Durante casi tres sexenios, con respaldo del gobierno, se llevó a cabo un programa de vivienda que únicamente sirvió para enriquecer a empresas inmobiliarias y dejó un profundo desencanto en millones de frustrados compradrores. Pero, junto con la atención de esta necesidad y la satisfacción de este derecho de millones de mexicanos, hay otro problema urgente que tendrá que resolver la nueva administración morenista: ¿Qué hacer con más de seis millones de viviendas que están abandonadas por sus dueños, debido a que están ubicadas en sitios inhabitables?
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Por mandato constitucional, establecido en el Artículo 4 de la Carta Magna de nuestro país, “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Por lo tanto, el plan de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se inscribe en el imperarativo jurídico que compromete al Estado a atender y resolver esta necesidad para todos los mexicanos, de tal manera que la vivienda de interés social no puede estar sujeta a la ley de la oferta y la demanda, y condicionada por fines de lucro, como sucedió durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, así como en un tramo de la administración del priista Enrique Peña Nieto.
Durante casi tres sexenios, con respaldo del gobierno, se llevó a cabo un programa de vivienda que únicamente sirvió para enriquecer a empresas inmobiliarias y dejó un profundo desencanto en millones de frustrados compradrores. Pero, junto con la atención de esta necesidad y la satisfacción de este derecho de millones de mexicanos, hay otro problema urgente que tendrá que resolver la nueva administración morenista: ¿Qué hacer con más de seis millones de viviendas que están abandonadas por sus dueños, debido a que están ubicadas en sitios inhabitables?
En el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se contabilizaron 43.9 millones de viviendas particulares, de ellas: 35.2 millones están habitadas, 6.2 millones se encontraron deshabitadas y 2.5 millones son de uso temporal. Respecto de este conjunto, las viviendas habitadas representan 80.2 por ciento, las deshabitadas 14 por ciento y las de uso temporal 5.7 por ciento.
El pasado lunes 14 de octubre del 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se construirá un millón de viviendas y se entregará un millón de escrituras, con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores.
GRAN NEGOCIO, GRAN FRACASO
Las singularidades del gran fracaso que significó poner en manos privadas, y atada a los fines de lucro la estrategia de vivienda de los gobiernos panistas de Fox Quesada y Calderón Hinojosa, quedaron registradas en una larga serie de reportajes publicados por el periódico estadounidense Los Ángeles Times. En un capítulo denominado “Una Visión Fallida”, escrito por Ricard Maros, el pariódico estadounidense documentó hechos relevantes en su edición del 26 de noviembre del 2017.
“Dieciséis años atrás [en 2001, durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada], México se embarcó en una campaña monumental para elevar el nivel de vida de sus masas trabajadoras. El gobierno se asoció con desarrolladores privados para construir viviendas asequibles a gran escala. Los inversionistas globales –como el Banco Mundial, las grandes fundaciones y las empresas financieras de Wall Street- invirtieron miles de millones de dólares en este esfuerzo. Vastos conjuntos habitacionales surgieron entre pastizales de vacas, granjas y viejas haciendas. De 2001 a 2012, se estima que 20 millones de personas -una sexta parte de la población de México- abandonaron las ciudades, barrios marginales y zonas rurales por la promesa de una vida mejor”, señala Los Ángeles Times.
Relata el reportero estadounidense Ricard Maros que el programa de vivienda, con el aval del gobierno, costó más de 100 mil millones de dólares, y algunos inversionistas y ejecutivos de la construcción, obtuvieron enormes ganancias, proclamándose a sí mismos como ‘constructores de naciones’, al tiempo que se unieron a las listas de los ciudadanos más ricos de México. “Mientras tanto, trabajadores de fábricas, propietarios de pequeños negocios, jubilados y servidores públicos que compraron las casas, se quedaron atrapados con préstamos hipotecarios complejos y con pagos que aumentan a medida que sus hogares y vecindarios van decayendo”, explicó Los Ángeles Times.
El reportaje del periódico estadounidense hace una fuerte denuncia: “El programa, plagado de corrupción y falta de supervisión desde el inicio, ha alcanzado niveles de crisis en medio de la indiferencia y la impunidad del gobierno. Las autoridades rara vez han investigado las denuncias generalizadas de fraude. Y los desarrolladores, en algunos casos, han intentado obstaculizar los esfuerzos de los propietarios para solucionar los problemas”.
El programa de vivienda que trascendió los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, al del priista Enrique Peña Nieto, propició que ante la indiferencia del gobierno “muchos desarrollos se construyeron lejos de los centros de empleo en tierras marginales -humedales, márgenes de ríos y laderas inestables- con escaso acceso al agua corriente. Muchos funcionarios locales reescribieron las leyes de zonificación y aprobaron los desarrollos con poca o ninguna revisión. Los desarrolladores redujeron el tamaño de las casas, construyendo alrededor de 1 millón de unidades de apenas 325 pies cuadrados, (30.18 metros cuadrados) que es más pequeño que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos. Muchas familias de seis, siete o más personas viven en estas mini viviendas, durmiendo a un lado de la lavadora o en los pasillos”.
Floreció, en medio del abuso y la corrupción, un programa de vivienda auspiciado y financiado por el gobierno, que el reportero de Los Ángeles Times documenta al señalar que “bajo la administración de Fox y de su sucesor, Felipe Calderón, los préstamos del INFONAVIT aumentaron de 205,000 emitidos en 2001 a 494,073 en 2008. Los nuevos préstamos estaban dirigidos a compradores que adquirirían por primera vez una vivienda, que tenían ingresos modestos y poco o ningún ahorro. Para aumentar los esfuerzos gubernamentales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo invirtieron 2,800 millones de dólares en el sector de vivienda de México. El torrente de dinero hipotecario creó un escenario soñado para desarrolladores grandes y pequeños. Con una cartera de clientes precalificados, podrían vender casas tan rápido como pudieran construirlas”.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el porcentaje de viviendas particulares deshabitadas por entidad federativa muestra que la mayor proporción se encuentra en Zacatecas (20.2%), seguida por Hidalgo (19.1%) y Michoacán de Ocampo (18.3 por ciento). Con un menor peso relativo de viviendas deshabitadas se identifican Baja California (9.0%) y Ciudad de México (6.8 por ciento). En cuanto a las viviendas particulares de uso temporal, Morelos tiene el mayor peso relativo (14.7%), seguida por Oaxaca (10.8%) y Guerrero (10.7 por ciento); en cambio, las entidades que presentan la menor proporción de este tipo de viviendas son Aguascalientes (3.7%) y la Ciudad de México (2.4 por ciento).
LA QUIEBRA Y LOS ABUSOS
Un floreciente negocio que causó tantos quebrantos a sus presuntos beneficiarios, a tal grado que miles abandonaron los bienes inmuebles con los que habían soñado toda su vida, no podría durar para siempre. El 12 de abril del 2021 el periódico El Financiero publicó un capítulo más de esta truculenta trama.
Registró El Financiero que la quiebra y crisis de algunas constructoras de vivienda como Geo, Homex y Urbi entre 2008 y 2015, generó que alrededor de unas 80 mil viviendas en todo el país quedaran emproblemadas por falta de servicios, ubicación en zonas de riesgo y abandono. En entrevista con El Financiero, Carlos Martínez Velázquez, entonces director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) aseguró que el instituto evaluaba estos casos en zonas como el sur, centro y norte de la República, tras fracasar el modelo que privilegió el desarrollo explosivo de viviendas en pasadas administraciones.
El 2 agosto 2024, la plataforma digital Notiver reseñó otra variable del asunto: “Empresas que se dedicaban a la construcción de viviendas como Casas Geo, Homex y Urbi, quebraron y dejaron problemas severos de dotación de servicios en varios lugares del estado, lo que ha provocado afectaciones a más de 200 mil personas”. Explica Notiver que “los municipios con mayor incidencia de irregularidades eran Alvarado, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Minatitlán, Poza Rica, Pueblo Viejo, Soconusco, la ciudad de Veracruz, y Xalapa”. Esta denuncia la hizo el diputado local priista, Marlon Ramírez Marín, quien presentó una iniciativa de reforma a las disposiciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, para municipalizar la infraestructura urbana de los desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos que no estuvieran regularizados hasta esa fecha fecha.
En otras entidades el problema es también muy grave, como en Jalisco. El director general de Vivienda del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Andrés Ampudia Farías, calculó que en la zona metropolitana de Guadalajara hay 200 mil casas abandonadas y Tlajomulco, en particular, es el líder nacional del problema, con 77 mil unidades que están en el olvido, señaló en declaraciones al periódico La Crónica, en nota publicada por el reportero Ignacio Pérez Vega el pasado 8 de febrero del 2024.
“Nos encontramos que, Guadalajara [la ciudad] tiene algo parecido a 40 mil viviendas abandonadas, Zapopan 50 mil viviendas y Tlajomulco tiene 77 mil viviendas. Tlajomulco es el municipio con mayor cantidad de viviendas deshabitadas de México y aquí empieza a ver un fenómeno muy complejo, porque es un fenómeno multifactorial y multiactorial”, precisó el director general de Vivienda del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Andrés Ampudia Farías. Tlajomulco de Zúñiga ha sido gobernado, desde 2010 y continuará hasta el 2027, por administraciones surgidas del partido Movimiento Ciudadano.
Un pequeño bloque de contención a este frenesí inmobiliario, determinado por el lucro y el abuso con la necesidad de millones de personas, fueron las reformas incorporadas en 2016 a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que vinculó el tema de la vivienda a la dotación de infraestructura, equipamientos y servicios básicos, señala la investigadora Yolanda Fernández Martínez en su ensayo “La nueva cara de la política de vivienda en México rumbo al 2036”, publicado en la revista “Vivienda” del INFONAVIT, del 17 noviembre del 2021.
El presentar su programa Nacional de Vivienda 2021-2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo las siguientes observaciones: “La ubicación de una vivienda adecuada es aquella que ofrece acceso a oportunidades de empleo, salud y educación, así como a otros servicios, equipamientos e instalaciones sociales; además es fundamental que se sitúe en zonas libres de contaminación o riesgos. Es decir, la vivienda adecuada debe ubicarse en zonas conectadas y seguras”.
Advierte también el gobierno de López Obrador que “en términos de proximidad a empleo y equipamientos, en México se identifican deficiencias considerables. Entre 2014 y 2017 los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) financiaron la construcción de más de 2.2 millones de unidades, pero sólo 8.0 por ciento se localizó en zonas urbanas plenamente consolidadas. De las viviendas construidas en 2017 para el segmento económico (con un costo por debajo de $311 mil pesos), únicamente 2.9 por ciento se situó en áreas consolidadas, mientras que 73.0 por ciento se ubicó en zonas periurbanas desconectadas de fuentes de empleo, equipamiento, servicios urbanos y redes de transporte”.
EL NUEVO PLAN
El pasado lunes 14 de octubre del 2024 la Sheinbaum Pardo, presentó el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se pretende construir durante los próximos seis años un millón de viviendas y se entregar un millón de escrituras, con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores.
Explicó la presidenta que, del millón de viviendas nuevas, 500 mil serán construidas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para la población derechohabiente, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) realizará otras 500 mil para personas no derechohabientes, cuyo financiamiento será por parte de la Financiera del Bienestar (Finabien).
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que el Programa de Vivienda y Regularización del actual gobierno implica la inversión federal de 600 mil millones de pesos para beneficiar a todas las zonas del país con la construcción de 325 mil viviendas en el sur; 239 mil 400 en el centro; 228 mil 800 en el centro-norte y 206 mil 800 en el norte.
Además, se contemplan 450 mil acciones de mejoramiento y ampliaciones de viviendas en zonas prioritarias con alto grado de marginación, lo que generará 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos. Precisó que, en 2025, se construirán 165 mil viviendas nuevas; se mejorarán 100 mil viviendas en la zona oriente del Estado de México y se regularizarán más de 120 mil escrituras.
Mientras que el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, señaló que para la construcción de las 500 mil viviendas nuevas de interés social de bajo costo, se destinará una inversión de 288 mil millones de pesos, así como la entrega de 250 mil créditos para mejoramiento, con presupuesto de 20 mil millones de pesos. Para cumplir ese propósito el INFONAVIT creará una empresa inmobiliaria para disminuir costos e incrementar la capacidad de vivienda. Port su parte, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, explicó que esta institución construirá 500 mil viviendas –con todos los servicios y de hasta 600 metros cuadrados– con inversión de 285 mil millones de pesos y la mejora de 300 mil viviendas con presupuesto de 15 mil millones de pesos.
Pero al final, sigue latente la gran interrogante: ¿De qué forma intervendrán los gobiernos federal, estatales y municipales para reactivar, equipar y dotar de servicios básicos a todas las zonas en las cuales hay más de seis millones de viviendas abandonadas y deshabitadas?
