siguieron su procesos en libertad.
Del 2019 a 2023, los años que Alfaro Ramírez ha gobernado, las investigaciones contra integrantes de la Fiscalía, incluidos policías, agentes y encargados de unidades, que resultaron en absoluciones o exoneraciones, a la par de los casos en los que no se transparentó ningún dato sobre el estatus de la investigación, representan el 36 por ciento de los mil 395 casos registrados, de acuerdo con información de la dependencia pública en la PNT.
Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) de Jalisco, organización que acompaña casos de violaciones a derechos, recordó que además de la represión a la protesta por parte de policías municipales y estatales, en la administración emecista de Enrique Alfaro también se observa uso indebido del derecho penal.
“Muchas de las personas manifestantes que han sido detenidas en el marco de la realización de protestas sociales también han sido sometidas a procesos penales, bajo el uso, por ejemplo, de ciertos delitos como pandillerismo, vandalismo, resistencia de particulares y este uso indebido del derecho penal ha sido una herramienta para controlar, para evitar que las personas denuncien violaciones a derechos humanos ante el temor de que permanezcan estos estos procesos”, expuso.
Por ejemplo, en julio de 2021 siete mujeres que protestaban frente a la Secretaría de Educación local para denunciar la violencia sexual en una escuela primaria fueron detenidas y una condición que tuvieron que aceptar para alcanzar su libertad fue mantener ciertos metros de distancia a los lugares donde se realizan protestas.
“En el caso de las mujeres feministas lo que ha sucedido es que a través del uso indebido del sistema de justicia ha llevado a que las sometieran a realizar diversas acciones, negociaciones por el ejercicio de sus derechos y que las limitarán a poder seguir ejerciendo este derecho ya que les impusieron ciertas medidas como no acercarse a ciertos metros de cualquier institución pública, considerando que es a los alrededores de las instituciones públicas donde se llevan a cabo los actos de protesta social”, comentó la abogada Montiel.
Mientras que en enero de 2023, seis personas que protestaban contra la construcción de un desarrollo inmobiliario en Guadalajara en el Parque Natural Huentitán fueron detenidas y dejadas en libertad horas después.
A estas detenciones se suma la indiferencia del Gobierno estatal denunciada por familiares de personas desaparecidas. En ese contexto también destacan las respuestas violentas que el Gobernador Enrique Alfaro ha dado directamente a quienes le señalan omisiones en su administración.
En agosto de 2022, por ejemplo, el Gobernador fue grabado mientras decía “nomás mídele bien tus palabras” al secretario administrativo del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, León Dávila, quien intentó presentarle el retraso de más de 28 meses en las obras del centro, algo que el emecista tomó como una confrontación.
Las organizaciones de derechos humanos se preocupan por la gestión de Alfaro, ya que a su decir ha habido un trato indolente e insensible, falta de reconocimiento al problema, represión y persecución.
Además, eliminar los actos en memoria ha sido una práctica recurrente en el Gobierno de Jalisco, pues familiares de personas desaparecidas critican denuncian que se quitan las fichas de búsqueda que colgaron en diversos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara el año pasado, así como el AntiMonumento de la Plaza de Armas de Guadalajara que no ha sido restituido.
