La relación del Presidente con el Poder Judicial se agudizó este 2023 pasando de las críticas a las acciones: de un lado está el Gobierno exhibiendo el derroche de jueces y magistrados, junto con sus resoluciones a favor de personajes ligados a la corrupción y narcotráfico, y por el otro están la SCJN y el CJF dando entrada a iniciativas para echar abajo o frenar reformas de la Cuarta Transformación.
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El Poder Judicial de la Federación está bajo asedio del obradorismo, ha denunciado la oposición, pero el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha revirado bajo el argumento: “Estamos acabando con sus privilegios, lujos y excesos que se pagan con dinero del erario”.
Este ha sido el discurso que ha girado este año en torno a la relación del Presidente Andrés Manuel López Obrador con jueces, magistrados y ministros, pasando de los dimes y diretes a la exhibición de la actuación de los juzgadores y hasta propuestas para extinguir fideicomisos y recortar recursos.
Expertos recuerdan que desde 1994, cuando el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (19994-2000) reformó la Constitución para reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se veía un desgaste en la relación del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el Ejecutivo y Legislativo como el que se vivió este 2023; aunque las circunstancias son distintas.
El año, de hecho, cerró con la designación directa de Lenia Batres Guadarrama, abogada, activista y fundadora de Morena, quien será Ministra en la Suprema Corte por los siguientes 15 años. Ella es la quinta Ministra que llega a la Corte a propuesta de López Obrador, una mujer de toda su confianza que lo ha acompañado en su lucha y en la fundación de Morena.
Los otros cuatro ministros propuestos por el Presidente son Juan Luis González Alcántara, en 2018, Margarita Ríos-Farjat, en 2019, Yasmín Esquivel, en 2019, y Loretta Ortiz Ahlf, en 2021. En el caso de González Alcántara y Ríos-Farjat ha sido notorio el distanciamiento que han tomado del titular del Ejecutivo federal, a diferencia de Esquivel y Ortiz Ahlf, cuyos votos han ido en línea con el Presidente, como se espera que ocurra con Batres Guadarrama.
El arribo de Lenia Batres al “máximo tribunal” se da en medio de esta crisis política generada por cuestionamientos directos del Poder Judicial y Legislativo, además de fuertes críticas contra los privilegios que goza un pequeño grupo, un conflicto que no se veía desde hace décadas.
Hace 29 años, el Presidente Zedillo y su partido, el PRI, gozaban de una hegemonía que les permitió en un tris aprobar una reforma, sin una oposición que saliera a las calles a defender sus derechos, como ocurrió este 2023 cuando organizaciones y burócratas del Poder Judicial se manifestaron, luego de que el 18 de octubre la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos.
EXHIBEN RESOLUCIONES
La relación del Presidente López Obrador con el Poder Judicial durante su sexenio puede verse en una línea del tiempo: Primero una tensión cuando en diciembre de 2018 de manera inédita más de mil 400 jueces y magistrados rechazaron públicamente la Ley Federal de Remuneraciones –la cual topa el sueldo de todos los funcionarios al salario el titular del Ejecutivo– y denunciaron una intentona del Senado para entrometerse en su autonomía. Luego una relativa calma en la gestión del exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (2 de enero de 2019- 7 de noviembre de 2023) en la Suprema Corte. Y, recientemente, una abierta confrontación entre ambas partes.
El problema se agudizó con la sucesión del Máximo Tribunal del país, donde dos mujeres buscaron la candidatura: Norma Piña Hernández, vinculada a funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Niero, y Yasmín Esquivel Mossa, ligada a la Cuarta Transformación y quien desistió de su pretensión tras descubrirse un presunto plagio en su tesis de licenciatura en la UNAM, universidad que actualmente revisa el caso.
El 2 de enero finalmente Norma Piña se convirtió en la primera mujer presidenta de la SCJN para un periodo que concluye el 31 de diciembre de 2026 y esto puso bajo la lupa nuevamente al Poder Judicial.
A partir de este año, el Presidente exhibió las resoluciones de ministros y jueces que beneficiaban a presuntos delincuentes, destacando casos emblemáticos y personajes ligados a la corrupción como Genaro García Luna, Emilio Lozoya, Juan Collado, Uriel Carmona y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Por ejemplo, el Ministro Luis María Aguilar ha sido señalado desde el Poder Ejecutivo por frenar la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila y Chihuahua y por retrasar un caso relacionado con el pago de impuestos por 26 mil 806 millones de pesos de Grupo Elektra, del magnate Ricardo Salinas Pliego.
El mandatario también exhibió al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, por conceder una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, que la protege de los ataques desde el Gobierno. Lo ha señalado por emitir en el pasado recursos legales contrarios a las políticas públicas de su administración o para favorecer a las grandes corporaciones.
DE LOS ALTOS SALARIOS A LA INICIATIVA PARA ELEGIR A MINISTROS
Otro de los momentos que tensó la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial fue en junio pasado cuando López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), envió un escrito a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preguntarles por qué violan el Artículo 127 de la Constitución, el cual establece que nadie del Gobierno puede ganar más que el Presidente de la República.
#GobernaciónInforma 📄| El @GobiernoMX solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (@SCJN) informe del cumplimiento al artículo 127 constitucional en materia de remuneraciones.
➡️ https://t.co/fiXyGDEWtH pic.twitter.com/aeZ85uB7G8— Gobernación (@SEGOB_mx) June 27, 2023
La respuesta llegó el 3 de julio en una carta firmada por el Secretario General de Acuerdos de la SCJN, Rafael Coello Cetina, donde argumentó que si bien en 2019 el Pleno de la Suprema Corte acordó la disminución del 25 por ciento del salario percibido en el ejercicio fiscal 2018, el Artículo 94 constitucional señala que ministros, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales no pueden reducir sus respectivas remuneraciones.
No obstante la Ley Orgánica de la APF no constituye fundamento legal para que la @SEGOB_mx requiera información a #LaCorte. Por decisión colegiada se dio respuesta a la solicitud sobre las acciones emprendidas para dar cumplimiento al art. 127 constitucional. pic.twitter.com/RKC7i8jS2C
— Suprema Corte (@SCJN) July 3, 2023
El Presidente criticó la respuesta y la calificó como “leguleya”, además adelantó que presentaría una iniciativa de Ley para reformar la Constitución en esa materia.
En octubre pasado volvió a cuestionar a la Suprema Corte a través de un decálogo de preguntas sobre su salario y las decisiones que han favorecido a presuntos delincuentes. “Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Nada más es eso lo que tienen que hacer”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del 24 de octubre.
Meses después el Ejecutivo federal ahondó en esta iniciativa de reforma constitucional que enviaría al Congreso para “limpiar al poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente”.
En su Quinto informe de Gobierno el mandatario explicó que la reforma consiste en elegir a los ministros a través del voto, ya que actualmente los propone el propio Presidente para que los apruebe el Senado. “Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no que los designe la élite del poder económico y político de México”, sostuvo el 1 de septiembre desde Campeche.
Esta reforma, dijo el pasado 7 de diciembre en su conferencia matutina, la enviará al Congreso a más tardar en febrero del próximo año, junto con otras dos más: la Guardia Nacional y la Electoral.
Precisamente esta distante relación entre el Presidente y el Poder Judicial provocó que este año los ministros no fueran invitados a la ceremonia del Grito de Independencia.
EL DERROCHE DEL PODER JUDICIAL
Los gastos de jueces, magistrados y ministros con dinero del erario también se pusieron bajo escrutinio este año, previo a la aprobación del presupuesto del Poder Judicial.
Una revisión hecha por SinEmbargo a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) arrojó que la SCJN y el CJF, que integran junto con el TEPJF el Poder Judicial, gastaron millones del presupuesto de este año en torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamiento, entre otros gastos ajenos a sus actividades laborales.
Estos gastos, que la mayoría se realizó a través de contratos vía adjudicación directa, fueron criticados por legisladores de Morena y aliados (PT, Partido Verde), quienes pusieron bajo la lupa el presupuesto solicitado por el Poder Judicial para 2024.
“Nos llamó mucho la atención que para 11 ministros se solicite en el presupuesto de 2024 cerca de 6 mil millones de pesos, es decir, cada uno cuesta alrededor de 500 millones de pesos al año al pueblo e México”, declaró previo a la aprobación del presupuesto el Diputado Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto.
Agregó que entre las partidas que estaba solicitando la Suprema Corte se encontraban recursos para actividades artísticas, deportivas y culturales, bonos, compensaciones extraordinarias, seguros de gastos médicos privados, gasolina, alimentación en el comedor y telefonía.
EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS
La tensión se exacerbó en octubre cuando, primero en comisiones y luego en el Pleno, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para extinguir 13 de los 14 fondos y fideicomisos. Al tratarse de una reforma legal, Morena y sus aliados en el Congreso contaban con los votos necesarios para avalar estos cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así lo hicieron.
En respuesta, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron el domingo 22 de octubre a las calles de las principales ciudades del país para participar en una megamarcha a la que se sumaron el empresario Claudio X. González Guajardo y organizaciones como Chalecos México, Unidos y Sociedad Civil México.
En la movilización que se realizó en la Ciudad de México participaron el Ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá y el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz.
El objetivo de estas movilizaciones era mostrar músculo y ejercer presión en la Cámara de Senadores, donde faltaba discutirse la iniciativa que finalmente se aprobó.
El tema se extendió en el Legislativo durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2024, donde Morena y aliados aplicaron su mayoría para recortar el presupuesto del Poder Judicial y destinar el dinero de los fideicomisos extintos a la reconstrucción de Acapulco, el municipio más afectado tras el paso del huracán “Otis”.
La respuesta por parte del Poder Judicial vino de inmediato a través de un amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed). Primero ganaron la batalla para una suspensión provisional y luego la suspensión definitiva en contra de la aprobación del decreto para extinguir 13 de los 14 fideicomisos.
Se concede SUSPENSIÓN DEFINITIVA en el juicio de amparo 1754/2023, contra el Decreto legislativo que extingue los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. #TodosSomosPJF. 🇲🇽♾💯 pic.twitter.com/tc0q17g44v
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) November 27, 2023
Elizabeth Trejo, Jueza de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, determinó el pasado 27 de noviembre la suspensión definitiva, por lo que no se podrán extinguir ni hacer entrega de los fondos para las familias víctimas del huracán “Otis” hasta que haya una sentencia constitucional emitida por la SCJN, donde diputados y senadores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El pasado 6 de diciembre, el Ministro Laynez Potisek admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad a través de las acciones 214/2023 y su acumulada 220/2023. El primer recurso fue presentado por senadores y el segundo por legisladores en San Lázaro.
El Ministro será el encargado de resolver la impugnación a pesar de que la Presidencia interpuso un impedimento fallido para que no revisara la acción de inconstitucionalidad, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de los fideicomisos.
Laynez Potisek ha sido criticado por el Presidente López Obrador porque fue uno de los autores, junto con el Ministro Alberto Pérez Dayán, de proyectos de sentencia que terminaron por invalidar por completo el llamado “Plan B” electoral, un paquete de seis reformas para acotar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE).
Si bien la Suprema Corte ha asestado duros golpes a reformas de la Cuarta Transformación a lo largo de este sexenio, el Presidente López Obrador y los legisladores consideran que en el tema de los fideicomisos no tiene mucho margen de maniobra, pues los ministros serían juez y parte.
“Me gustaría mucho que los constitucionalistas, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dieran su punto de vista si es legal constitucional lo que está pretendiendo hacer el Poder Judicial”, solicitó el Presidente el pasado 20 de octubre. “Quiero que me digan si eso no es romper el orden constitucional y afectar la división y el equilibrio de poderes”.
El doctor Rogelio Rodríguez Garduño, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, considera que al menos 10 de los 13 fideicomisos extintos se utilizan para la llamada burocracia dorada del Poder Judicial, por lo que espera que el Ministro Laynez presente un estudio detallado sobre si la decisión del Congreso violó la Constitución.
“Este tema se debe resolver en el Pleno y no en salas, eso significa que tendrá que pasar por cuando menos el voto de ocho ministras para que se declare la inconstitucionalidad, pero antes de eso esperemos que el Ministro ponente Laynez presente un estudio constitucional para que nos ilustre dónde está la violación del Congreso”, mencionó.
El profesor de la UNAM destacó que en el tema que tendrá que resolver la SCJN hay un precedente histórico ocurrido en 1813 en Estados Unidos: el caso Marbury contra Madison, en donde el presidente del Tribunal John Marshall resolvió que la Corte Suprema no estaba facultada para dirimir este caso y, al haber decidido no intervenir, la Corte Suprema aseguró su posición como árbitro de la ley.
“La Suprema Corte mexicana tendría que presentar un estudio así, en donde no sólo los juristas, sino la comunidad lo considere inmáculo, pero si la Corte resuelve sólo atendiendo a sus intereses va a salir deslegitimada”, vaticinó.
En este recuento de choque de poderes, el cierre de 2023 deja una incógnita: la resolución final de la constitucionalidad de la extinción de fideicomisos.
