Al menos cuatro de los nueve fallecidos en los enfrentamientos que se produjeron el pasado jueves en Ayacucho han sido enterrados este sábado. Las autoridades sanitarias trasladaron a Lima a siete heridos y afectados durante el estallido de violencia en esa localidad.
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS).- El Gobierno peruano ha decretado la “inmovilización social obligatoria” entre las 18:00 y las 4:00 horas y durante cinco días en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en respuesta a las protestas tras la salida del poder del Presidente Pedro Castillo que se han cobrado ya una veintena de muertes.
El Decreto Supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano impone la inmovilización social obligatoria en sus domicilios para todas las personas de Huamanga, informa la agencia de noticias peruana Andina.
Sólo se podrá abandonar la residencia para la adquisición, producción o abastecimiento de alimentos o en el caso de personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca y acuicultura, transporte, vigilancia y seguridad, envíos, restaurantes y hoteles, asistencia, servicios financieros, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y actividades conexas, combustibles, limpieza y recogida de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades vinculadas.
También podrá circular el personal de prensa escrita, radio o televisión siempre que porte su pase personal laboral, credencial periodística y documento nacional de identidad. La autorización también es extensiva para las unidades móviles usadas para el cumplimiento de su función.
De igual modo, se permite el desplazamiento con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, así como para la adquisición de medicamentos.
El texto legal recoge informes de la Policía sobre “actos de violencia y vandalismo contra las instituciones públicas y privadas”, así como “agresiones contra la integridad personal de los ciudadanos y autoridades”.
La declaración del toque de queda se ampara a su vez en el Decreto Supremo 143-2022-PCM por el que se declaró el estado de emergencia a escala nacional durante un periodo de 30 días durante el cual la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
