El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que no existe ningún recurso legal que pueda detener la reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada el domingo.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió este miércoles una nueva consulta con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para determinar si es procedente una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) interpusieron para suspender la aplicación de la Reforma Judicial, ya firmada y publicada por el Ejecutivo.
La Ministra presidenta de la Corte solicitó esta consulta para revisar el cumplimiento cabal del procedimiento legislativo que aprobó la Reforma Judicial, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; así como su “contenido material”.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el Artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo, como de su contenido material, conforme al apartado III”, se lee en el documento.
La consulta fue turnada como asunto urgente a Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien debe presentar los proyectos al pleno para su discusión.
“Túrnese el presente asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, conforme al turno que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, en términos del apartado V”, dicta el documento.
LAS OTRAS DOS CONSULTAS
El pasado 5 de septiembre, Piña Hernández abrió dos consultas con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para determinar si podía ordenar que se suspendiera el proceso de reforma al Poder Judicial, que en ese momento apenas estaba aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado.
En dos acuerdos publicados, la Ministra presidenta de la Corte había solicitado revisar el ejercicio de la facultad de atracción del dictamen y formular la consulta respectiva sobre la suspensión de la discusión de la Reforma Judicial, pues consideró que legalmente no estaba claro si se podía pedir dicha suspensión.
Los dos expedientes fueron turnados como asunto urgente a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las principales defensoras de la Reforma Judicial en la Corte, quien presentó los proyectos al pleno para su discusión.
La presidenta de la SCJN buscaba saber si tenía permitido intervenir en este asunto, en el que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) le pidió el pasado 3 de septiembre que se pronunciara sobre el respeto a la independencia judicial y el decreto de reforma al PJF para que se suspendiera el procedimiento y se declarara su invalidez.
NO EXISTE RECURSO PARA FRENAR REFORMA: AMLO
El pasado 16 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ningún recurso legal que pueda detener la reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada el domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que propone para 2025 la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros.
"Están en su derecho"
Respondió @lopezobrador_ sobre las intenciones del PAN de querer echar abajo la reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/Nns90RJDbm
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 17, 2024
“¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Pues solamente que no hubiese la mayoría calificada, que en la mayoría de las legislaciones estatales se hubiera rechazado o que el titular del Ejecutivo no la hubiese publicado. Ya todo se hizo. Ya está en vigor la reforma. Eso ya salió adelante y qué bueno”, expresó.
Ante una pregunta de la prensa sobre si la Consejería Jurídica de la Presidencia está preparada para afrontar los recursos legales del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la reforma, el Presidente contestó: “Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución; o sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal”. Asimismo, explicó que el Artículo 135 de la Carta Magna establece el procedimiento para realizar reformas constitucionales.
LA CNDH DA VISTO BUENO A REFORMA JUDICIAL
No interpondremos acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial porque ésta es un triunfo del pueblo y un avance en materia de #DerechosHumanos.
— CNDH en México (@CNDH) September 16, 2024
Antier, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que, después de realizar un análisis serio y exhaustivo, no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial, debido a que es resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso electoral del 2 de junio.
La CNDH señaló que actores partidistas han presionado al organismo para que interponga una acción de inconstitucionalidad y satisfacer “ambiciones ajenas a los intereses del pueblo”. Sin embargo, aseveró que no apoya denuncias que afecten los intereses de las y los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación. “Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que hoy prevalece en nuestro país”, añadió.
La Comisión precisó que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, la cual no puede ser impugnada por una acción de inconstitucionalidad, en especial por no ser una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo reflejada en la modificación de las disposiciones que rigen al Poder Judicial.
#Entérate | Así es como quedó integrada la #LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/YoihmiOaob
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 17, 2024
El PRIAN, SIN RECURSOS PARA DETENER REFORMAS
Tras los resultados del pasado 2 de junio en las urnas, la oposición en el Congreso de la Unión ha quedado con un papel tan limitado que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Movimiento Ciudadano (MC) sólo podrán manifestar su desacuerdo de manera testimonial y discursiva frente a las reformas que Morena, con su mayoría aplastante, apruebe.
La oposición no tiene la capacidad para frenar estas reformas desde el Legislativo, ni siquiera a través de acciones de inconstitucionalidad, al menos en la Cámara de Diputados, ya que no alcanza el número de legisladores necesario para promoverlas.
Para presentar una acción de inconstitucionalidad, el Artículo 105 establece que los legisladores federales o locales, así como una minoría parlamentaria que represente al menos el 33 por ciento del total de integrantes del órgano que haya expedido la norma impugnada, están facultados para hacerlo. Es decir, se requiere el 33 por ciento de los diputados federales o senadores. La oposición no tiene los votos necesarios para hacerlo: en la Cámara de Diputados, el PAN cuenta con 71 diputados (14.4 por ciento del total de 500), el PRI con 36, MC con 27, el PRD con uno, y hay un legislador independiente. En total, suman 136 diputados, apenas un 27.2 por ciento del total, muy lejos del 33 requerido.
En el Senado, aunque Morena tiene 85 senadores y ya consiguió el apoyo de un panista, la oposición cuenta con 43 senadores, que representan un 33.59 por ciento. No obstante, para promover una acción de inconstitucionalidad necesitarían que todos los senadores opositores se sumen; con sólo uno que no lo haga, perderían el porcentaje necesario.
