Los legisladores Ricardo Monreal y Freyda Marybel Villegas señalaron en su propuesta que los casos de desvíos como los exhibidos en la Sedesol y Sedatu ponen “en evidencia la urgente necesidad de reformar la legislación en materia de adquisiciones, a efecto de incorporar disposiciones que inhiban la realización de contratos en los que los servicios no se prestan”.
La legislación actual dispone que las dependencias celebren contratos con otras entidades públicas, las cuales, a su vez, pueden subcontratar el servicio cuando no tienen capacidad de hacerlo. Morena propone que sean los titulares de las dependencias solicitantes quienes se hagan responsables directamente, firmen y den seguimiento, de estos contratos.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal y Freyda Marybel Villegas Canché, propondrán hoy ante el Senado un proyecto para reformar la Ley de Adquisiciones con el fin de evitar casos como los recientemente denunciados en la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
En el documento de la propuesta, publicada hoy en la Gaceta del Senado, se detalla que la reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público busca que sea el titular de la dependencia solicitante quien suscriba el contrato y dé seguimiento a su cumplimiento para evitar que se diluyan las responsabilidades a la hora de que se acrediten irregularidades.
“México ya no puede soportar más actos de corrupción que se generen precisamente por autoridades que tienen a su cargo el uso de recursos públicos que deben destinarse, fundamentalmente, a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza y marginalidad, como son el desarrollo social y el ordenamiento territorial y agrario”, detalla.
El documento pone como ejemplo el caso de la “Estafa Maestra”, una investigación del portal Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares. Estos desvíos se lograron por medio de dependencias como la Sedesol y Pemex, así como universidades públicas que por una comisión se hicieron cómplices de la estafa.
Los senadores recordaron que en el caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos en las cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016 durante la gestión de Rosario Robles ante la Sedesol y la Sedatu.
“De acuerdo con la ASF se identificó: La práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, sin que posean la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida y, además de que exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, en diversos casos se ha determinado que los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción”, se lee en la propuesta de reforma.
Los legisladores señalaron que estos casos ponen “en evidencia la urgente necesidad de reformar la legislación en materia de adquisiciones, a efecto de incorporar disposiciones que inhiban la realización de contratos en los que los servicios no se prestan, y los recursos públicos terminan por desviarse del fin para el que están destinados, y enriquecer de manera ilegal los patrimonios de funcionarios impresentables, en claros hechos de corrupción”.
La legislación actual dispone que las dependencias celebren contratos con otras entidades públicas, las cuales, a su vez, pueden subcontratar el servicio cuando no tienen capacidad de hacerlo.
La propuesta de Morena busca que “el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo”.
El pasado 11 de septiembre Reforma publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que de mil 900 millones de pesos del erario público asignados por la Sedesol y la Sedatu a empresas durante la gestión de Rosario Robles, más de 700 millones fueron transferidos en efectivo a diez domicilios.
De acuerdo con el diario capitalino, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de transportes blindados de las empresas Tameme, Cometra y Panamericano.
En días pasados, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso y dijo que se trata de “un circo” y que ella Rosario Robles “un chivo expiatorio”. Sus comentarios han provocado una serie de reacciones negativas en la opinión pública que ponen en entredicho una de las máximas de su campaña: acabar con la corrupción en México.
En entrevista con SinEmbargo, el Senador Ricardo Monreal dijo que Robles será investigada y se interpondrá una denuncia penal en su contra, como lo informó en días pasados, por el desvío de recursos públicos, a pesar de que López Obrador aseguró que no es su fuerte la venganza y que no irá tras “algún famoso de la política”.
La bancada de Morena en el Senado también planteó crear una comisión que investigue el caso y citar a comparecer a la titular de Sedatu. El legislador zacatecano aseguró a SinEmbargo que hay elementos suficientes para interponer la denuncia penal, pero que se hará cuando el Senado concluya con la investigación que se prevé también se proponga hoy en la Cámara Alta.
El caso también ha sido tema en las redes sociales, donde más de 33 millones de usuarios han participado en la discusión; se manifestaron en contra de la ex perredista y muchos también piden que se le investigue. La tendencia -que se mantuvo activa por cuatro días consecutivos- giró los reflectores hacia el Movimiento de Regeneración Nacional y el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, debido a sus contradicciones respecto a la exigencia de la sociedad sobre el combate a la impunidad y la corrupción.
