Han sido varios los organismos que han promovido controversias constitucionales para impedir la reducción presupuestal prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año. Pero hasta el momento, sólo Banxico ha conseguido que se le suspenda la aplicación de esta medida
Ciudad de México, 19 Febrero (SinEmbargo).– Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó conceder a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una suspensión contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, mismo que les permitiría a los funcionarios del organismo tener percepciones superiores a las del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La CNDH había interpuesto una controversia constitucional de la misma manera en que lo hicieron organismos como Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia Económica, pero al igual que en estos casos, el juez determinó que lo establecido en el PEF es un acto consumado porque se trata de una política de gasto ya aprobada, publicada y en aplicación.
“Se niega la suspensión solicitada por la CNDH, promovente de la presente controversia constitucional”, dice el acuerdo publicado la tarde de ayer en la lista de notificación.
Con esta decisión la CNDH se suma a la lista de organismos que impugnaron el anexo del PEF que contempla como tope salarial el ingreso del Presidente de la República, que asciende a 1.6 millones de pesos anuales, mismos que recibieron una negativa por parte de juez.
Hasta el momento el único organismo que ha conseguido conservar los altos salarios de sus trabajadores ha sido el Banco de México. Sin embargo, la excepción se debe a que esta institución no está sujeto al PEF, por lo que no están obligados a acatar la reducciones impuestas por la presente administración.
Por tanto, la suspensión otorgada por el Ministro Pérez Dayán permitirá que los mandos de Banxico perciban hasta un 50 por ciento más que López Obrador.
El recurso de inconstitucionalidad, conocido en México como controversia constitucional, se promueve ante la Suprema Corte para que el alto tribunal resuelva conflictos entre los poderes federales o estatales por violaciones a la Constitución.
