En Oaxaca se han instalado 27 parques de energía eólica desde 2016, con una capacidad de generar 2 mil 360 mega watts. La mayoría de ellos, establecidos en el Istmo de Tehuantepec, se edificaron a costa del bienestar de las poblaciones indígenas de la región que desde tiempos ancestrales han protegido el territorio.
Pero la gente del Istmo no ha dejado de protestar contra las arbitrariedades cometidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre las voces de reclamo se encuentra la de Bettina Cruz Velázquez, activista indígena y quien a pesar de la tortura, las falsas acusaciones y las amenazas en su contra continua al frente de una lucha que vela por el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Ella aclara que esta batalla es por la vida, por lo que es justo, por la tierra y por lo que quiere compartir con otras generaciones. Así que, a pesar de las dificultades que evitan que ellas y ellos luchen, continuará en la defensa de su hogar.
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- En la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se escuchan las voces de los comuneros resonar en el sentido del viento. Ahí donde el viento sopla, entre los humedales, las altas montañas y la extensa franja de litoral, se oye el reclamo de los pueblos binizzá e ikots que, durante casi 20 años, han denunciado la instalación de más de 25 parques eólicos que han dañado el medio ambiente.
Empresas extranjeras protegidas bajo el discurso ecológico del beneficio de la energía verde, promovido por el propio Gobierno mexicano, se insertaron en el territorio sin haber consultado previamente a sus pobladores. Por consiguiente, ellos han tenido que emprender la defensa de sus derechos frente al despojo. Entre las voces más poderosas del reclamo se encuentra la de Bettina Cruz Velázquez, activista indígena, quien a pesar de la tortura, la prisión, las falsas acusaciones y las amenazas continua al frente de una lucha que vela por el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Bettina es una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), constituida hace una década para informar y salvaguardar los derechos comunales de las poblaciones afectadas por la producción de energía renovable. Su actividad como defensora de la tierra y de los derechos de su comunidad comenzó cuando ella apenas cursaba estudios de secundaria y continuaría años después como consecuencia de una investigación que realizó para doctorarse en la Universidad de Barcelona.
En la actualidad es vocera frente al abuso de transnacionales como Mitsubishi, Coca-Cola, Femsa, Siemens, Waltmart, Cemex, entre otras marcas, las únicas beneficiarias de lo que promete ser el parque eólico más grande de América Latina.
INFORMAR, LA PRIMER TAREA
En Oaxaca se han instalado, desde 2016, 27 parques de energía eólica con capacidad para generar 2 mil 360 mega watts. La mayoría de ellos, localizados en el Istmo de Tehuantepec, se han establecido a costa de las poblaciones indígenas de la región que desde tiempos ancestrales han protegido el territorio.
Al Itsmo, el saqueo llegó en forma de contratos de renta que prometieron pagos anuales de 100 mil pesos, sin especificar afectaciones ecológicas, sociales y culturales; y así, por más de 20 años, los pobladores han quedado ocultos frente a un discurso empresarial y gubernamental que aboga por la generación de energía renovable que disminuya la dependencia de recursos escasos como el petróleo. Sin embargo, para los habitantes de la región la alternativa verde ha tenido implicaciones que significan el cierre de oportunidades, el despojo, el desplazamiento y la perdida de algunos usos y costumbres.
“Cada empresa agarró un polígono, le dieron información a la gente, les ofrecieron rentar la tierra de manera individual, sin reconocer la organización comunal (…) hicieron público sólo lo que ellos quisieron. A los comunidades no se les dio un contrato, no les dejaron analizar el contrato. De los convenios nadie puede salir y si la empresa quiere terminar con ellos avisa únicamente con dos meses de anticipación”, explica Bettina, mientras recuerda el inicio de su labor como activista.
Con ánimo de impedirlo, Bettina comenzó advirtiendo de casa en casa sobre los daños a la agricultura y a la ganadería; también a las actividades cotidianas como la recolecta de fruta y leña y, en general, sobre los impactos ambientales. Más tarde, en 2009, junto a otros colaboradores logró incorporar la Asamblea de Defensa del Territorio de Juchitán a los pobladores del municipio de Unión Hidalgo, una acción que se convertiría en la Asamblea de Pueblos Indígenas y del Territorio, la que desde entonces se opone al control de las grandes empresas.
Cruz Velázquez y sus pares no se detienen a pensar que “el control físico del territorio es total. Hay cercas, cámaras y policías que nos impiden el paso. No quieren que veamos cómo mueren las aves, los murciélagos; cómo chorrea el aceite en los ríos”.
Así como otros pobladores del Itsmo, la defensora de la tierra y el aire, no ha parado de visibilizar cómo la producción de la conocida energía verde –por su baja expedición de Gases de Efecto Invernadero (GEI)– afecta directamente a los pobladores que sufren por la contaminación de la tierra y el agua, la devastación de los cerros y el paisaje, la basura de los aceites lanzados hacia los ríos y el ruido que enferma a animales y personas.
Desde el inicio, los itsmeños no se han opuesto a la producción de dicha energía, como los discursos más conservadores sugieren, sino contra la falta de consulta y la acumulación de perjuicios, que contrastan con los escasos beneficios que les deja, lo que los ha colocado en fuerte tensión con las grandes empresas, la mayoría de ellas españolas, que han logrado tener un control total sobre el espacio físico impidiendo las labores de recolecta y agricultura, y produciendo daños en los caminos rurales y la fauna.
“Nosotros no cuestionamos la energía renovable, es la forma de producción y quienes se benefician de esa energía. Las empresas eólicas y los gobiernos federal y local se refugian en la energía renovable como pretexto para el despojo”, dice Bettina Cruz.
Y un ejemplo de que esas corporaciones no les han dejado bienestar alguno es que, pese a tener de vecinos los enormes generadores, la gente de la región tiene problemas de suministro de energía eléctrica. En caso de contar con el servicio, el costo es muy elevado, por lo que las protestas también se han encaminado en la denuncia de dicha injusticia. Así, se ha formado la Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, de la cual también forma parte la activista y por la que fue detenida y encarcelada en 2012.
Cuando Cruz habla sobre las dificultades de ser defensora de la tierra piensa de inmediato en su condición de mujer: “como mujeres es mucho más difícil, nos dicen que andamos buscando problemas o que estamos teniendo aventuras sexuales, que somos débiles o que no nos interesa el progreso, nos atacan por los hijos y los vínculos familiares”.
“Cuando me amenazan pienso: ‘¿Qué cosas dejo pasar por estar luchando?”, reflexiona Bettina.
Ella aclara que lucha es por la vida, por lo que le parece justo, por la tierra y por lo que quiere compartir con otras generaciones. Así que, a pesar de las dificultades que evitan que ellas y ellos luchen, Cruz afirma que continuará en la defensa de la tierra: su hogar.
LA HERENCIA DEL SEXENIO
En febrero de 2012, Cruz Velázquez pasaría por uno de los momentos más duros en su carrera como activista.
Alrededor de las 3:30 de la tarde del día 22 fue arrestada por agentes de la oficina del Fiscal General de Oaxaca en el municipio de Santa María Xadani. Los policías encargados no contaban con orden de arresto y no le informaron a la misma sobre el motivo de su detención. Fue liberada un día después de su detención, a pesar de que un juez había ordenado su liberación bajo fianza una noche antes. Sin embargo, durante casi tres años enfrentó juicios acusada de los delitos mencionados.
Su detención ocurrió en el contexto de una fuerte criminalización dirigida hacia los defensores del territorio, proceso que iba en aumento y que se recrudeció en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los atentados contra la defensora se incrementaron de tal manera que en 2017, junto a Rodrigo Flores Peñaloza, denunció constantes ataques e intimidaciones que consistían en la vigilancia por hombres no identificados, persecución por parte de hombres armados y amenazas escritas dirigidas de manera directa. En enero de 2018 se volvió acreedora de medidas cautelares emitas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La violencia contra los protectores de la tierra y el territorio fue uno de los móviles del sexenio que termina.
Entre 2016 y 2017, la organización internacional Global Witness documentó 11 asesinatos, de los cuáles ocho se registraron en los primeros cinco meses del segundo año mencionado. Las campañas de odio y los ataques, muchas veces terminados en asesinados, son sucesos frecuentes para quienes defienden la naturaleza “pensando en la vida”.
“Me metieron a la cárcel, fui criminalizada; varios compañeros fueron asesinados y otros compañeros fueron a prisión, en este periodo se levantaron más de 100 averiguaciones previas contra todos (…) ha sido muy fuerte; este sexenio fue muy fuerte incluso para mantener la vida frente a estos megaproyectos apoyados por los gobiernos federal y estatal que lo que han hecho es administrar a este país como una empresa, una que ni siquiera es mexicana, como una empresa extranjera que todo quiere tener a su disposición y despojarnos de todos los bienes culturales y naturales”, argumenta Cruz.
Para Bettina las diferencias que han colocado a las comunidades del Istmo frente a las grandes empresas fueron perpetuadas luego de que en el Gobierno de Peña Nieto se aprobaran reformas que ningún otro gobierno había logrado concretar.
De manera especial se refiere a la Reforma Energética y su método de “producir energía sobre todas las cosas”, como una de las legislaciones que más está dañando a los pueblos indígenas. En 2014, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), el priista Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que en el documento se habían establecido el respeto al derecho de las comunidades a ser consultadas. Así, este Gobierno federal heredó una serie de consultas que sirven para “legitimar decisiones que ya han sido tomadas”.
Entre 2014 y 2015 se realizó en la región una “supuesta consulta” para continuar con la construcción de nuevos parques. Los istmeños denunciaron que la misma no cumplía con las normas consideradas por el Marco Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas, en el que se se estable que éstas deben ser previas, bien informadas y de buena fe.
“En Juchitán la consulta no fue previa, no fue informada. Ya se habían hecho contratos con la gente por la posesión de la tierra. Las consultas deben ser previas a la construcción porque si no, no somos nosotros quienes decidimos. Lo que esta en el fondo de las consultas es el derecho a la autodeterminación”, menciona.
El derecho de los pueblos de autodeterminarse es prioritario para la mujer binizzá que agrega que el nuevo modo de consulta nacional promovido por el nuevo Gobierno no es correcto, ya que los consultados deben ser “aquellos a los que les va a cambiar la vida con una decisión”.
A pesar de las malas decisiones y de la operaciones “falsas”, en enero de 2018 los habitantes de la región tuvieron un triunfo histórico, luego de haber interpuesto recursos que incluían la denuncia de la consulta: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a las comunidades de Juchitán, Oaxaca, contra el nuevo proyecto de Eólica del Sur. Aún se espera que el fallo de la sentencia resulte a favor de las comunidades indígenas.
