El estado de Tlaxcala, gobernado por el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, enfrenta desde hace varios años un severo problema con la trata de personas, delito que de acuerdo con las autoridades es visto como “algo normal” por los ciudadanos.
Al problema de la trata de personas se le han sumado la violencia de género y los feminicidios, delitos que han colocado a Tlaxcala en la mira de diversas organizaciones que han solicitado a las autoridades la declaratoria de alerta de género y una alerta por la trata de mujeres y niñas, convirtiéndose así en el único estado del país en presentar una solicitud de este tipo.
A pesar de que en algunos municipios como Tenancingo, la trata es considerada una práctica normal, al alarmante número de feminicidios en la entidad y a la exigencia de las organizaciones y ciudadanía la Secretaría de Gobernación rechazó el pasado mes de agosto declarar la alerta de género en la entidad.
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Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– A 11 meses de que asumiera el cargo como Gobernador del estado de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, no ha podido hacerle frente al grave problema de trata de personas que se vive en la entidad.
Desde sus días como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, Mena Rodríguez prometió combatir la trata de personas en la entidad; sin embargo, la realidad muestra que que el ahora mandatario poco ha podido hacer frente a esta problemática.
Durante su campaña, Marco Antonio Mena prometió crear una estrategia de reforzamiento de valores para estrechar los vínculos familiares y hacer notar a la ciudadanía que la trata es un delito a pesar de que es considerada por muchos como una práctica común.
La trata aqueja a la entidad desde hace varios años y, aun así, Marco Antonio Mena se ha empeñado en minimizar el problema y en diversas ocasiones ha asegurado que la problemática no debe ser tratada como un foco rojo y que este delito no es exclusivo de Tlaxcala.
“Nosotros estamos comprometidos con el hecho de por un lado trabajar en materia de prevención y por otro lado aplicar la Ley cuando haya un delito. En el caso de Tlaxcala, hemos tenido mayor visibilidad debido a que los últimos años ha habido documentales y reportajes que han llamado la atención sobre casos en el sur del estado, pero debo decir que el problema de trata de personas es un problema regional”, expuso el político del PRI.
TENANCINGO, CUNA DE LA TRATA DE PERSONAS
El municipio de Tenancingo, Tlaxcala, ha saltado a la luz pública por ser considerado como la cuna de la trata de personas en México. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han denunciado esta práctica que es considerada “normal” en tres sus habitantes.
Tenancingo, nombrado por las organizaciones como “la capital de la trata de personas” es un pueblo de alrededor de 10 mil habitantes donde cerca del 10 por ciento de su población se dedica a reclutar, explotar sexualmente e inclusive vender a las mujeres.
En Tenancingo la mujer es vista como un un objeto que puede explotarse de manera indefinida y que es bastante común que “padrotes” le arrebaten a sus hijas a las familias para explotarlas sexualmente.
De acuerdo con el Diagnostico Integral del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y La delincuencia 2016 realizado por la Secretaría de Gobernación la mayoría de las familias de Tenancingo participa en la trata de blancas pues obtienen una remuneración económica a cambio.
“Tlaxcala y una parte de Puebla tienen familias enteras que se dedican al negocio de la trata de personas. Estas normalizaron esta conducta así como la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños. No lo ven como un delito porque es su forma de sobrevivir”, indica el documento.
LOS FEMINICIDIOS,UN NUEVO PROBLEMA
En lo que va del año, el estado de Tlaxcala registra un total de 13 feminicidios entre los que destaca el caso de Jazmín Contreras, una joven de 19 años de edad que fue asesinada por dos de sus empleados que estaban cansados de recibir órdenes.
Edith Méndez Ahuactzi, directora de la asociación civil Colectivo Mujer y Utopía (CMU) indicó que desde 2008 hasta la fecha su organización y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han contabilizado a través de los medios impresos y electrónicos un total de 102 casos en la entidad y 13 en lo que va de 2017.
A pesar del aumento en el número de feminicidios, hasta la fecha no existe una averiguación previa por feminicidio a pesar de que desde el mes de marzo de 2012 fue tipificado en el Código Penal local.
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EL HOMICIDIO DE JAZMÍN, UN CASO QUE INDIGNÓ AL PAÍS
El pasado 21 de octubre autoridades de Tlaxcala localizaron en un cerro del pueblo de San Cosme Mazatecochco, el cuerpo sin vida de Jazmín Contreras López, una joven de 19 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el lunes 16 de octubre.
Elementos del Grupo Especializado al Combate del Delito de Secuestro de la Policía de Investigación hallaron el cuerpo de la joven, el cual presentaba huellas de tortura.
De acuerdo con sus familiares, el pasado 16 de octubre alrededor de las 16:00 horas, Jazmín salió de su trabajo pero nunca llegó a su casa.
De manera inmediata su familia dio aviso a las autoridades quienes iniciaron con las labores de búsqueda y tras cuatro días de trabajo finalmente encontraron el cuerpo de la joven.
Según información de medios locales, Jazmín habría sido privada de su libertad y sus supuestos plagiarios habrían pedido 5 mil pesos a su familia para liberarla.
Tras realizar las indagatorias correspondientes la Procuraduría de Tlaxcala informó que Jazmín, dueña de una empresa textilera ubicada en Mazatecochco, Tlaxcala, fue asesinada por su empleados.
Óscar “N” y Miguel “N”, ambos de 24 años, fueron detenidos por la policía tlaxcalteca, pues se presume que ambos asesinaron a su jefa.
De acuerdo con medios locales, Miguel “N” le debía 14 mil pesos a Contreras López. En tanto, Óscar “N” también tenía problemas con su jefa, aunque no se sabe más al respecto.
Familiares de Jazmín Contreras la reportaron como desaparecida desde el pasado 16 de octubre, pues no regresó a casa desde un día antes cuando salió a laborar.
Varios videos grabados por cámaras de lugar del negocio fueron revisados por Agentes de la Procuraduría de la entidad, y en ellos observaron cómo Óscar “N” y Miguel “N”forcejeaban con Jazmín para sacarla de su negocio.
En un comunicado de la Procuraduría, dio a conocer que Óscar “N” fue detenido el 18 de octubre y confesó que él, en complicidad con Miguel “N”, mataron a su jefa y abandonaron su cuerpo en La Malinche.
“Miguel N., quien de la misma manera declaró asistido por el defensor, que privaron de la vida a quien se desempeñaba como su jefa en la empresa, por problemas personales y económicos; además, dijo que abandonó el cuerpo en las inmediaciones de La Malinche”.
Ambos jóvenes fueron obligados por las autoridades de Tlaxcala a revelar dónde llevaron el cuerpo de la joven; el cadáver fue ubicado el 20 de octubre en un cerro y Óscar “N” y Miguel “N” fueron recluidos en un penal para enfrentar su proceso legal.
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EXIGEN ALERTA DE GÉNERO POR FEMINICIDIOS
El pasado mes de septiembre organizaciones nacionales e internacionales urgieron al gobierno de Tlaxcala declarar la alerta de género en la entidad ante el creciente número de casos registrados.
Las organizaciones recordaron que en Tlaxcala operan redes de trata de persona y grupos delincuenciales dedicados a secuestrar, violar y asesinar a mujeres, adolescentes y niñas.
Pese a las demandas de las organizaciones y ciudadanía, la Secretaría de Gobernación rechazó la declaratoria el pasado 4 de agosto.
PENAS POR FEMINICIDIOS DISMINUYEN
Pese al creciente número de casos de feminicidios registrados en la entidad, los diputados locales decidieron abrogar el artículo 229 bis del Código Penal, que establecía penas de 30 a 70 años de prisión a quienes incurrieran en este delito.
Los legisladores decidieron reducir en 10 años las penas de prisión y hasta en un 460 por ciento la sanción económica a quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
El dictamen del proyecto remitido por el Ejecutivo local -hace más de un mes-, asistido de la secretaria de Gobierno, Edith Anabel Alvarado Varela, argumenta que la reducción de la pena tiene como fin armonizar la disposición estatal con lo que menciona el artículo 235 del Código Penal Federal.
No obstante, en la iniciativa aprobada fue añadido un párrafo que establece las sanciones que serán impuestas a los servidores públicos que retarden o entorpezcan “maliciosamente o por negligencia” la procuración o administración de justicia.
Se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años de prisión y de 500 a mil 500 días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, dice el texto.
