Intentos de motines y hechos violentos se registraron en las últimas semanas en centros penitenciarios de Sinaloa, Baja California y Zacatecas. Además, civiles armados entraron al de Coyuca, en Guerrero, para liberar a un hombre detenido por secuestro, una muestra de la crisis penitenciaria que enfrenta el país. Desde enero de 2020 a octubre de este año, la Secretaría de Seguridad federal reportó 11 motines y 30 intentos de fuga.
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– Centros penitenciarios de Zacatecas, Guerrero, Baja California y Sinaloa reportaron episodios de violencia en las últimas semanas. Estos no son hechos aislados, pues cifras oficiales y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos han alertado de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario mexicano por factores como la sobrepoblación, hacinamiento, abuso de poder, autogobierno y el alto número de personas detenidas sin sentencia o por delitos que no cometieron.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) actualizados hasta octubre, 46 por ciento de los 284 centros penitenciarios del país están sobrepoblados. La cifra creció desde el mismo mes de 2020, cuando había 127 con sobrecupo, ahora se contabilizan 131.
En este contexto, hombres privados de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Cieneguillas, Zacatecas, realizaron un motín y trataron de huir el 4 de diciembre, el mismo día se registraron bloqueos y disturbios en carreteras del estado que la Secretaría de Seguridad Pública local calificó como intentos para distraer a las autoridades.
La Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz atribuyó lo ocurrido en el Cereso de Cieneguillas tanto a las condiciones del lugar como a la sobrepoblación. En este centro, la cantidad de hombres supera 3 por ciento su capacidad, y en el área de mujeres la rebasa 54 por ciento, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de octubre.
Mientras que en el Cereso “Jorge A. Duarte Castillo” de Tijuana, Baja California, sólo tres días después de los disturbios en Zacatecas, autoridades informaron que seis personas privadas de la libertad se amotinaron en los edificios 1, 2 y 3 para retener a tres custodios, dos de los cuales fueron lesionados. Ahí la SSPC reporta un sobrecupo de 78 por ciento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó en 2021 por la insuficiencia de personal de seguridad y custodia tanto en el centro penitenciario de Tijuana como en el Cereso femenil de Cieneguillas.
Lo mismo hizo con el de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, donde el 21 de noviembre autoridades reportaron el asesinato de dos hombres privados de la libertad y de un guardia, quienes habrían sido atacados por un detenido, y el de Coyuca de Catalán, donde el 7 de diciembre 80 hombres armados y vestidos con ropa militar ingresaron la semana pasada para liberar a un hombre que había sido arrestado por secuestro un día antes.
El “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021” de la CNDH, basado en la visita a 233 centros del país, reveló que 83 por ciento de estos centros operan con falta de personal.
“Hablamos de un sistema penitenciario o centros penitenciarios rebasados. Es importante hacer esta correlación y saber que no es solamente la sobrepoblación lo que afecta, no es una causa directa: ‘este centro está sobrepoblado, entonces por tanto tiene más violencia’. Son carencias generales que están relacionadas con la falta de acceso a bienes y servicios por parte de personas privadas de la libertad que se ven minimizadas cuando hablamos de un centro penitenciario que está sobrepoblado”, destacó Nayomi Aoyama, Coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta.
La investigadora mencionó que la pandemia por COVID-19 que inició en 2020 agravó las violaciones a derechos humanos de las personas detenidas, pues autoridades limitaron el contacto con sus seres queridos y con ello las dejaron vulnerables porque en muchos casos son las familias las que sostienen los gastos para comprar insumos básicos como artículos de limpieza y alimentos en los centros de privación de la libertad.
Nayomi Aoyama explicó que las carencias y la falta de trato digno ha incrementado la molestia de personas detenidas y las ha llevado a movilizarse en distintos estados. Las autoridades, lamentó, suelen responder con violencia, más que atender las problemáticas, lo que tensa las relaciones en los centros penitenciarios.
En Zacatecas, por ejemplo, la falta de control de las autoridades ha quedado evidenciada en los últimos meses, pues además de lo ocurrido este mes, la tarde del 7 de octubre en Cieneguillas siete hombres escaparon del Cereso usando una camioneta. Después del intento de fuga que reportaron las autoridades el 4 de diciembre, familiares de las personas detenidas citadas por El Sol de México denunciaron que aumentaron los malos tratos al interior, como golpes por parte de los custodios, quienes además les han quitado de sus pertenencias y los dejan sin comida por largos periodos.
“(Mi esposo) anda descalzo porque hasta los zapatos que traía puestos le quitaron”, acusó una mujer.
De enero de 2020 a octubre de este año, la SSPC reportó 11 motines, mil 707 riñas, 30 intentos de fuga y a 54 personas que huyeron de los centros penitenciarios del país. Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), explicó que estos hechos violentos muestran que el Estado “no tiene el control” pese a ser espacios creados para ello.
“La autoridad debe analizar todos los factores que están generando estos problemas, uno de ellos es que cárteles afuera se pelean y eso se refleja al interior de las prisiones. La prisión es donde el Estado tiene todo el control, por eso están privadas de la libertad las personas, y si existen entonces todos estos motines, estas riñas, significa que hay pérdida de control al interior. La causa puede ser que existan problemas o conflictos en el exterior con diferentes grupos rivales, pero eso no justifica que dentro existan las riñas, las fugas, eso significa que el Estado falla”, mencionó.
La falta de control de las autoridades dentro de los centros penitenciarios, agregó el abogado, ha propiciado la creación de grupos de poder “coludidos con las autoridades, así la corrupción y la violencia de afuera se replica adentro”. La problemática es común en el país. La CNDH reportó que 44 de 233 centros penitenciarios supervisados en 2021 tienen autogobierno, es decir, las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad.
“No son espacios de reinserción social, más bien son espacios en donde los grupos delictivos siguen teniendo sus propias lógicas de poder y de apropiación del territorio, por eso no son casuales los bloqueos en el contexto de un intento de fuga –como ocurrió el 4 de diciembre en Zacatecas–. Hay una crisis terrible en el sistema penitenciario que no está siendo atendida”, expuso en entrevista Edgar Guerra Blanco, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también muestran que la corrupción al interior de los centros penitenciarios es frecuente, pero es poco denunciada debido a la normalización, al temor a represalias y a la desconfianza que existe hacia las autoridades.
La última Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (Enpol) muestra que en México al menos tres de cada diez personas privadas de la libertad fueron víctimas de actos de corrupción en las etapas de su proceso penal, desde la detención hasta su encarcelamientos. En los centros, la corrupción creció al pasar de un 10 por ciento en 2016 a un 17 por ciento en 2021. El estudio también revela que más de una tercera parte de las personas privadas de su libertad han sido víctimas de algún delito como extorsión, hostigamiento sexual, robo, entre otros.
Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que en México, al igual que otros países de la región, el abuso de la prisión preventiva –que obliga a las personas a permanecer detenidas sin una sentencia– ha sido una de las principales causas de la crisis del sistema penitenciario.
En el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas” (2013) concluyó que abuso de esta medida es una de las principales razones del hacinamiento en los centros penitenciarios, lo que constituye una amenaza para la integridad personal de las personas privadas de la libertad. En ello coinciden organizaciones civiles del país y los expertos consultados por SinEmbargo.
De los 131 centros penitenciarios sobrepoblados en el país, 56 operan con más del 50 por ciento de su capacidad. Destaca el Estado de México, en donde los centros de Lerma, Chalco y Tlalnepantla de Baz tienen respectivamente un sobrecupo de 635, 553 y 417 por ciento.
La prisión sin sentencia ha sido defendida por el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia de seguridad. Además, desde 2019 legisladores federales aprobaron ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aunque en noviembre la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) discutió una propuesta para eliminarla, obligar a los jueces a interpretar la Constitución y pronunciarse según cada caso, el proyecto fue rechazado, por lo que la medida cautelar se mantendrá excepto para los delitos fiscales.
De acuerdo con el Inegi, en México cuatro de cada 10 personas están privadas de la libertad sin recibir sentencia. Entre octubre del 2020 y el mismo mes del 2022, el número de personas en esta condición pasó de 90 mil 3 a 96 mil 104.
Organizaciones civiles han exhibido las violaciones a los derechos humanos que trae consigo la prisión sin condena, pues es constante que las personas pasen años en esta condición y desde el inicio sean tratadas como si fueran culpables.
El caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, detenidos durante 17 años en el Estado de México sin una sentencia, da cuenta de ello. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a discutirlo en agosto y un escenario es que en 2023 declare inconvencional la prisión preventiva oficiosa, lo que obligaría al Estado mexicano a eliminar la medida.
👉🏿En esta primera parte de la Audiencia la Corte ha escuchado a la CIDH, a los representantes de la presunta víctima y a la representación del Estado. 👇🏿 pic.twitter.com/1UZeRL8Gyc
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) August 26, 2022
“Para el Estado es más fácil decir que esta haciendo justicia o que es efectivo cuando tiene a las personas privadas de la libertad, aunque no les puedan demostrar el delito, pero no, esta medida no ha demostrado ser eficiente”, enfatizó el abogado Carrasco Solís.
