Los presuntos actos de corrupción de César Duarte al frente del Gobierno de Chihuahua abrieron un conflicto entre el Gobierno federal y el encabezado por Javier Corral Jurado, quien acusó que la Secretaría de Hacienda le ha negado recursos por la investigación que tiene abierta contra el ex mandatario priista.
Hoy la PGR informó que ya presentó de manera formal tres solicitudes de extradición en contra del ex Gobernador de Chihuahua por una orden de aprehensión de fuero federal y dos del fuero común, pero el ex mandatario tiene un total de 11 órdenes de arresto. Corral ha alertado que debido a los acuerdos entre México y EU su antecesor podría ser solo juzgado por las que solicitó la dependencia federal y no por todos los supuestos delitos de los que se le acusa.
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Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La Caravana que arrancará en Ciudad Juárez no es sólo por la Dignidad de Chihuahua, sino por la de todo México, aseguraron integrantes del equipo liderado por el panista Javier Corral y activistas.
Hoy, el mismo día en que la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ya presentó manera formal tres solicitudes de extradición en contra del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte, Emilio Álvarez Icaza Coordinador Nacional de la iniciativa AHORA; Roberto Ramos Molina, Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, y Víctor Quintana, Secretario de Desarrollo Social de la entidad gobernado por Corral, marcaron la ruta.
Durante 15 días, la caravana recorrerá 15 ciudades. Arrancará en Ciudad Juárez el sábado 20 de enero y concluirá en la Ciudad de México el domingo 4 de febrero.
La lucha contra la corrupción le compete a todos, no solamente a Chihuahua, aseguró la abogada Beatriz García desde la Casa Chihuahua, en la Colonia Roma.
Álvarez Icaza, por su parte, invitó a la gente a que se uniera en el recorrido que busca “romper el pacto de la impunidad y la corrupción’’.
La segunda parada de la movilización será en la capital de Chihuahua. Después transitará por Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y, finalmente, la capital del país.
“No es un tema partidista. Es un tema del pueblo de Chihuahua. Esta lucha la vamos a llevar a los tribunales’’, dijo Paulo Díez Gargari, quien es el encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua.
“Esto, que aparentemente era sólo un asunto de los chihuahuenses, de pronto adquiere dimensiones nacionales por una doble razón. Se descubre que no es un caso encapsulado como podrían ser otros. Se revela el involucramiento del Partido Revolucionario Institucional y del mismo Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda”, sostuvo Quintana.
Agregó: “No es el caso Chihuahua. Es el modelo Chihuahua. Es el modelo que se usa para transferir recursos y continuar con el pacto de impunidad y corrupción […] esta no es una marcha por Chihuahua, sino por México. Vamos a estar en estados donde se han revelado casos de corrupción, clamando a la ciudadanía a unirnos […]’’.
Agregó que el sistema se dedica a castigar a los que denuncian la corrupción.
La Fiscalía de Chihuahua realiza una investigación sobre la triangulación de recursos públicos para financiar campañas del PRI en 2016, en la que estaría involucrado el ex Gobernador César Duarte y otros miembros del partido como el ex secretario general adjunto Alejandro Gutiérrez -acusado de desviar 250 millones de pesos-, y Manlio Fabio Beltrones, recientemente amparado.
Este día más de 40 cámaras y organismos empresariales de Chihuahua, entre los que se encuentran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), solicitaron al Presidente Enrique Peña Nieto la extradición del priísta y la entrega de recursos para el estado.
Los presuntos actos de corrupción de César Duarte al frente del Gobierno de Chihuahua abrieron un conflicto entre el Gobierno federal y el encabezado por Javier Corral Jurado, quien acusó que la Secretaría de Hacienda le ha negado recursos por la investigación que tiene abierta contra el ex mandatario priista.
La dependencia encabezada por José Antonio González Anaya negó que castigue a la administración de Corral y ha argumentado insuficiencia de recursos o fallas en el número de cuenta que les fue proporcionada para justificar la ausencia del dinero.
Javier Corral atribuye el “castigo” financiero a las recientes revelaciones en contra del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Gutiérrez, quien supuestamente desvió 250 millones de pesos destinados a las arcas del estado norteño en 2016. De la mano de Duarte Jáquez, ese dinero habría servido para las campañas presidenciales del PRI en 2016.
El desvío de recursos habría sido ocultado con facturas y servicios inexistente.
De acuerdo con el propio testimonio de Gutiérrez, los montos desviados de la Federación fueron entonces avalados por la SHCP, encabezada entonces por Luis Videgaray Caso.
