El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió a instalar una mesa de trabajo para establecer una ruta encaminada al rescate de los cuerpos de 63 mineros sepultados en la Mina 8 de Pasta de Conchos.
Sin embargo, el compromiso no generó impacto, ni expectativas en la mayoría de los deudos, quienes en 13 años de lucha ya han vivido múltiples decepciones y promesas rotas, compartieron en entrevista.
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Hoy se cumplen 13 años de la explosión que mató a 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, y familias de obreros caídos aún luchan por recuperar a sus seres queridos. Los deudos llegan al décimo tercer aniversario con una nueva promesa del Gobierno federal, pero con la misma exigencia que ha perseverado por 4 mil 748 días: el rescate de los cuerpos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el Gobierno de México hará justicia a las viudas de Pasta de Conchos y hará todo lo posible para recuperar los restos. El primer paso sería la instalación de una mesa de trabajo para construir una ruta para su recuperación.
“Ha sido terrible para las familias la espera […] han sido trece años de ir y venir para que escuchen a las familias”, dijo la defensora Cristina Auerbach Benavides, que desde la tragedia acompaña a los afectados.
Para Trinidad Cantú Cortés, madre Raúl Villasana Cantú, uno de los mineros finados, estos 13 años “han sido terribles para nosotros. Desesperación, intranquilidad, depresiones porque no los hemos rescatado [a los mineros] y porque todavía no hay nada”.
Al menos 20 familiares directos de 15 empleados fallecidos en Pasta de Conchos viajaron a la Ciudad de México para realizar diversos eventos en memoria de las víctimas. Uno de los actos se efectuó en el Anti-monumento Pasta de Cochos, colocado el año anterior sobre la avenida Paseo de la Reforma y cruce de Río Rhin, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Desde ahí elevaron nuevamente la demanda de la recuperación de los cuerpos, verdad y justicia.
La batalla por el rescate se encuentra en instancias internacionales. En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas de esa madrugada de 19 de febrero de 2006.
En julio de 2018, la OFPC entregó un extenso informe a la CIDH, y ahora está a la espera que el organismo internacional lo remita al Estado mexicano para que éste responda, explicó Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, que da acompañamiento a OFPC.
“Posiblemente ya se trasladó ese escrito [el informe de OFCP] al Estado o están por trasladarlo porque primero la CIDH tiene que procesar ese escrito, pero lo que toca ahora es que el Estado responda con su postura”, comentó.
LA INDIFERENCIA DE GRUPO MÉXICO
La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006 en el último año del sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada. La Mina 8 pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Cinco días después del siniestro, las autoridades suspendieron el rescate.
Osvaldo Solís Hernández, uno de los rescatistas que ingresó a la mina, recordó que días después de la explosión sus jefes les ordenaron detener las labores de búsqueda, sin brindarles ninguna explicación.
“Nosotros llegamos el lunes [20 de febrero 2006] por la mañana, trabajamos 24 x 24, y el viernes en la tarde, a las 7 y 8 de la noche, nos sacaron de la mina y no nos dieron explicaciones. Los patrones dijeron ’sabes qué vamos a recoger todo y nos retiramos’. Nada más nos dijeron que recogiéramos todas las cosas y nos retiramos. Ya por medio de la televisión nos dimos cuenta que habían parado el rescate”, narró el trabajador.
El 24 de febrero de 2006, Javier García de Quevedo, presidente de IMMSA y el entonces Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anunciaron que ya no había condiciones de vida en la mina y declararon a los trabajadores muertos. Ahí inició la lucha por el rescate de los cuerpos.
Meses después, el 23 de junio, encontraron el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna. Luego, en el Año Nuevo de 2007, hallaron los restos José Manuel Peña Saucedo. Ambos mineros fueron rescatados y los restos no estaban calcinados, recordó Cristina Auerbach .
Para el 4 de abril de 2007, Grupo México determinó suspender definitivamente el rescate bajo el argumento que era riesgoso continuar la búsqueda porque el agua podría tener “Sida”.
“Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o en último de los casos, a la comunidad entera”, señaló uno de los dos peritajes pagados por la empresa y entregados a las familias la noche del 4 de abril. Era Miércoles Santo.
Desde entonces los familiares de las víctimas formaron la Organización Familia Pasta de Conchos y emprendieron una lucha legal contra la minera y el Estado Mexicano.
INSTALARÁN MESA DE TRABAJO
La CIDH cuestionó a los peticionarios –cuando admitió el caso– si estarían dispuestos a llegar una “solución amistosa” con el Estado, explicó Cristina Auerbach. “Se trata de un término jurídico, no es que nos vayamos hacer compadres de nadie […]tampoco significa renunciar al litigio internacional”.
Las familias aceptaron la posibilidad de un arreglo con la condición de restablecer la búsqueda de sus seres queridos: “Sólo si empieza de los restos. Cuando nos empiecen a entregar restos, entonces hablamos de todo lo demás. Si no empieza la recuperación de los restos, no hay solución amistosa posible”, reiteró.
Es así como ayer –después de al menos siete años sin acercamientos con autoridades federales– familiares de víctimas de Pasta de Conchos volvieron a reunirse con funcionarios la Secretaría de Gobernación (Segob) para tratar el tema. “No nos acordamos cuándo fue la última vez que estuvimos en Gobernación porque ya ni siquiera nos recibían[los presidentes Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón], bueno, aún no nos ha recibido Andrés Manuel [López Obrador], pero nunca antes se nos recibió, incluso teniendo citas se nos dejaba en la calle”, comentó Cristina Auerbach Benavides, vocera oficial de 58 familias que elevaron la exigencia de rescate ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, prometió instalar una mesa de trabajo para analizar el rescate de los cuerpos de 63 mineros que aún están atrapados en el socavón.
La defensora detalló que se convocará a las secretarías de Economía, del Trabajo y de Relaciones Exteriores, así como a los representantes de las familias para que participen en la mesa.
“Se trata de construir cómo lo vamos hacer [el rescate]. No se trata que entren ahorita con una pala a escarbar allí, así no funciona. Tenemos que construir cómo se va hacer porque esto no se ha hecho nunca en ningún lado, no hay una experiencia de esto en otro lado […]”, comentó.
En la región carbonífera han ocurrido 312 eventos mortales desde 1900. La organización Familia Pasta de Conchos ha documentado 3 mil 105 muertes. Casi todos los cuerpos han sido rescatados, solo en dos explosiones no. Las dos son minas Grupo México. En Nueva Rosita, Coahuila.
Grupo México no será bienvenido en las mesas de trabajo, advirtió la defensora. La postura de las víctimas es que la empresa no debe participar en el rescate porque hay un conflicto de interés.
“Obviamente, en cuanto Grupo México se vea cercado va a decir que ellos hacen [el rescate] para que no les quiten la concesión, y pueda recuperar todo el carbón, que es un millonada lo que hay ahí […] Para las familias es inadmisible que participe Grupo México”, advirtió.
La activista también aclaró que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por el Senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, tampoco tiene injerencia en el asunto, pues del total de las víctimas 25 eran sindicalizados y 36 obreros que estaban bajo la contratista General de Hulla.
El día del siniestro la mina contaba con una plantilla de 487 trabajadores en tres turnos: 45 empleados de confianza; 282 trabajadores sindicalizados y 160 trabajadores de la contratista General de Hulla. De las víctimas mortales, cuatro son empleados de confianza; 25, sindicalizados y 36 trabajadores de la contratista.
“Este es un asunto entre las familias peticionarias y el Estado mexicano”, agregó.
LAS PROMESAS DEL NUEVO GOBIERNO
El compromiso establecido por las autoridades federales en turno no impactó ni generó expectativas en los deudos, a decir de ellos mismos y las activistas que los acompañan. Algunos familiares entrevistados reconocieron que parece haber voluntad política de parte de los nuevos funcionarios, sin embargo, 13 años de promesas rotas, desilusiones y decepciones de anteriores gobiernos los mantiene escépticos.
Elvira Martínez, esposa del minero caído, Jorge Bladimir Muñoz Delgado, dijo que no creerá en las promesas hasta que comiencen las labores por rescatar los cuerpos. La viuda expuso que su incredulidad se debe a que en estos 13 años las familias han tenido malas experiencias con las autoridades estatales y es por ese motivo que ahora no se muestran tan confiados ante el compromiso empeñado por Encinas Rodríguez.
“Yo ya estoy como escamada, ya no confío tanto en lo que ellos [autoridades] se quieran comprometer con nosotros porque muchas veces lo hicieron y no cumplieron. Juan Camilo Mouriño Terrazo [Secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón] dijo que iban a retomar el caso, y realmente no se hizo nada, hasta nos pidió que no dijéramos nada. La verdad hemos tenidos tan malas experiencias con los gobernantes que yo en lo personal estoy incrédula”, señaló.
Guillermo Elías Iglesias, hijo de Guillermo Iglesias, otro de los mineros sepultados , coincidió que han tenido muchas decepciones de administraciones pasadas y por ese motivo no darán un cheque en blanco hasta que haya acciones concretas.
“Nosotros sabemos que la recuperación de los restos se puede hacer, yo lo sé como ingeniero investigador y perito, pero en estos años el rescate ha sido algo turbio y violento hacia las familias. Hemos sido castigamos fuertemente, por otras administraciones”, expresó
El hijo del minero caído reconoció que el diálogo con Encinas Rodríguez “fue muy bueno”, pero recalcó que el rescate es algo que se “tiene que dar”, porque el caso ya se dirime en la CIDH.
“Nosotros seguimos aquí con paciencia e inteligencia para algo que nosotros queremos: la recuperación de nuestros seres queridos”, agregó.
Para Trinidad Cantú Cortés el compromiso de Encinas sí le generó esperanzas: “Yo vi que Alejandro Encinas está en buena disposición y eso a mí de da confianza y sobre todo […] ojalá que sea un poco mas rápido la mesa de trabajo para empezar con las labores de rescate”.
Desde la explosión, tres hombres han ocupado la Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), postulados por el Partido Acción Nacional, y Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanado del Partido Revolucionario Institucional. Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos. Ninguno incluyó la tragedia en sus discursos. Ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de alivio a la región carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo.
Cristina Auerbach Benavides comentó que una parte de las familias sí confía en el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, porque él se acercó a los dolientes desde el siniestro y conoce muy bien el caso. “Pero, obviamente no es una punto personal, aunque la gente sí confía en Alejandro Encina, entendemos que es un asunto de Estado, donde tendrán que tomar decisiones como Estado”.
Además, la activista destacó al Gobierno federal le convendría dar solución hasta por interés partidista: “le resulta políticamente conveniente porque es algo que no resolvieron los demás partidos. Si ahorita empiezan a hacernos lo que nos hicieron los demás, quedan involucrados y les cae la sentencia a ellos. Ahorita ellos [Morena] no están involucrados, fueron el PRI y el PAN, entonces, ¡está puesto en bandeja, por Dios!”, expresó.
Stephanie Erin Brewer aclaró que aceptar el compromiso de las mesas de trabajo para el rescate no implica que “les estamos dando cheque en blanco, ni cheque de nada, porque esto no es ni siquiera un proceso de solución amistosa, esto es la precondición para poder explorar una solución amistosa, y mientras tanto el litigio sigue avanzado”.
La Organización Familia Pasta de Conchos sostiene lo dicho desde un principio: “la muerte de los 65 mineros es el resultado de la no contención de los riesgos por parte de la avaricia de la empresas que no quieren invertir en seguridad y por la negligencia del Estado”.
La organización cuenta con un dictamen del Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS) sobre un programa de seguridad para Pasta de Conchos, en 1999, donde advertía que la alta tasa de accidentes en la mina era muy alta, explicó Cristina Auerbar.
Además, las inspecciones realizadas en el año 2000 evidenciaban que la seguridad e higiene en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. La empresa no hizo nada al respecto.
El mismo año de la explosión, Elvira Martínez Espinoza, acompañada legalmente por la defensora Cristina Auerbar Benavides, solicitó copia del expediente de la investigación de Pasta de Conchos Claudia Maricela Escobar Pacheco, María de Lourdes Zapata Rodríguez y Rosa Riojas Hernández, todas viudas, se unieron a la petición. Pero la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo clasificó como “confidencial” el expediente. Elvira promovió el Juicio de Amparo 1233/2006, mismo que fue otorgado el 23 de enero de 2007 por el Juzgado Quinto en materia Administrativa en el Distrito Federal.
La demandante recibió un total de 1,343 fojas del expediente. Así es como OFPC tuvo acceso a las Actas de Inspección Periódicas y Extraordinarias; los Emplazamientos del Sindicato Minero; Actas de Comprobación de Medidas Emplazadas; Actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como Actas y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias desde que Grupo México llegó como Asarco a la región carbonífera, y así es como se pudieron percatar de las fallas de seguridad que había en la mina.
Cristina Auerbach y Stephanie Erin destacaron que el litigio de Pasta de Conchos puede dejar un precedente importante para minería, en caso de darse una resolución a la demanda.
CRONOLOGÍA DEL CASO
AÑO 2006:
– 19 de febrero a las 02:30 horas: Explota la Mina 8 de Pasta de Conchos dejando a 65 mineros atrapados en el interior de la empresa Industrial Minera México S.A. de C.V. El siniestro deja 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 63 viudas, [un minero es soltero y otro viudo, se conocerá pronto].
– 3 de marzo: Familias de los mineros acuden a la Ciudad de México para exigir a las autoridades el pronto rescate y entregan una reclamación la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), donde acusan a Gobierno mexicano de violar convenios internacionales
– 17 de julio: La CNDH emite la primera recomendación porque “se acreditan violaciones a los derechos humanos en agravio a los mineros que perdieron la vida, así como de las 11 personas que resultaron lesionadas”. Resuelve que funcionarios de la STPS permitieron que la mina funcionara en condiciones que no garantizaban la salud y la vida de los trabajadores mineros.
El 20 de diciembre: Elvira Martínez Espinoza, una viuda, promueve un Juicio de Amparo luego que le negaron la copia del expediente de la investigación de Pasta de Conchos.
AÑO 2007:
– 23 de enero: El Juzgado Quinto en materia Administrativa del DF otorga el amparo a Elvira y orden la entrega de copia certificada. Las viudas tienen acceso a actas de inspección, emplazamientos y documentos que muestran que desde el 2000 la mina operaba en malas condiciones de seguridad.
– 4 de abril: IMSSA entrega los peritajes a las familias y en ese mismo año se suspende el rescate de los cuerpos.
AÑO 2008:
– 30 de diciembre: La CNDH emite una segunda recomendación por violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como ejercicio indebido de la función pública atribuible a servidores públicos de la PGR.
AÑO 2009:
–El Gobierno de México es llamado a comparecer ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, porque dejó operar, cuando menos desde el año 2000, la mina Pasta de Conchos de forma negligente.
– El 1 de agosto las familias son desalojadas de manera violenta de Pasta de Conchos y regresan las instalaciones de la planta lavadora de carbón a Grupo México.
AÑO 2010:
– El 19 de febrero la Organización Familia Pasta de Conchos interpusieron una Petición Individual contra el Estado Mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
AÑO 2011:
– En noviembre la CNDH emite un Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila.
AÑO 2012:
– A mediados de año 14 funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Coahuila son suspendidos por actos de corrupción y por aceptar sobornos.
AÑO 2013:
– La Organización Familia Pasta de Conchos logra que nombren a Cristina Auerbach Benavides, experta en la materia de minera y así la Organización ingresa a las minas de carbón de forma preventiva.
AÑO 2015
El 8 de septiembre la PGR se declara incompetente en razón de fuero para cumplimentar la Averiguación abierta contra el Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria por procurar un mínimo de verdad y justicia para las familias de Pasta de Conchos.
AÑO 2018:
– El 19 de febrero se coloca el anti monumento Pasta de Conchos en Avenida Reforma en memoria de los mineros y donde piden su rescate.
– El 24 de febrero la CIDH adoptó el Informe 12/18, en el que declaró admisible el caso Pasta de Conchos.
– En julio la Organización Familia Pasta de Conchos entrega el informe más detallado ante la CIDH y queda en espera que el organismo los traslade al Estado, para que este responda.
AÑO 2019:
–El 18 de febrero Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, promete instalar una mesa de trabajo para definir una posible ruta para el rescate de los cuerpos de 63 mineros que aún están atrapados en el socavón.
