Durante los últimos años hemos señalado que la prensa en México enfrenta diversas violencias que inhiben su labor de informar. A la violencia material (ataques directos contra la integridad y la seguridad) se suma la violencia económica que se materializa en la precariedad laboral.

En el reporte de investigación titulado Panorama de Perfiles Demográficos, Laborales y Profesionales de los Periodistas en México (2017), se confirmó que las y los periodistas laboran en condiciones sumamente adversas.[1]

De periodistas en radio, TV, diarios impresos, impresos no diarios y en línea 83.6 por ciento del total, trabajaba de tiempo completo en su medio, 10.3 por ciento lo hacía de tiempo parcial y 5.3 por ciento como freelancers. Por otro lado, 34.8 por ciento del total tenían otra actividad remunerada además del periodismo. En cuanto a salarios, 13.9 por ciento del total percibía hasta cinco mil pesos; 33.2 por ciento del total, entre cinco y 10 mil pesos; 23.1 por ciento del total, entre 10 y 15 mil pesos. Es decir, para 2017 el 58.3 por ciento de las y los periodistas perciben ingresos que oscilan entre los cinco y 15 mil pesos mensuales.

Esta situación expuesta en 2017 mediante el estudio precitado, persiste. Recientemente el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que en México hay 22 mil periodistas que trabajan sin seguridad social. Este abordaje es relevante porque da cuenta de las condiciones laborales previas al inicio de la pandemia, mismas que se recrudecen en este contexto.

Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, ARTICLE 19 llevó a cabo una encuesta dirigida a 67 periodistas que sufrieron ataques vinculados a las coberturas de la pandemia. Los resultados y el análisis de esa encuesta serán mostrados íntegramente en nuestro próximo informe sobre la situación de la libertad de expresión en 2020, el cual se publicará el 23 de marzo. Podemos adelantar algunas cuestiones alarmantes: 62 por ciento de los encuestados dijeron no tener seguridad social y 34 por ciento declaró no contar con el equipo de protección necesario para hacer coberturas durante la contingencia sanitaria.

Al 14 de febrero ya se registran 94 periodistas fallecidos por COVID-19. Como señala la periodista Melva Frutos, “la mayoría de los comunicadores no cuentan con el apoyo mínimo de protección por parte de las empresas y en solitario, habitualmente desafían el riesgo de contagio”. Bajo esta premisa, debemos entender que en este contexto cualquier cobertura no remota les pone en riesgo. Sin embargo, por la falta de condiciones laborales dignas son pocos quienes pueden trabajar desde casa.

Aquí no podemos deslindar la responsabilidad de muchos dueños de medios de comunicación en conjunto con los gobiernos. Los primeros deben procurar condiciones dignas y los segundos garantizarlas a través de los mecanismos institucionales. Pero aunque existe una clara protección constitucional y legal (Ley Federal del Trabajo) pareciera que las y los periodistas trabajan en su mayoría dentro de un limbo jurídico.

El problema es complejo. Muchos medios de comunicación enfrentan serias complicaciones derivado de la crisis económica que pasan desde hace tiempo. Las audiencias cada vez están menos dispuestas a pagar por contenidos. A ello hay que sumar la discrecional asignación de publicidad oficial por parte de los gobiernos que tiene como norte el controlar líneas editoriales, además de beneficiar a unos pocos consorcios mediáticos. Por otro lado, la publicidad comercial se reduce abruptamente con la concentración de la misma por parte de plataformas digitales como Google o Facebook. El reto no es fácil para la gran mayoría de los medios de comunicación y su supervivencia se encuentra siempre en vilo. Pero los primeros sacrificados de la crisis económica de los medios no pueden ser quienes los sostienen con su incansable labor de informar, así sin más y sin buscar opciones para garantizarles un empleo digno.

En efecto, lo que no se puede posponer es la garantía de derechos sociales fundamentales para quienes ejercen la función de informar arriesgando sus vidas. Recordemos que a las adversas condiciones de trabajo, hay que sumar que cada 13 horas es agredida la prensa en México[2].  Así, las violencias material y económica se conjugan en una dinámica que limita las posibilidades de un periodismo plural, crítico e independiente.

La prensa sigue informando, arriesgando su vida y la de sus familiares, no sólo por el compromiso que tienen de informar, sino porque las condiciones de precariedad les orillan a no dejar de trabajar. Enfrentar todo tipo de agresiones teniendo como telón de fondo la ausencia de condiciones laborales mínimas, es algo que nos debe preocupar como sociedad.  La información que nos llega todos los días tiene que superar muchas formas de violencia y la precariedad laboral es una de ellas.

[1]      Hughes, Sally y Marquez Ramirez, Mireya, Panorama de Perfiles Demográficos, Laborales y Profesionales de los periodistas en México: Reporte de investigación, Global Media Journal México, Volumen 14, Número 26, Primavera 2017,  pp. 91-152. Disponible en https://journals.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/281

[2]      De acuerdo con el registro de cifras de ARTICLE 19 para 2020

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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