El hallazgo de dos contenedores de refrigeración con más de 300 cadáveres en Guadalajara, Jalisco, en septiembre pasado, puso de manifiesto el nivel del problema de las desapariciones en el país.
Distintos colectivos de los estados de Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Guerrero y Michoacán se han dado a la tarea de llevar a cabo sus propias búsquedas e investigaciones, ante la falta de certeza y de los limitados resultados de las autoridades.
Por Juan Manuel Ramírez
Ciudad de México, 18 de octubre (EFE).- Los 37 mil 485 casos oficiales de personas desaparecidas en México son apenas la punta del iceberg en el aumento de violencia e inseguridad que se registra en este país en los últimos años.
De esta tragedia uno de los datos más impactantes es que de todos los miles de desaparecidos solo se han identificado 340, menos del 1 por ciento.
Según el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, “seguramente es mucho más grande el número de personas desaparecidas, pero tenemos que basarnos en datos oficiales”.
“Este es uno de los temas más dolorosos y complejos que resiente nuestro país”, dijo.
Una muestra de la tragedia lo constituye el numero de cadáveres que se amontonan en las morgues o incluso en camiones, ya que las autoridades forenses están desbordadas.
A mediados de septiembre, el hallazgo de dos contenedores de refrigeración con más de 300 cadáveres en Guadalajara, oeste de México, puso de manifiesto el nivel del problema de desapariciones que en este país.
En aquel momento, el extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, contó a Efe que la capacidad de los refrigeradores de la institución era de 72 cuerpos “pero tienen 144 porque había que forzar un poquito la capacidad”.
Explicó que al ver que los “cuerpos se estaban descomponiendo, la fiscalía tuvo la necesidad de contratar desde hace dos años ese (primer) camión refrigerante”, que en un inicio contenía 200 cuerpos, aunque 100 cuerpos fueron identificados.
Apenas el martes, las autoridades de Jalisco encontraron 16 cadáveres en dos fosas clandestinas en el Municipio de Tonalá, que se suman a los 67 los cuerpos hallados en diez fosas clandestinas desde junio pasado en los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto y Juanacatlán, que forman parte de la zona metropolitana de Guadalajara.
Ante la falta de certeza y de los limitados resultados de las autoridades, distintos colectivos de los estados de Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Guerrero y Michoacán se han dado a la tarea llevar a cabo sus propias búsquedas e investigaciones.
Uno de ellos es el Colectivo Solecito, una organización de madres y familiares de desaparecidos que ha encontrado numerosas fosas clandestinas, una de ellas en la que se localizaron 300 cadáveres, una de las más grandes del país.
“Mi única misión en la vida hoy en día es buscar a nuestros amados desaparecidos y encontrarlos”, dijo Lucía Díaz Genao, fundadora del colectivo a mediados de septiembre, en un comunicado.
Apenas el lunes, el presidente de la universidad estadounidense de Notre Dame, el reverendo John I. Jenkins, participó en una misa celebrada frente a la fosa y agradeció al colectivo su incansable lucha para afrontar las desapariciones en México.
Ante la cifra de desaparecidos, ofrecida la semana anterior por el actual Gobierno, el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, propuso la creación de un sistema nacional forense al estimar que la localización e identificación de personas desaparecidas llevada a cabo por la actual administración ha sido deficiente.
“Es muy tardía la decisión del Gobierno federal actual para instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, casi un año después de que fue publicada la ley. Un año perdido y el mejor indicador de ello es que menos del 1 por ciento por ciento de los cuerpos encontrados son los que se han podido identificar”, dijo.
Consideró que la instalación del Sistema “se llevó a cabo para cubrir el expediente y no para enfrentar el problema”, apuntó.
Hace dos semanas Loretta Ortiz, asesora en Derechos Humanos del próximo Gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, aseguró que en el tema de las desapariciones no se podía dar una cifra “ni medianamente cercana de los desaparecidos en territorio nacional”.
Precisamente el 30 de agosto, con motivo del Día de Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, informó que, a la fecha, en el Registro Nacional de Víctimas se tienen 1.394 personas inscritas por el delito de desaparición forzada.
La mayor parte se concentra en los estados de Guerrero, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, México y Guanajuato.
Desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició una guerra frontal contra grupos del narcotráfico, los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo víctimas de desaparición forzada, han ido en aumento en México.
Bajo el mandato de Peña Nieto (2012-2018), el caso más mediático ha sido la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en manos de policías corruptos.
Uno de los pendientes del Gobierno de López Obrador será atender esa crisis, identificar a las víctimas y certeza a los familiares, un paso obligado en busca de la justicia a la que aspira México.
