La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México debe de ser detenida porque se trató de una imposición gubernamental sin consultar a los pueblos y violando derechos de las comunidades que habitan las zonas aledañas al ex Lago de Texcoco, dijeron pobladores de la zona y especialistas de la UNAM y de la organización PODER.
En materia ambiental, la doctora Bertha Patrícia Escalante Pliego del Instituto de Biología de la UNAM, el ex Lago de Texcoco no es un buen sitio para el NAIM debido a la desecación de los humedales —configurado en México como un delito penal— en la zona en donde se desarrollan las obras.
“Hemos vivido las imposiciones de las dependencias del Gobierno —Conagua, SCT, Semarnat, entre otras— de Enrique Peña Nieto y del grupo aeroportuario [...]. Es mentira que ellos van a perder dinero. Pero no quieren dejar de ganar dinero”, dijo María Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Irregularidades, falta de transparencia, violaciones a derechos humanos y riesgos ambientales hacen inviable al proyecto de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, dijeron analistas en el marco del foro “El futuro de la cuenca de México a debate: Implicaciones técnicas, ambientales, sociales y culturales del NAIM”.
Según los panelistas, la construcción del NAIM en el Estado de México debe de ser detenida, por un lado, porque no existen diagnósticos adecuados que expliquen y adviertan los verdaderos riesgos de esta obra, además de que se trató de una imposición gubernamental —con consultas de papel— que desemboca en violaciones de derechos de las comunidades que habitan las zonas aledañas al ex Lago de Texcoco.
De acuerdo con la doctora María Julieta Lamberti del Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER), en el manejo de este proyecto “existe un patrón de comportamiento poco transparente” porque su administración, a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), “no realiza la debida diligencia” para respetar los derechos humanos de los afectados, situación que aumenta la posibilidad de violaciones.
La investigadora explicó que la estructura y las formas con que opera el proyecto está llena de procesos que facilitan situaciones de conflicto de interés y de corrupción a lo largo de toda la cadena de suministro.
Por eso, lamentó, “los empresarios continuarán ganando con la obra a costa de los derechos de los pueblos, de las formas de vida y de su derecho a decidir sobre sus propias condiciones de vida”.
En su investigación sobre el NAIM, Lamberti destacó que existen amplias irregularidades, por ejemplo, en el sistema de contratación de empresas por parte del Gobierno federal.
Según los datos de PODER, sólo 30 de 292 contratos revisados fueron otorgados por medio de un concurso público. El resto fue por adjudicación directa e invitación restringida.
Sobre las empresas ganadoras, Lamberti mencionó que fueron 235 empresas las que obtuvieron los contratos, ya sea de manera individual o en consorcio.
Entre las compañías que están involucradas, dijo que la mayor parte están ligadas al empresario mexicano Carlos Salim Helú, cuyo grupo financia, además, gran parte del préstamo inicial para la construcción del NAIM, que asciende a 3 mil millones de dólares por parte de la iniciativa privada (que representa el 40 por ciento de la inversión total del proyecto).
Además de Grupo Carso, está involucrada la constructora ICA, que obtuvo siete contratos individuales por más de 10 mil millones de pesos y participación en dos contratos por consorcio de 92 mil millones de pesos.
Otra de las grandes ganadoras fue la compañía Parsons International, que cuenta varias demandas por malas prácticas, corrupción y tráfico de influencias en diversas obras realizadas.
“No hay ninguna razón por la cual el Gobierno haya contratado a esta empresa” porque su historial no la hace la más capaz para un megaproyecto como éste, indicó Lamberti.
LA PUERTA GIRATORIA
Además de las inconsistencias en la contratación, Lamberti explicó que el grupo que administra el proyecto del NAIM es incapaz de garantizar que los trabajos sean realizados con estricto apego a la ley y a las prácticas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas, porque se trata de un grupo empresarial conformado por políticos o empresarios que han coqueteado en la arena pública.
Para empezar, señaló, el GACM es encabezado por Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Relaciones Exteriores del sexenio de Enrique Peña Nieto. Además cuenta con alfiles del talle de Humberto Roque Villanueva, Federico Patiño Márquez y Francisco Dueñas Espriú, que han fungido como funcionarios públicos.
Esta situación incrusta en las obras del NACIM la posibilidad de conflictos de interés y de corrupción por la “falta de separación de su consejo administrativo, que es manejado por figuras políticas”.
Entre las irregularidades ejemplares que PODER detectó en esta puerta giratoria está la contratación por parte del GACM de “amigos de la élite priista de hoy”, como Aurelio Marín Huazo, priista con más de 30 años de militancia contratado como “asesor especializado en gestión social”.
O la contratación por 68 millones de pesos que obtuvo el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), cuyo directo es Mario Luis Fuentes Alcalá, quien es ex funcionario público de las administraciones de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León.
UN GOLPE ECOLÓGICO
Para la doctora Bertha Patrícia Escalante Pliego del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ex Lago de Texcoco no es un buen sitio para el NAIM debido a las consideraciones ambientales, como en el caso de la desecación de los humedales —configurado en México como un delito penal— en la zona en donde se desarrollan las obras.
Según las explicaciones de la investigadora, hay casos emblemáticos como el del Lago Nabor Carrillo, un hábitat —de agua tratada ubicado a 1.8 kilómetros del proyecto de pistas— para diversos tipos de aves acuáticas migratorias que será transformado en una laguna de regulación de aguas negras (lo que imposibilitará que sea apto para la vida silvestre).
Este tipo de riesgos ambientales, explicó, no han sido abordados en los diagnósticos del NAIM. “No podemos destruir esto [...]. Todavía podemos hacer algo para revertir esto”, mencionó.
LA LUCHA SIGUE
Al grito de “¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!”, “¡Atenco vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue!” y “¡La patria no se vende! ¡Se ama y se defiende!”, los ejidatarios presentes alzaron sus puños para señalar que la lucha no se acabará mientras siga habiendo una razón para luchar: su derecho a una vida digna.
En septiembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la reactivación del proyecto de construcción del NAIM que inició —y se estancó— con un decreto expropiatorio de terrenos en los municipios de Atenco y Texcoco (Estado de México) en 2001, durante el mandato de Vicente Fox Quesada.
El proyecto contempla la construcción de un aeropuerto que atenderá a 120 millones de pasajeros al año y que promete la detonación de desarrollo inmobiliario, de infraestructura social, comercial, industrial y de transporte.
Sin embargo, desde hace 17 años y en el marco del actual debate público por la consulta para su construcción convocada por el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, integrantes de los pueblos que representan los intereses de 40 municipios del Estado de México —sede del nuevo aeropuerto— siguen acusando la violación sistémica de derechos humanos de las comunidades afectadas por el proyecto y sus obras asociadas.
La lucha, que pugna además por el respeto al derecho a la tierra, al agua y a la identidad, acusa el “extractivismo indiscriminado” en la región oriente de la Cuenca del Valle de México para llevar material pétreo y agua al proyecto, así como el impacto en los últimos cuerpos de agua de la región lacustre mexiquense, cuyas afectaciones significarán “la total eliminación de 14 mil 500 hectáreas de lo que fue el gran sistema de los lagos de Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco”, refiere una misiva del contingente de los Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto.
Desde 2001, los habitantes de la región mantienen una batalla legal que abarca varias demandas de amparo, entre ellas una ante el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en contra de diversas entidades gubernamentales involucradas cuyas acciones “violan los derechos de los pueblos”.
“Hemos vivido las imposiciones de las dependencias del Gobierno —Conagua, SCT, Semarnat, entre otras— de Enrique Peña Nieto y del grupo aeroportuario [...]. Es mentira que ellos van a perder dinero. Pero no quieren dejar de ganar dinero”, dijo María Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
La activista recalcó que “para nosotros no es dinero. Para nosotros es seguir viviendo con dignidad porque [...] tenemos derecho a vivir bien, pero no lo lograremos si no permanecemos juntos. Están violando nuestros derechos sociales, culturales y económicos. Pero esta gente del dinero piensa que somos tontos; que no entendemos. Pero sí lo hacemos [...]. Esta es una lucha de los mexicanos y no sólo de los habitantes de la Cuenca del Valle de México”, abundó Ramírez.
Los pobladores exigen una consulta basada “en la decisión de los pueblos desde los pueblos y no de las instituciones corruptas que no nos representan”.
En la actualidad, así como en 2001, 2006 y 2014, los pobladores siguen siendo violentados por las autoridades, que según Ramírez, despojan a la gente de sus tierras y hogares, e incurren en actos de violencia como la tortura sexual y la intimidación.
