Colima se convirtió a inicios de mes en la sexta entidad en despenalizar el aborto. Su legislación podría marcar un precedente a nivel nacional porque incluye nuevas causales. El año que termina destacó por el avance de la llamada “Marea Verde” en el país.
– Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El 2021 ha sido el año con más avances en legislaciones para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en México, ya que cuatro congresos aprobaron iniciativas para despenalizar el aborto.
Veracruz, Hidalgo, Baja California y recientemente Colima se sumaron a la Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019) como las entidades con legislaciones sobre el tema.
La “Marea Verde“ —como se le conoce al movimiento que surgió en Argentina y se extendió por América Latina para exigir interrupciones de embarazos legales, seguras y gratuitas— también alcanzó a México gracias al fallo que emitió en septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se obliga a los jueces de todo el país a no iniciar ningún proceso penal contra las mujeres que abortan, independientemente de lo que establezcan los códigos penales de las entidades.
Marisol Escudero, asesora de políticas en la organización Ipas Centroamérica y México, celebró las legislaciones aprobadas y el fallo de la Corte, pero recordó que las autoridades aún tienen grandes pendientes, pues no sólo se trata de aprobar reformas, también deben garantizar espacios seguros y el acceso a toda la información que las mujeres, niñas y adolescentes necesitan para decidir si abortarán.
“La legalización de la interrupción del embarazo debe venir acompañada del derecho a acceder al servicio de salud en condiciones seguras y de calidad; va acompañado de la obligación de los sistemas de salud públicos de garantizar este servicio en las mismas condiciones de seguridad y de calidad que cualquier otro servicio de salud sexual y reproductiva”, dijo en entrevista.
“Desde nuestra experiencia hemos visto que los cambios legislativos no son suficientes si no van acompañados de la implementación de las políticas necesarias para garantizar el acceso a los servicios. Este es un proceso que también requiere capacitación del personal de salud y contar con los insumos de salud necesarios, de todo un proceso necesario también para hacer realidad las leyes”, agregó la abogada.
Aunque hay grandes pendientes, Escudero destacó el caso de Colima, donde el aborto fue despenalizado el 1 de diciembre con un “marco legal revolucionario y progresivo”, pues las autoridades sanitarias deberán permitir que las mujeres interrumpan sus embarazos incluso después de las 12 semanas de gestación por las siguientes causales:
1. Cuando una autoridad niegue el aborto a una mujer previo a las 12 semanas de gestación.
2. Cuando el personal de salud omita informarle sobre su derecho a la interrupción del embarazo en el mismo plazo.
“Lo que hace este marco legal es garantizar el ejercicio efectivo de este derecho a decidir. Entonces, tal vez se podría replicar en otros estados”, destacó Marisol Escudero.
Hoy ganaron las mujeres y personas gestantes en Colima, arriba los pañuelos verdes y el acceso a aborto legal #AbortoLegalColima 💪🏽💚 #QueSubaLaMarea 🌊💚✨ pic.twitter.com/iDsPtpZTcN
— MareaVerdeMx (@MxMareaVerde) December 2, 2021
EL FALLO DE LA SCJN Y LAS PREOCUPACIONES
El 7 de septiembre, 10 de los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte declararon inconstitucional que el estado de Coahuila sancione a las mujeres que voluntariamente tengan un aborto, esto al pronunciarse contra el artículo 196 del Código Penal de la entidad, que aprueba privar de la libertad de uno a tres años a quienes tomen esta decisión y a quienes las ayuden.
Ese día, el Ministro Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto de sentencia, fue claro al asegurar que “desde ahora se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo”.
El fallo de la Suprema Corte, al ser el máximo tribunal, no solo impactará en Coahuila, ya que sienta una jurisprudencia y obliga a los jueces de todo el país a no iniciar ningún proceso penal contra las mujeres que abortan.
Aunque esta decisión fue celebrada por organizaciones nacionales e internacionales, activistas que acompañan a mujeres que deciden abortar han mostrado su preocupación porque en los congresos locales se tarden y no reformen las legislaciones.
Este es el caso de Chihuahua, uno de los estados vecinos de Coahuila, donde el Código penal establece privar de la libertad por seis meses y hasta por tres años a las mujeres que abortan de forma voluntaria.
Ahí, las mujeres que acompañan y ayudan a quienes deciden abortar temen que el código no se reforme y encuentren dificultades para que se cumpla lo que estableció la Suprema Corte porque el gobierno actual está encabezado por María Eugenia Campos Galván, una política del PAN, un partido conservador.
La preocupación de estas mujeres está sustentada, ya que en su primer evento público, realizado en Ciudad Juárez, la Gobernadora Campos Galván utilizó un pañuelo azul celeste que un grupo de mujeres le obsequió con la leyenda “Salvemos las dos vidas”. Estos pañuelos son utilizados por los grupos que están en contra del aborto y que se oponen al derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, principalmente con argumentos basados en la religión católica.
En una entrevista realizada en SinEmbargo Al Aire, la abogada María Luisa Salazar, quien es Coordinadora de Delitos de Género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHEM), pidió recordar que, pese a las limitantes que podría haber en los congresos locales, el fallo de la Suprema Corte de Justicia aplica en todo el país sin excepciones, sin importar que aún no se reformen los códigos penales de los estados.
LOS CONGRESOS NO CUMPLEN
Desde 2020 las protestas de mujeres que exigen la despenalización del aborto se extendieron en distintos estados. En Quintana Roo decenas de mujeres tomaron el Congreso durante tres meses para exigir la despenalización del aborto, la protesta terminó en febrero con el compromiso de varias legisladoras de llevar al Pleno el tema, pero hasta este mes ninguna iniciativa avanzó.
El 9 de diciembre, las Comisiones Unidas del Congreso local rechazaron la elaboración de un proyecto de dictamen para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.
“Vemos mucha resistencia, la postura anti derechos de las y los legisladores no ha cambiado. Lo único que estamos pidiendo es que nuestras leyes se armonicen con lo que planteó la Suprema Corte en septiembre, no debería haber dilatación. Ya son seis las entidades donde es legal el aborto. Nos parece absurdo que en Quintana Roo nos sigan tratando como a ciudadanas de segunda y que sigan sin garantizar nuestros derechos”, lamentó en entrevista Tania Ramírez, integrante de la colectiva Siempre Unidas, una de las 27 organizaciones de la sociedad civil de la Red Nacional Feminista Quintanarroense.
El caso de Puebla es similar, pues en noviembre se cumplió un año desde que feministas tomaron el Congreso para exigir avances en la agenda a favor de los derechos de las mujeres. Aunque las y los legisladores del estado se comprometieren a votar una iniciativa sobre la legalización del aborto a más tardar el 15 de abril, este año ninguna reforma avanzó.
En el Estado de México, las mujeres también exigieron que se legisle sobre el tema. En agosto, un grupo protestó afuera del Congreso para denunciar que diputadas con las que ya habían tenido mesas de diálogo no cumplieron el compromiso que hicieron para presionar a la Junta de Coordinación Política y llevar al Pleno la discusión sobre la despenalización del aborto.
El 10 de agosto, desde el techo del recinto, autoridades respondieron usando mangueras de agua a presión y gas de extintores contra las manifestantes.
Las más de 130 organizaciones y colectivas que han impulsado en la entidad la despenalización del aborto consideraron que la respuesta de las autoridades fue desproporcionada y también denunciaron en comunicados y conferencias de prensa el desinterés del Congreso mexiquense.
Helena Labrave, integrante de Manada Periferia, una de las colectivas que apoya la despenalización del aborto, llamó en una entrevista con SinEmbargo Al Aire a priorizar los derechos de las mujeres.
“[Quienes se niegan a despenalizar el aborto] no se ponen a pensar en todos los posibles escenarios en los cuales una mujer es sometida, por ejemplo, donde ya no es dueña de sí misma. En algunos casos sus maridos las violan y las obligan a no usar anticonceptivos y quedan embarazadas, ya tienen hijos y ya no quieren otro, ya no pueden. Nadie se pone a hablar de esos casos. ¿Qué pasa con los casos de abuso infantil donde muchas chicas resultan embarazadas? ¿O qué pasa si yo simplemente decido que no es el momento de tener un bebé?. Mucha gente lo hace ver como que somos irresponsables, como que somos frías, como que somos crueles, pero no. Realmente es una decisión bien pensada, es una decisión que tomas por amor, por amor a un ser al que no le quieres dar una vida precaria. La verdad es que se nos está negando el derecho a no precarizar más a las personas”.
CRIMINALIZADAS POR ABORTAR
En México las mujeres siguen siendo criminalízalas por abortar. Una revisión a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicada por SinEmbargo en septiembre, donde se muestra que el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas son las entidades que registran desde el año 2015 hasta julio de 2021 el mayor número de carpetas de investigación abiertas por aborto —709, 703, 422, 346 y 243 respectivamente–.
En México, hay al menos 4 mil 39 denuncias por el “delito de aborto” a nivel nacional desde el año 2015 a julio de 2021, revelan las cifras oficiales.
Las denuncias han mantenido una tendencia al alza desde el año 2015 hasta el 2019, cuando se registró el mayor número de carpetas de investigación abiertas (717).
En el 2020, año en que la pandemia también impactó en los mecanismos de denuncia, se registró una disminución de 13.27 por ciento al cerrar con un total de 633 carpetas de investigación.
En septiembre, después del histórico fallo de la SCJN, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto.
“Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación”, enfatizó la Conavim en un posicionamiento.
Hacemos un llamado a revisar las acusaciones abiertas por el delito de aborto en el país. Existen 432 carpetas de investigación registradas en 27 estados este año. https://t.co/B7wB7LED0C pic.twitter.com/OVEChv8yCQ
— CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) September 12, 2021
