El Pleno de la Corte determinó infundado un recurso de revisión en materia de seguridad promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares residentes de obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Por seis votos contra dos, el Pleno de la SCJN determinó infundado un recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Dicha medida buscaba anular la resolución del 6 de julio de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para difundir dichas declaraciones.
Los elementos del Ejército son servidores públicos obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales. #LaCorte confirmó que deben entregarse las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de ingenieros militares residentes del #AIFA https://t.co/EuC5qkco4t pic.twitter.com/AIjK65hasY
— Suprema Corte (@SCJN) August 17, 2023
A través de un recurso de revisión, se ordenó a la SFP entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
De acuerdo con el Ministro Javier Laynez Potisek, los ingenieros militares también son servidores públicos sujetos a las reglas de transparencia relativas a las declaraciones patrimoniales.
“Los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como servidores públicos, están sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas, en los términos dispuestos por la normativa aplicable”, se lee en un comunicado de la Corte.
Al respecto, el ponente Laynez Potisek resaltó que ninguno de los documentos públicos ofrecidos acredita que entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales represente un riesgo de perjuicio a la seguridad nacional.
“La Consejería recurrente no aportó pruebas directas o indirectas para demostrar que entregar dichos documentos representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional”.
En este sentido, también argumentó que los documentos permitirían conocer la evaluación patrimonial de los ingenieros que participaron en las obras del AIFA, sin que afecte la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional.
“Contrariamente a lo aducido por la Consejería, en el asunto ahora resuelto los documentos solicitados únicamente permitirían conocer la evolución patrimonial de 23 ingenieros militares, sin que se demostrara que ello pondría en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional”.
Asimismo, tampoco revelaría datos que puedan ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado Mexicano, ni con pruebas directas, ni tampoco con pruebas indirectas.
Por su parte, el Ministro Arturo Zaldívar y la Ministra Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto.
