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Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– “Yo sé que Patishtán va a estar libre. No sé cómo pero lo tenemos que sacar, el pueblo se va a levantar. Ahorita estamos respetando la línea jurídica, respetamos porque sabemos respetar, pero va a llegar el momento que ya no se puede y donde ya no podremos estirarnos más. Así como las cuestiones jurídicas, también el pueblo tiene sus propios reglamentos”, dice Martín Ramírez López, un maestro rural de El Bosque, amigo de Alberto Patishtán, “el profe” tzotzil que purga una condena de 60 años en el Cerero número 5 de San Cristóbal de las Casas, acusado de asesinar a siete personas y herir a dos en una emboscada en el 2000.
Ramírez López habla fluido el español, tiene un bigote espeso y en su vivienda hay escaso inmobiliario. El profesor también es un indígena tzotzil que creció con Alberto y que ingresó al magisterio casi a la par de él.
Su casa en El Bosque es sencilla y en las paredes hay fotografías de los hijos de Alberto Patishtán cuando eran niños, Héctor y Gabriela. También hay dos retratos de Emiliano Zapata, "el Caudillo del Sur".
Martín se sienta en una hamaca y dice que no está triste por la decisión de los magistrados de ratificar la sentencia de 60 años para Alberto Patishtán, sino rabioso y cansado por las injusticias que vive su pueblo en la Sierra de Chiapas, comunidades de difícil acceso.
Difícil acceso de recursos públicos, de justicia, de transporte, de alimentos y educación.
“Como indígenas, campesinos, vamos a seguir luchando para sacar de la cárcel a Patishtán porque es inocente. Su libertad se ha convertido en una demanda y hay miles de compañeros que están protestando. México se está quedando desnudo, porqué digo así, porque le está lloviendo críticas en todos lados, de arriba para abajo y en todos lados por esta injusticia. Nosotros como movimiento del pueblo vamos a organízanos mejor a nivel el estatal, internacional”, dice Martín.
Luego al profesor alza la voz: “El pueblo se va a levantar, que se aguante Alberto, el pueblo se va a levantar. Una de la consignas de nosotros es ‘Alberto aguanta, el pueblo se levanta’, vamos a defender la libertad de un inocente”.
Para los pobladores de El Bosque, Alberto Patishtán es la prueba viviente de la discriminación que padecen los pueblos indígenas de Chiapas por parte del Estado mexicano.
El maestro rural no sólo inspira simpatías, sino movilizaciones. Días antes de que se diera a conocer la sentencia del Primer Tribunal Colegiado sobre el recurso de Reconocimiento de Inocencia que interpusieron sus abogados, cientos de indígenas hicieron ayuno organizados por las catequesis de varios municipios aledaños a El Bosque.
El día del fallo, marcharon miles de personas bajo la lluvia en San Cristóbal de las Casas; sin embargo, fue inútil: el profesor, después de cumplir 13 años de sentencia, fue condenado a permanecer en prisión 47 más.
“Haremos una reunión estatal. Habrá más reuniones. Vamos a recorrer otros estados, a lo mejor vamos a ir conocer otros países. Pero se va hacer. No pierdo la esperanza de que Patishtán abandonará la cárcel. Va a salir, cómo, no se sabe”.
Pobladores como Martín Ramírez, amigos del profesor, dicen que los indígenas de Chiapas están cansados de los atropellos que viven a diario.
Muchos han querido sacar a Patishtán con sus manos de la cárcel, pero el maestro apela a la justicia y a la paciencia.
Incluso Alberto, aboga desde la Cárcel por Manuel Gómez Gómez, ex Presidente Municipal de El Bosque y por su hijo Rosemberg Gómez Pérez, quienes acusaron directamente al profesor del asesinato de las siete personas y viven en la comunidad.
“El pueblo sí ha hablado para tomar acciones en contra del ex Presidente y no se ha hecho porque no lo hemos permitido. La gente dice que debe pagar por haber inculpado a un inocente y dicen que no es posible que él esté tranquilo en su casa, mientras el maestro Patishtán está en la cárcel. Nosotros solo pedimos la libertad de Patishtán y nada más”, dice Martín.
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La casa de Gabriela Patishtán en San Cristóbal de las Casas está ubicada al sur de la ciudad. Ahí vive con su esposo y con hija de tres meses, Génesis, la primera nieta de Alberto.
Gabriela estudia la Licenciatura en Derecho porque quiere sacar de la cárcel a su padre y ayudar a cientos de indígenas en sus procesos penales.
Durante los 13 años que Alberto lleva preso, la joven ha sido testigo de injusticias y violaciones al debido proceso de los indígenas, donde en muchos casos se les niega hasta un traductor.
Pero Gabriela había tomado un respiro durante los últimos días, pues tuvo la esperanza de que liberaran a su padre y se reconociera su inocencia. Pero no fue así.
Ahora está indignada y dolida, porque asegura que, aunque ella cuenta con estudios y está preparada, no comprende el motivo por el cual Alberto sigue preso.
“Lo único que me queda por pensar es que es por discriminación, porque es indígena, porque no es poderoso o político y porque no tiene dinero. Porque no me explico por qué a narcotraficantes como Caro Quintero, para ser exacta, lo acaban de liberar, y a Zorrilla [José Antonio], que porque está enfermo, le permiten que cumpla su sentencia en su casa. Mi papá también estuvo enfermo, lo tuvieron que intervenir por un tumor en el cerebro y por él no hicieron nada”, dice.
Gabriela es el vivo retrato de Alberto Patishtán. Tiene los mismos ojos, cejas, nariz y el mismo mentón. Incluso la misma sonrisa.
Vive en San Cristóbal de las Casas a unos cuantos kilómetros de distancia del Cereso número 5 para estar cerca de su padre. Es muy apegada a él.
Para Gabriela, la acusación en contra de Patishtán es ridícula: Un solo hombre que aparece de la nada con armas largas y acribilla a nueve personas, de las cuales, siete mueren y dos resultan heridas.
Un atacante solitario que se toma el tiempo de sacar del vehículo a tirones del cabello al hijo del ex Presidente Municipal para darle un tiro por la espalda, pero antes se descubre el rostro.
Esa es la versión acusadora. Ese es el delito por el que Alberto fue condenado a 60 años, sin tomarse en cuenta las versiones de los testigos que aseguraron que ese día y a la hora del ataque, el maestro estuvo en una reunión magisterial.
Pero antes de aquella emboscada, el profesor fue un luchador social, un activista que buscaba destituir al alcalde, porque abusaba del pueblo y de los recursos públicos.
“Tenía una Sociedad Civil y luchaba y no se dejaba, defendía sus derechos. Los del pueblo lo habían nombrado representante, quizás porque es maestro y tenía la capacidad para hacer oficios. Esto fue una venganza política, porque el pueblo se estaba organizando. Por la conducta moral, intachable de mi padre, mi papá no pudo manejar las armas que dicen y matar a todas estas personas. Es ridículo, en el pueblo lo conocen, lo han visto crecer, todo lo que representa, es un luchador social”, dice Gabriela.
De acuerdo con Augusto César Sandino Rivero, abogado de Patishtán, solo quedan tres vías para agotar.
Una de ellas es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las otros dos son políticas: el indulto o la amnistía.
“Para el indulto es el Presidente de la República quien lo otorga y que Patishtán lo acepte. Alberto dice que no lo va a pedir, porque sería reconocer su culpa, pero si se lo dan, lo va aceptar, porque sería un acto de justicia. El otro, la amnistía, tendrían que aprobarlo la mayoría en el Congreso de la Unión”, explica.
El abogado asegura que la libertad del maestro no se dio, porque no hubo voluntad política.
El recurso al que se apeló, el Reconocimiento de Inocencia, es un excepcional y procede bajo ciertos supuestos.
“Los magistrados dijeron que las pruebas que ofrecimos como documentos públicos, que no tienen relación con los hechos y por eso no pueden pasar a desvirtuar las pruebas, sin embargo, el Tribunal fue más allá de lo que la Ley le permite, porque están diciendo que hay que revalorar las pruebas, lo cual no es propio del recurso que se interpuso. Ni siquiera las pruebas son como tal pruebas, porque derivaron en violación a derechos humanos”, detalla.
La defensa de Patishtán mostró documentos públicos nuevos que no existían cuando sentenciaron al maestro, como tesis de jurisprudencia que hablan de la nulidad de pruebas cuando hay violación de derechos humanos.
“En total son seis pruebas con las que sentenciaron al profesor: la declaración de dos testigos sobrevivientes, la testimonial de una persona que trabajaba cerca del lugar de los hechos, que no fue presencial, el careo entre un sobreviviente y el profesor, la declaración de Patishtán y una prueba química de rodizonato de sodio”.
La última prueba ni siquiera se le practicó, pues Alberto Patishtán fue detenido siete días después de los hechos, pero se utilizó como una prueba circunstancial.
“Es una cuestión técnica que se llama prueba circunstancial, cuando no tiene pruebas directas se hace un rompecabezas, pero cada indicio tiene que tener un papel incriminador, ser válido, ser suficiente. Eso se tuvo que haber hecho valer por la defensa del profesor en su momento durante el juicio, no la hicieron valer. Lo que nosotros apelamos ahora es que los nuevos documentos púbicos, invalidan algunas pruebas que sirvieron para sentenciarlo.
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Juan Collazo Jiménez es un indígena tzotzil de 30 años que en junio salió de la cárcel.
El muchacho estuvo en prisión durante seis años. Cuando ingresó no sabía leer ni escribir y cuando salió, no solo hablaba castellano, sino que había concluido la primaria.
Fue Alberto Patishtán, “el profe” como le llaman sus amigos y cercanos, quien se encargó de enseñarle el alfabeto y de llevarlo a descubrir que más allá de las paredes de la cárcel y de los cerros de su comunidad, había un futuro distinto.
“Conocer al maestro me cambió la vida. Durante cuatro años me enseñó a leer y a escribir. Al principio eran clases clandestinas, porque a las autoridades de la cárcel no les gusta que la gente se organice adentro”, dice.
Juan es de complexión delgada y bajo de estatura. Después de convivir con Patishtán, es traductor de tzotzil al español en su comunidad y también estudia inglés con una profesora que le enseña de forma gratuita.
“Me voy a inscribir a la secundaria, nomás estoy esperando los papeles de la primaria, porque quiero alcanzar mi sueño. Yo tengo un sueño”.
El muchacho quiere estudiar Derecho y dice que, aunque le lleve diez años más conseguirlo, lo va a lograr.
“Yo tenía planeado si Patishtán salía ahora de la cárcel, irme al Distrito Federal, pero como no salió, me voy a quedar aquí en Chiapas, porque quiero estar cerca de él y ayudarlo en todo lo que pueda. Es un gran hombre, siempre ayudando. Cuando se lo llevaron a Guasave, Sinaloa en 2011, fue un gran golpe para todos los presos que ayudaba en la cárcel”.
Alberto Patishtán sigue con su vida a pesar de la sentencia de 60 años que lleva a cuestas.
El profesor tiene varias actividades desde que se levanta a las seis de la mañana en el Cereso número 5, todas relacionadas con la meditación y la enseñanza.
“Me levanto a las seis y medito un poco, luego estoy en la iglesia coordinando las cosas de Dios, enseñando alabanzas, dando cursos, escribiendo y meditando”, dice.
El profesor también hace un poco de artesanía y se acuesta entradas las once de la noche, porque antes, enseña a leer y a escribir a algunos internos.
Estas actividades son las que le ayudan a sobrellevar la cárcel, dice.
“Son 13 años en la cárcel y no es tan fácil superarlo, pero la conciencia limpia me mantiene con fuerza. Me he enfermado de muchas cosas, pero lo he podido sobrellevar. Pienso que al final la justicia existe”.
Sobre la ratificación de la sentencia de 60 años, Alberto dice que el tiempo no significa nada para él.
“Para mí esos 47 años más no existen. Yo vivo al día, trabajo y me mantengo ocupado, eso no me permite pensar”.
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