Con la iniciativa ciudadana #MexicaliResiste miles de personas en Baja California se han organizado para manifestar su rechazo al Gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid, acusado, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito y peculado. “Fuera Kiko Vega” es la principal demanda de los inconformes, y es que el mandatario panista no sólo no ha transparentado su riqueza y elevado la deuda de la entidad, sino que además ha intentado privatizar los recursos públicos para beneficiar a empresas, poniendo en riesgo el medio ambiente, la salud y la economía de los bajacalifornianos, que con sus protestas masivas han evidenciado la represión que ejerce el Gobernador.
Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Francisco Arturo Vega de Lamadrid no pensó que los bajacalifornianos llegarían a usar su lema de campaña “la gente manda” para exigir su propia renuncia, primero por una serie de acusaciones de corrupción, el alto incremento de la deuda y después por sus planes de privatizar el agua a pesar de los latentes problemas en el suministro del líquido vital. Al reclamo se sumó el aumento a los precios de las gasolinas y a otros impuestos.
En tres años de su gobierno, “Kiko” Vega no sólo ha acumulado una deuda millonaria, también el “hartazgo social”, siendo Mexicali el epicentro de las protestas en su contra. En enero pasado, cuando entró en vigor el llamado gasolinazo, surgió la afirmación de que la capital del estado había “despertado” al lograr organizar tres manifestaciones masivas, la última con hasta 45 mil personas. Sin embargo, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, el incremento a las tarifas de luz y la Ley de Agua, aprobada el 20 de diciembre de 2016.
Dicha norma permitía, entre otros aspectos, la privatización del servicio de agua potable, el aumento y liberalización de las tarifas y el corte del suministro hídrico tras 90 días de impago. La iniciativa fue aprobada en la sala de juntas del Congreso local por diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano (MC). Ante la ola de manifestaciones, el Gobernador decidió abrogar la ley, pero continuó con la construcción de un acueducto para abastecer, con aguas del Valle de Mexicali, a Constellation Brands, una planta que fabricará cerveza del Grupo Modelo para exportarla a Estados Unidos.
Hace más de un mes y medio, en Mexicali se logró lo que en ninguna otra parte del país: la organización ciudadana, a través de redes sociales, por un bien común. Desde hace 27 años el estado no registraba protestas de esa magnitud, la última se vivió en enero de 1990, durante la primera administración panista en Baja California a cargo de Ernesto Ruffo Appel, cuando miles marcharon por las altas tarifas eléctricas que se impusieron en la región.
Las protestas contra “Kiko” Vega se han tornado violentas. En un inicio, los manifestantes y las autoridades se limitaban a intercambiar gritos e insultos. El primer enfrentamiento ocurrió el 7 de enero, cuando elementos de la Policía Federal, Estatal y Municipal desalojaron a los manifestantes que durante cinco días bloquearon la planta de Pemex en Rosarito, dejando un saldo de 16 heridos, entre ellos cuatro policías, y al menos 40 detenidos.
El más reciente se registró el pasado lunes a las afueras del Palacio Municipal de Mexicali, donde unas 300 personas mantenían un plantón para exigir al Alcalde panista, Gustavo Sánchez, la reducción del impuesto predial y la eliminación del cobro por alumbrado público, entre otras demandas. Elementos policiacos comenzaron el desalojo de manera violenta y detuvieron a 11 personas, que permanecieron incomunicadas en las primeras horas y liberadas esa misma noche tras pagar fianzas de hasta 3 mil 200 pesos por los delitos de sabotaje y motín.
Por estas acciones, así como por la campaña de intimidación a comunicadores, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado al gobierno de Vega de Lamadrid de represor, sin embargo, el mandatario panista asegura que él “escucha a la gente” y permite la libre manifestación aun cuando sea en su contra
JUICIO POLÍTICO
El juicio político que miles de bajacalifornianos exigen para el Gobernador es principalmente por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado que pesan sobre él y que no han sido aclaradas.
En noviembre pasado, el periodista Joaquín López-Dóriga aseguró que, según una investigación federal, la fortuna de Vega de Lamadrid se incrementó desde que era Alcalde de Tijuana (1998-2001) gracias a la supuesta compra de más de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales. Además, reveló que el Gobernador estaba construyendo una residencia de 2 mil 500 metros y de un valor aproximado de 4 millones de dólares.
Cuando Vega, originario de Ciudad Obregón, Sonora, asumió la gubernatura de Baja California ya poseía 30 propiedades en distintos municipios del estado y en Estados Unidos. Heredó una deuda de 14 mil 627 millones de pesos que en dos años pasó a 17 mil 572 millones de pesos, de acuerdo con el “Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016” del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Para liquidar las obligaciones del gobierno del estado, dice la organización, cada bajacaliforniano tendría que pagar 3 mil 583 pesos.
“Kiko” Vega desestimó las acusaciones de Dóriga, pero los bajacalifornianos no, y además de pedirle que presentara su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses– que hasta la fecha se ha negado a transparentar– le exigieron que cumpliera la reducción de su sueldo y de sus funcionarios, como se había comprometido. El pasado lunes, el Gobernador anunció una reducción del 10 por ciento a su sueldo y al de funcionarios de primer nivel. Ahora el panista tendrá una remuneración económica de 99 mil pesos mensuales, es decir 3 mil 300 pesos diarios.
El juicio político no sólo se busca para el mandatario bajacaliforniano, también para los legisladores que, de manera irregular, han aprobado todas sus iniciativas.
VIOLENCIA
En un pliego petitorio, ciudadanos de Mexicali también acusaron al Gobierno de Vega de Lamadird de actuar de manera indiferente e impune ante la ola de violencia, que ha dejado decenas de desaparecidos y muertos, así como en los casos de feminicidios.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la administración de “Kiko” Vega suma 2 mil 854 homicidios dolosos, la mayoría relacionados en el crimen organizado, siendo 2016 el año más violento con mil 179 asesinatos.
Baja California es el sexto estado más violento, por encima de Tamaulipas (595) y Sinaloa (mil 164). El repunte de los homicidios dolosos en la entidad se vio reflejado desde 2015, cuando allí se estableció el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde ese año, Tijuana, una de las ciudades más importantes de la entidad y que alberga a cientos de migrantes haitianos y africanos que buscan llegar a Estados Unidos, se colocó entre las 50 urbes más peligrosas del mundo, de acuerdo con el ranking 2015 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
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QUIRINO ORDAZ PLANTEA REDUCR DIPUTACIONES
El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para reducir 10 diputaciones (de 40 a 30), y 62 regidoras de las 233 que existen en los 18 municipios con la finalidad de que se agilice la toma de decisiones y se reduzca el pago de prestaciones.
MANCERA ANUNCIA NUEVO MEGAPROYECTO
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que se estudia la construcción de un tren, “como el de las grandes ciudades”, que conecte a la capital del país con el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” y el Nuevo Aeropuerto. Explicó que el proyecto será realizado con el apoyo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, inversionistas y un grupo de ingenieros.
YUNES RECONOCE REPUNTE DE VIOLENCIA
En un evento con autoridades de las secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, reconoció que el número de ejecuciones se incrementó especialmente en la zona norte del estado, sin embargo, dijo, la delincan se está combatiendo con eficacia y se solicitó al Gobierno federal más apoyo en materia de seguridad.
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FRASES:
–“Yo también fui migrante, lamento mucho lo que ha sucedido y lo ha hecho este señor [Donald Trump] violentando la normatividad y ley”, expresó Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato, a la migrante Guadalupe García de Rayos, deportada hace dos semanas después de vivir más de 20 años en Estados Unidos.
–“Nosotros tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos y creo que hemos cometido errores que no debemos de cometer, primero, no tener familiares nosotros en el gobierno; yo creo que ese es un error que hemos cometido y que no se lo voy a permitir a nadie”, aseguró Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, luego de detectar irregularidades en la nómina local.
–“Tampoco queremos una situación como la que ocurrió en Nuevo León hace poco, donde la desesperación, o el hacer las cosas precipitadamente, lleva a cometer un fracaso”, dijo Carlos Joaquí González, Gobernador de Quintana Roo, sobre la estrategia que él llevara para investigar y llevar a juicio a su antecesor, Roberto Borge.
