El hallazgo de 32 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Xalisco, en Nayarit, puso bajo la lupa la violencia que atraviesa esa entidad. Mientras que la ciudadanía padece la violencia, las autoridades culpan del “desorden” a la anterior administración encabezada por el priista Roberto Sandoval Castañeda, cuyo Fiscal –Edgar Veytia Cambero– fue detenido el 30 de marzo de 2017 en San Diego, California, acusado de presuntas ligas con el narcotráfico, lavado de dinero y por su apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, las familias de las víctimas dicen no ver un cambio en los meses que lleva al frente del estado el panista Antonio Echevarría García.
“En Nayarit todos los días desaparece gente, seguido hay ejecuciones, se encuentran cuerpos. La verdad es que muchos familiares ya están cansados, no sólo físicamente sino mentalmente, de estar todos los días al pendiente de los que está pasando […]”, plantearon familiares de víctimas de la violencia.
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Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El 22 de junio desapareció el joven de 23 años Alejandro López Jara en el fraccionamiento Villas del Prado, Tepic, Nayarit. Su madre habló con él por teléfono, se despidió a las seis de la tarde. “Mamá, te voy a colgar, te marco llegando”, fueron las últimas palabras que su madre Rosa María Jara recuerda le dijo su hijo. Hoy, la mujer como otras familias de ese estado y del otros del país decidió no esperar a que las autoridades encuentren a su ser querido y salió a las calles y cerros a buscarlo.
El trabajo de las familias convertidas en activistas ha tenido éxito. El Colectivo Familias Unidas por Nayarit alertó a las autoridades sobre los entierros clandestinos de los que entre el sábado y el lunes fueron exhumados los restos de 33 personas.
Apoyados de perros rastreadores, los cadáveres fueron extraídos de tres fosas ubicadas en una plantación de caña de azúcar.
Rosa María Jara, también integrante del colectivo, sostuvo que la recuperación de los cuerpos fue deficiente. “Ahorita que encontramos las fosas, no traían material, picos, bolsas, donde echar las osamentas, los padres de familia estábamos muy indignados en ver la manera en que sacaron los cuerpos, nosotros prestamos la herramienta”.
El Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, expuso ayer en rueda de prensa que el avanzado estado de descomposición de los cuerpos indica que algunas de las personas fueron privadas de la vida al menos entre cinco y seis meses atrás, y otras con más anterioridad porque se halló la osamenta.
Dos meses después de su toma de protesta, el Gobernador panista de Nayarit, Antonio Echevarría García, afirmó que haría frente al crimen organizado y que el actuar de la Fiscalía daría un giro.
“Vamos a trabajar sin simulaciones, abandonemos el discurso que no abona a construir el futuro de Nayarit, vamos a terminar con las acciones que corrompan la justicia. Necesitamos instituciones transparentes, del lado de la justicia, de los ciudadanos. La Fiscalía General es hoy lo que siempre debió ser, el pasado terminó y no volverá, cualquier acción que se aparte del derecho deberá ser sancionada”, expuso durante la presentación del decálogo de Nayarit Seguro, el pasado 29 de noviembre.
Para Rosa María Jara no ha habido un cambio. La madre criticó que el mandatario panista, en los cuatro meses que lleva en el cargo, no ha recibido aún a los familiares de las víctimas para tratar sus esfuerzos de búsqueda.
“Lo que veo es que se les fue de las manos. De hecho, acabamos de salir de una junta con el nuevo Fiscal, para preguntarle cómo va a procesar los cuerpos encontrados en las osamentas, porque son muy difíciles de reconocer. Dicen que esperan a antropólogas de la Ciudad de México para que les expliquen. Aquí no tienen ni los reactivos para tomar una muestra de ADN”, explicó.
Y otra integrante del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, quien pidió cambiar su nombre original por motivos de seguridad, expuso: “En Nayarit todos los días desaparece gente, seguido hay ejecuciones, se encuentran cuerpos. La verdad es que muchos familiares ya están cansados, no sólo físicamente sino mentalmente, de estar todos los días al pendiente de los que está pasando, y de todo ese montón de comentarios en redes sociales, de ‘eso pasa por andar en malos pasos’”.
La violencia por la que atraviesa Nayarit se enmarca en la que el país se encuentra inmerso. El año 2017 es ya el año con más carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso: 23 mil 101 casos de homicidio doloso, a las que se habrían de sumar las que se reporten en diciembre.
Petronilo Díaz explicó a la agencia The Associated Press que los grupos criminales locales mantienen una lucha de poder desde el arresto del ex Procurador General del Estado, Edgar Veytia Cambero, preso en Estados Unidos y acusado de narcotráfico. “El Diablo”, como se le conocía, fue detenido el 29 de marzo pasado en un intento de cruce hacia los Estados Unidos por supuestos delitos contra la salud cometido en ese país, y por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Este proceso de descomposición entre las organizaciones del crimen organizado que está pasando aquí en Nayarit, viene a raíz de la detención […] de un funcionario [Veytia] del sexenio pasado. Y agregó: “Es cuando se empieza el reacomodo de estos grupos delincuenciales y empieza el desorden que estamos pasando”.
“Sabemos que el Fiscal anterior [Veytia] tenía su propio grupo delictivo que se encargaba de levantar gente. La Fiscalía es como una escuela, lamentablemente. Si te están enseñando a robar, pues así van a crecer. Se fue el diablo pero dejaron sus diablitos. Estamos viviendo una guerra dentro de la misma fiscalía contra otros cárteles”, dijo otra mujer que también prefirió reservar su verdadero nombre y que busca a su hermano desaparecido.
La “seguridad” bajo el mando de Veytia Cambero incluso fue resaltada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Nayarit es una evidencia de los buenos logros y resultados que hemos tenido en materia de seguridad”, dijo en la capital del estado en febrero pasado.
Esos buenos resultados tampoco causaron sospecha en el jefe directo del llamado “El Diablo”. El priista Roberto Sandoval Castañeda dijo tras la detención que el ex Fiscal trabajaba “totalmente solitario en materia de Policía, no tenía subdirector ni subfiscales”, y que permitía que operara así “porque tenía las cifras que nos interesan, de que la gente viviera en paz”.
Hoy, también el ex mandatario está sujeto a dos juicios políticos por el manejo indebido de fondos y recursos públicos. Sobre él pesan también señalamientos de recibir “regalos” como ranchos o inmuebles del mismo Edgar Veytia.
El 10 de enero pasado, con el expediente de juicio político JP/CE/07/2027 y por una demanda interpuesta por los ciudadanos Rodrigo Gonzales Barrios, Octavio Campa Bonilla, Flavia Ureña Montoya, Natalia Tayatzin Palomino Hermosillo, Arturo Guillermo Arruti, Ramón Enrique Agüet Romero, Carlos Moncayo y Arturo Hermosillo González, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit aprobó que la Sección Instructora de la Comisión de Gran Jurado inicie los procedimientos en contra del ex Gobernador priista.
“Por presuntos actos y omisiones que actualizan violaciones graves a la Constitución Política del estado libre y soberano de Nayarit, a las leyes locales así como el manejo indebido de fondos y recursos cometidos por el servidor público denunciado por lo que se procede al estudio y análisis de la referida denuncia para afecto de examinar su procedencia y verificar si el servidor público denunciado se encuentra considerado como sujeto de juicio político”, refirió el Diputado Ignacio Alonso Langarica Avalos.
Los datos oficiales señalan que a la fecha hay registradas en Nayarit 173 denuncias de personas desaparecidas, 94 de ellas aún sin localizar, mientras que 63 fueron encontradas con vida y 16 fallecidas. En los primeros once meses del año pasado se reportaron 290 homicidios dolosos, en enero se reportaron únicamente cinco y diez meses después saltó a 55.
Sin embargo , los datos podría ser mayores. Analistas sostienen que entidades como Nayarit manipularon sus cifras.
“En Nayarit fue lo que hicieron. No registraron las cifras. El tema es que el Secretariado no tiene la función de ir a supervisar como se clasificaron y se registraron los delitos. No es su tarea, sólo es publicar lo que una Fiscalía transmite tal cual”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El director expuso que el caso de Nayarit fue un ejemplo de advertencia sobre este fenómeno: “Un estado que mintió y ante eso lo que vamos a ver suceder es un incremento de la violencia, por un lado el Fiscal no sólo defendía a los delincuentes. Él era un delincuente, y por el otro, la autoridad tiene una serie de deficiencias institucionales”.
En marzo del año pasado, la organización México Evalúa realizó un informe en el que constató la publicación de cifras anómalas de parte de las fiscalías generales. Específicamente, en 19 de las 32 entidades se detectó una correlación entre los homicidios dolosos y culposos, que levantaron suspicacias de manipulación por no presentar estándares de cifras fortuitas y aleatorias.
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El trabajo “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable” indicó que los datos de entre el 2001 y el 2015 presentaron tendencias similares y “fáciles de identificar visualmente”. Entre las entidades señaladas estaba Nayarit.
El Gobierno de Nayarit emitió un comunicado que señaló que el Gobierno federal “tienen la obligación de intervenir”.
“Compartimos con los nayaritas, la exigencia de que el Gobierno federal, través de sus dependencias, también cumpla con su responsabilidad, de que estos hechos que lastiman a las familias, los investiguen con prontitud, hasta las últimas consecuencias y sea posible en breve, determinar la identidad de los cuerpos y castigar a quienes hayan cometido estos delitos”, rezó el comunicado publicado el martes.
Sin embargo, Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C (IMDHD), señaló que la crisis no podrá ser solucionada con la sola intervención de la administración de Enrique Peña Nieto: “Creo que es una tarea y responsabilidad de Estado que le corresponde a la Federación, estado y municipios, tan es así que por eso se hizo una Ley General de Desaparición Forzada. Se trata de una responsabilidad compartida. A priori en una desaparición no puedes determinar quién lo hizo, si es federal, o es estatal, en última instancia hay restos y tiene que haber un proceso de investigación”.
El próximo lunes los familiares de los colectivos de búsqueda de desaparecidos de Nayarit tendrán una reunión con los forenses y las autoridades sobre el plazo para el cotejo de las pruebas de ADN.
“Tenemos miedo que nos digan que van a demorar mucho, porque ya hemos estado pasando por una angustia de meses meses”, dijo Laura.
