El Senador panista Jorge Luis Preciado, originario de Colima, presentó hace poco una iniciativa sobre portación de armas que causó revuelo a nivel nacional.
La iniciativa, con serias pretensiones de modificar el artículo 10 constitucional, ha venido marcando la agenda de opinión de las últimas dos semanas, en donde se nota una escisión entre los que están de acuerdo en que se pueda portar arma– además del domicilio, en el auto y el negocio– y los que se niegan rotundamente a pistolizar al país.
Si bien la “recta” moral siempre será partidaria de la paz antes que de la guerra, y, bajo esta premisa, lo mejor sería entonces donar un libro que extender un arma, lo innegable es que en México la violencia ha llegado a niveles tan altos que no nos queda la menor duda de que estamos frente a un Estado fallido, que es aquel que– según lo consignó el propio Thomas Hobbes en el Leviatán– es incapaz de proveer de paz y armonía a la sociedad.
En nuestro país se vive uno de los peores momentos de su historia: corrupción política desorbitada (rodeada de escándalos que incluso incriminan al Presidente de la República), desigualdad (el 9 por cuento del PIB nacional está en manos de cuatro millonarios, por ejemplo), pobreza (hay más de 50 millones de pobres, 25 de los cuales padecen extrema pobreza), impunidad (según el Índice Global de Impunidad, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo por detrás de Filipinas) y una violencia que ha venido erosionando el tejido social casi de igual modo o más al padecido por los países en guerra, lo anterior según informe reciente del Centro de Control de Desplazamiento Interno.
Ante un Estado fallido o indiferente, pues, la idea de que sean los propios ciudadanos los que se provean de la seguridad de sí mismos, su familia o su patrimonio no parece tan descabellada como pudiera pensarse, sobre todo porque esta iniciativa lo que pone realmente sobre la mesa de discusión es la ineficacia del Estado mexicano (véase reciente contrapropuesta de Movimiento Ciudadano al respecto) para detener el tsunami de violencia que afecta a miles de ciudadanos inocentes y la necesidad de que, de una vez por todas, se dé una solución contundente al cinismo político.