Desde el patio de la iglesia de la localidad de Benito Juárez, Sochiapan, ubicado entre Playa Vicente y Oaxaca, los integrantes de la Unión de Pueblos Unidos contra la Delincuencia (PUCD), en su mayoría ganaderos, mujeres e indígenas, han decido romper el silencio y pedirle a las autoridades que no se interpongan en su lucha, pues si ellos no quieren garantizarles la seguridad, cuentan con el apoyo de otros grupos que han surgido en Las Choapas, Hidalgotitlán, Playa Vicente, Uxpanapa y Jesús Carranza, municipios ubicados dentro del área de influencia del proyecto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Corredor Interoceánico del Istmo, y que desde temprano deja ver lo que ha caracterizado a los mega proyectos: graves violaciones a los derechos humanos.
Por Ignacio Carvajal
Santiago Sochiapan, Veracruz, 18 de diciembre (BlogExpediente).– Hace más de 20 años, pobladores de este municipio saltaron a la fama mundial cuando quemaron vivo al presunto violador y asesino de una mujer.
Se llamó Rodolfo Soler Hernández y fue condenado a la hoguera mediante una asamblea popular en la que los integrantes, con autoridades locales, firmaron una acta de acuerdo para matarle.
Los gritos del hombre pidiendo clemencia quedaron atrapados en un video que le dio la vuelta al mundo en los noticieros más importantes, mientras las llamas consumían sus restos, en el poblado de Tatahuicapan, lugar de los hechos.
Los habitantes estaban cansados de que, cada que delinquía, el delincuente salía libre, pues ya eran varias sus detenciones por diversos delitos sin que le aplicaran un castigo ejemplar. Ese 31 de agosto del 96, el pueblo unido, tomó la justicia en mano propia, e hizo a un lado a las autoridades, a las que acusaban de corruptas, para ejecutar a Soler Hernández, deshonra de aquel lugar.
Un escenario similar se vive en estos momentos en ese municipio, en al menos doce localidades que han decidido levantarse en armas por medio de la conformación de autodefensas que están supliendo al Estado, hartos de no ser escuchados por el Gobierno, al que acusan de ser cómplices de sus verdugos.
Fue así como se conformó la Unión de Pueblos Unidos contra la Delincuencia (PUCD), que hace las labores de autodefensas de policías comunitarias para evitar que los criminales ingresen a sus territorios a cometer abusos.
Bajo anonimato, algunos citando sus nombres, cuentan parte de lo que han vivido en los últimos tres años en una escalada de violencia, desapariciones, secuestros, etc., que inició a mediados de la administración pasada, y que la actual, acusan, no ha atendido.
En esos años los pueblos han sido diezmados, los ranchos saqueados, los hijos son sacados de los colegios para que no se exponen a un secuestro, y los hombres dejaron el trabajo para dedicarse a patrullar y a cuidar las calles en labores que tendría que estar realizando la policía.
Desde el patio de la iglesia de la localidad de Benito Juárez, Sochiapan, ubicado entre Playa Vicente y Oaxaca, los integrantes de la PUCD, en su mayoría ganaderos, mujeres e indígenas, han decido romper el silencio y pedirle a las autoridades que no se interpongan en su lucha, pues si ellos no quieren garantizarles la seguridad, cuentan con el apoyo de otros grupos que han surgido en Las Choapas, Hidalgotitlán, Playa Vicente, Uxpanapa y Jesús Carranza, municipios ubicados dentro del área de influencia del proyecto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Corredor Interoceánico del Istmo, y que desde temprano deja ver lo que ha caracterizado a los mega proyectos: graves violaciones a los derechos humanos.
“LE TIRABA A LO QUE SE MOVÍA”
Un integrante de la familia Viveros, nativos de Santiago Sochiapan, integrante de la PUCD, cuenta bajo anonimato:
“El mismo día que desaparecieron en Playa Vicente a mi padre y a mi hermano, por la noche, llegaron a mi casa”.
“Eran como 40 pistoleros, los custodiaban patrullas de la municipal”.
“Comenzaron a disparar, al parecer, querían ingresar al rancho y llevarse 600 novillos que teníamos para la engorda”.
“Cuando esa gente ve mucho ganado en un rancho, llega y se lo lleva”.
“Ya se habían llevado a mi papá y a mi hermano, sólo quedaba yo”.
El que habla bajo anonimato relata que al escuchar a los bandidos, se asoma por la ventana y ve que a uno de sus primos lo tenían sometido, además, otros gritaban amenazas.
“Tomé mi rifle y comencé a dispararle a todo lo que se movía”.
Durante varios minutos soportó la posición dentro de su casa y salvó la vida de su familia.
Nadie de los suyos tuvo daños, del otro bando, desconoce, pero los medios de comunicación ese día informaron sobre un enfrentamiento entre criminales con saldo de dos muertos.
Las pocas notas informativas ubican el enfrentamiento en la propiedad de Pedro Viveros Monje y Alejandro Viveros Castro, y coinciden en la versión de que esa noche, desaparecieron.
De la balacera, como testigos, las casas que se alzan en la propiedad donde hoy habla uno de los sobrevivientes, ahora enlistado en las autodefensas, marcadas por numerosos agujeros a consecuencia del intercambio de disparos.
“La gente del pueblo me ayudó, se dejaron venir muchos con rifles y escopetas, y así fue que esos hombres de marcharon”.
“Esa noche le tiré balazos a todo lo que se arrimaba”, recuerda.
Poco tiempo después, en redes sociales aparecieron videos donde algunos jóvenes eran interrogados por sujetos armados, y en los que se les oye decir que son delincuentes bajo el mando de la familia Viveros de Sochiapan y su cártel.
El que rinde el testimonio, lo rechaza, y al menos todos los integrantes del grupo de autodefensas del pueblo le secundan.
“Ellos te dicen que eres un cártel porque el pueblo se une y se defiende”.
Actualmente, cuenta, el grupo de autodefensas para el que colabora en Benito Juárez, cuenta con respaldo de otros grupos que se han levantado en Las Choapas, Uxpanapa, Hidalgotitlán y Jesús Carranza.
En Sochiapan, indica, son doce localidades y unos mil integrantes que ya están en armas y colaborando para que regrese la paz a la región.
“Estamos dispuestos a morir peleando que estar arrodillados”, sentencia.
NI AL DOCTOR PUEDE IR
Eduardo Santiago Romero habla en representación de las personas mayores que viven en el pueblo y que padecen una enfermedad.
Desde hace varios días carga un malestar en un pie, lo traje con vendaje.
No puede ir al doctor a Playa Vicente, teme que en el camino lo desaparezcan, como le pasó a su hijo.
Recuerda que tres años atrás, este lugar enclavado en la frontera de Veracruz con Oaxaca, regado por caudalosos ríos, y mucha vegetación selvática, era un sitio tranquilo.
Mientras se duele de los malestares en su extremidad, afirma, “ahora todo cambió, la delincuencia nos trae locos”.
“Antes era tranquilo, no teníamos que andar corriendo, ni escapando, ni huyendo de nadie ni nada.
“Ahora todos andan algo acelerados”.
Ni la Comisión Estatal de Desaparecidos ni la Fiscalía General del estado de Veracruz lleva un registro formal sobre los casos de desapariciones en esta región, casi todos los mencionados en el encuentro con la PUCD no cuenta con denuncia formal, pues ellos no confían.
SIGUE ESPERANDO AL HIJO
Hace poco más de seis meses, Roberto Brito Ramírez, habitante de Benito Juárez, fue privado de la libertad.
Pasadas las horas, apareció en un video en redes sociales.
Confesaba forma parte de un grupo delincuencial encabezado por la familia Viveros.
En el video -se oye- afirma que se dedicaba al secuestro y robo de ganado. Desde entonces no se le ha vuelto a ver.
Su padre, Reyes Brito Sotelo, lo sigue buscando.
En el video -indica- fue obligado a decir eso, “que va ser verdad eso que le ponen a decir a mi hijo, mi hijo se dedicaba al campo conmigo, a chapear el terreno y a trabar cuidando vacas”.
“Tanteo que mi hijo está vivo, lo he soñado, siento que lo tienen trabajando en algún lugar, lo siego esperando, pidiendo a dios que me ayude”, dice.
“NOS GRABAMOS SUS CARAS”
Ofelia Vázquez, habitante de Santiago Sochiaopan, no duerme bien desde el pasado 30 de junio, cuando regresaba de unas diligencias, con su nuera e hijas, fueron interceptados en la carretera por personas armadas, al parecer policías.
Separaron del grupo a los dos hombres, su hijo, Mario Vázquez González, de 38; y su yerno, Jesús Navarro Parra.
La mujer relata que se dedican al comercio, al cultivo de limón y ganadería, y esa noche regresaban de haber comprado mercancía.
Los captores las lanzaron a la calle y se llevaron la camioneta llena de mercancía y a los dos hombres.
“Y no pongan denuncia, porque ya nos gravamos las caras de todas ustedes” les advirtieron antes de irse y dejarlas ahí en medio de la oscuridad, pues hasta los zapatos les quitaron.
MUJER, EN LA LUCHA
“Carla” cuenta bajo anonimato que hace tres años se llevaron por la fuerza a su familiar, Abran Guadalupe Madrigal, quien trabajaba en un taller en Benito Juárez. No había recibido amenazas, no tenían idea el por qué lo habían privado de la libertad.
Y como ocurre en la mayoría de los casos en esta zona, no puso denuncia.
La familia se replegó, algunos se desplazaron, pero ella, decidió quedarse.
Al saber que se estaba integrando un grupo de autodefensas, se puso a pensarlo. Sentía molestia fuerte al ver que con su familiar desaparecido, no pasaba nada, y que sus familiares estaban abandonando el terruño.
La decisión la tomó hace unos meses, cuando la delincuencia mandó un recado a su marido. “Pagas medio millón de pesos o pagas”.
Su esposo -dice- es ganadero pero no gana esas cantidades de dinero, no pudo pagar, y los dos se enlistaron.
Ahora su marido carga un fusil de asalto y ella ayuda en las tareas domésticas, como preparar comida, agua, logística y algunas otras actividades básicas para la operación de la red de autodefensas.
Desde ese mismo tiempo, sus hijos no van a la escuela, y su esposo no ha podido salir a vender ganado. Al haber realizado esa acción, prácticamente desafiaron al crimen y temen que sus hijos sean sustraídos, por eso los mantienen siempre bajos resguardo, aunque pierdan el año escolar.
“Todo el tiempo tenemos miedo de mandarlos a la escuela y que no regresen”, cuenta.
CUIDAR A LOS JÓVENES
“Marcela” la secunda, ella es madre y trabajadora del campo.
Dice que esto cambió hace unos tres años, cuando llegaron “los malos”, quienes llegaron de la mano del Ignacio Pablo Sánchez aún cuando era aspirante a candidato a gobernar Santiago Sochiapan, y lo llevaron al triunfo bajo la siglas de Morena.
“A la policía no la queremos, donde vemos las municipales los corremos, pues antes cuando entraba esa gente, ellos iban atrás o adelante, cuidándolos.
“Si veíamos un retén, era porque ellos iban a pasar o esa gente estaba por ahí cerca haciendo cosas malas”, recuerda.
Durante seis meses estuvo fuera de casa porque en alguna ocasión uno de sus hijos por poco es levantado por el grupo armado, y recurrió al desplazamiento. Regresó porque la vida se le hizo más dura con el pago de rentas y la falta de trabajo.
Además, no quería que sus propiedades fueran tomadas por la fuerza por esas personas, como pasó -asegura- con otras personas a quienes despojaron.
“Acá a los muchachos los cuidamos mucho, no los dejamos ir al campo ya, tenemos temor que se quieran desquitar con ellos”, relata.
A estas alturas del juego, está segura que el Alcalde se unió a esas personas malas para “atacar al pueblo”.
“Los jóvenes se están quedando sin poder estudiar, porque tiene miedo de ir a la escuela, y que los secuestren”.
Las autodefensas posan para la foto, piden video y testimonio de que existen y están trabajando por su seguridad. Afirman que son más quienes no quieren hablar por temor, pues si ya les quitaron a un ser amado, prefieren callar antes de arriesgarse a perder otro miembro de la familia.
