Por Ornela Garelli

En los últimos años, cerca de 28 estados de la República han aprobado legislaciones para prohibir diversos productos plásticos de un solo uso con el fin de hacer frente al problema ambiental que ocasionan. El veloz avance estatal lleva a cuestionarnos por qué a nivel federal, en el Congreso de la Unión, no se está haciendo algo para contribuir a combatir la contaminación plástica desde todos los frentes posibles. Desde la sociedad civil llevamos más de tres años tratando que el Senado haga su parte, esfuerzos hasta ahora sin éxito.

Desde la Alianza México sin Plástico (AMSP) hemos demandado la necesaria reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), de modo que desde el Congreso se establezca un marco mínimo sobre la mejor manera de atender este problema ambiental que sirva de base para la legislación estatal, que contribuya a la coordinación entre órdenes de gobierno y a la identificación de facultades y responsabilidades claras para todos los actores pertinentes.

A pesar de los evidentes daños que los plásticos causan en los ecosistemas, la biodiversidad, la salud humana y el clima del planeta, las senadoras y senadores han estado renuentes a legislar en la materia. ¿Se deberá a la presión por parte de la industria del plástico? ¿a la falta de sensibilización? ¿a la ignorancia sobre el tema? ¿a otras prioridades? ¿a intereses políticos y su ya conocido vínculo con los intereses económicos? La respuesta puede incluir una mezcla de todas las razones mencionadas, pero la última propuesta que ha elaborado la Comisión de Medio de Ambiente del Senado indica que la presión empresarial y su colusión con el poder político son las respuestas más acertadas.

Por medios informales, llegó a la AMSP la propuesta de dictamen que la Comisión de Medio Ambiente espera discutir y aprobar el lunes 18 de octubre para modificar la LGPGIR y supuestamente hacer frente al problema ambiental que representan los plásticos. Sin embargo, se trata de una reforma “antiplásticos” que no frena la contaminación plástica, sino que incluso podría llegar a agravarla. Esta propuesta:

1) No establece responsabilidades claras y ambiciosas para las empresas, cuando son éstas las que ponen los productos plásticos en el mercado y por tanto deben hacerse cargo de ellos durante todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta su disposición final. A esto se le llama responsabilidad extendida de los productores (REP). La REP asegura que las empresas brinden a las personas consumidoras opciones libres de plástico/reutilizables que no generen residuos y que dichas empresas participen en esquemas que aseguren la correcta gestión de los residuos que sí lleguen a generarse, es decir, asegura que las empresas recolecten los envases, que en efecto los reciclen, que se avance a la reutilización, etc. La REP es esencial.

2) Presenta una definición de plásticos de un solo uso que deja fuera a prácticamente todos los productos prohibidos por los estados si estos pueden reciclarse, compostarse o valorizarse. Un producto plástico de un solo uso se define así por estar diseñado para tener una vida útil muy corta, para ser desechable, y esta condición no cambia porque idealmente pueda reciclarse o compostarse. Las cifras indican que el reciclaje en el mundo y en México está por debajo del 10%, por tanto, que un producto sea reciclable quiere decir que tiene el potencial de reciclarse, pero esto no significa que en la práctica se vaya en efecto a reciclar.

3) Pone en riesgo las prohibiciones ya aprobadas en los estados, tanto por la definición antes mencionada como por consideraciones de pertinencia económica. A pesar de que las prohibiciones estatales tengan áreas de oportunidad que deben mejorarse, no hay razón para echarlas para atrás, toda reforma a la LGPGIR debe partir de sus fortalezas y no implicar retrocesos a logros ya alcanzados por el medio ambiente.

4) Promueve la incineración de residuos mediante esquemas como el co-procesamiento, algo sumamente grave, dado que la quema de residuos, aunque sea para generar energía, genera emisiones de gases de efecto invernadero y de químicos tóxicos que no solo agravan el calentamiento global sino que también dañan la salud de las personas.

En general, esta propuesta solamente es una simulación para que los y las senadoras puedan decir que está haciendo su trabajo, cuando en realidad persiste este fuerte vínculo con el poder económico que se refleja en un dictamen hecho a la medida de las empresas contaminantes.

Por todo lo anterior, a pesar de que consideramos importante que se reforme la LGPGIR, un dictamen con estas alertas y carencias no debe aprobarse. Senadores y Senadoras, aún están a tiempo de evitarlo.

*Ornela Garelli es especialista en Consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México

Greenpeace

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