Dallas, 18 Oct (Notimex).- El movimiento para prohibir la existencia de cárceles privadas en Estados Unidos tomó un súbito auge en los últimos meses, al insertarse en las campañas políticas de algunos de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca.
Esto ocurre como resultado del aumento de la concientización pública en contra de esta industria, que lucra con el encarcelamiento.
Un creciente numero de ciudadanos estadunidenses expresa su oposición a un modelo de negocio que está sustentado en encarcelar a más personas por más tiempo, en vez de buscar su rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
La ex Secretaria de Estado Hillary Clinton y el senador Bernard Sanders, los dos principales aspirantes de demócratas a la presidencia de Estados Unidos, han prometido eliminar la industria de las cárceles privadas, en caso de llegar a ocupar la Casa Blanca.
Clinton ofreció la semana pasada a líderes del movimiento Black Lives Matter, que lucha contra los abusos policiales contra afroamericanos, incluir en su plataforma social terminar con las prisiones privadas, en lo que sería su primer pronunciamiento sobre el tema.
Sanders, quien ha hecho de este asunto uno de sus temas de campaña, encabeza un grupo de legisladores que el mes pasado presentó una iniciativa de ley para prohibir las prisiones privadas y restablecer el sistema de libertad condicional federal, así como eliminar las cuotas para el número de inmigrantes detenidos.
La ley prohibiría a los gobiernos locales, estatales y federal, contratar a empresas privadas para propósitos del encarcelamiento, dos años después de aprobada la iniciativa.
“Es moralmente repugnante y constituye una tragedia nacional que hayamos privatizado las cárceles en todo Estados Unidos”, dijo Sanders al presentar el proyecto de ley La Justicia no está a la venta, con los representantes demócratas Raúl M. Grijalva, Keith Ellison y Bobby L. Rush.
“No podemos arreglar nuestro sistema de justicia penal si las empresas pueden beneficiarse de la encarcelación en masa. Mantener a los seres humanos en la cárcel por largos períodos de tiempo ya no debe ser un modelo de negocio aceptable en Estados Unidos”, expresó.
“Nuestra atención debe centrarse en tratar a las personas con dignidad y en asegurar que tengan los recursos que necesitan para reincorporarse cuando salgan” de prisión, indicó.
De los casi 1.6 millones de reos que se tenían en 2013 en las prisiones federales y estatales de Estados Unidos, alrededor de 133 mil, el 8.4 por ciento, estaban internados en cárceles privadas.
En el 2014 la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mantuvo al 62 por ciento de los inmigrantes detenidos en cárceles privadas, y bajo los contratos establecidos con las diferentes compañías está obligado a mantener detenidas un promedio de 34 mil personas diariamente.
El Servicio del Alguacil utiliza las cárceles privadas para albergar ahí el 20 por ciento de los reos bajo su custodia.
La industria de las prisiones privadas surgió en Estados Unidos en 1984, cuando la compañía Corrections Corporation of America (CCA) recibió un contrato para operar una cárcel en el condado de Hamilton, en Tennessee.
Los promotores de la privatización de las cárceles argumentaron entonces y continúan haciéndolo ahora, que el manejo de las prisiones sería más eficiente y proporcionaría un ahorro al estado, al reducir los costos para sostener estas instituciones.
Desde entonces la industria se ha extendido por todo el país y se estima que las dos principales compañías que la encabezan, CCA y CEO Group, obtienen unos tres mil 200 millones de dólares en ingresos anuales por la administración de unas 200 prisiones.
Sin embargo, un estudio emitido en junio pasado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Wisconsin-Madison, reveló que los gobiernos locales no ahorran dinero al utilizar prisiones privadas y mostró que los reos en estas instituciones tienden a pasar dos o tres meses más tras las rejas que los asignados a las cárceles públicas.
Un reporte de la Iniciativa de Política de Justicia, por la reforma del sistema penitenciario del país, evidenció en 2011 cómo las compañías privadas cabildeaban y apoyaban a funcionarios públicos que favorecieran endurecer las leyes penales y establecer mayores condenas.
El representante demócrata Rubén Grijalva, coautor de la iniciativa de ley, dijo que “tratar a los presos y detenidos como un medio para obtener una utilidad incentiva a los carceleros a cabildear para obtener cada vez más reclusos”.
El resultado “es un sistema penitenciario colapsado bajo su propio peso, mientras que la industria de las prisiones se enriquece a costa de hombres y mujeres atrapados en su trampa”, dijo.
