Karla Michelle Salas, experta en violencia de género, explicó que hay dos tipos de filtraciones: las cometidas por parte de policías o funcionarios que venden datos o fotografías a los reporteros que cubren la nota roja, a las que denominó como prácticas individuales de corrupción; y por otro lado, las que son una práctica institucional cometida por la corporación con la finalidad de construir narrativas en la opinión pública para estigmatizar o responsabilizar a la víctima, a estas las llamó “actos de bajeza”.
“La filtración genera ira y coraje, porque una situación que para ti es tan personal y tan dolorosa, se convierte en el circo de todos, en algo para alimentar el morbo de cualquier persona. Hay cosas que por delicadeza y por sutileza no se dicen o muestran a la familia porque no tienen la fortaleza emocional o salud, para enfrentar datos o una imagen dolorosa, pero de pronto alguien decide que es oportuno sacar, para el morbo general, una foto de la osamenta mi hija. Eso es doloroso, es injusto. ¡Es un delito!”, describió Jazmín Hernández, madre de una joven víctima de feminicidio en la capital del país y de quien se filtraron las fotografías de su cuerpo en estado de descomposición.
Ciudad de México, 18 de agosto (Sin embargo).- Las filtraciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) en casos de violencia de género, feminicidios y homicidios han generado una ola de indignación entre víctimas, activistas, defensoras, colectivas feministas y de derechos humanos debido que no solo descalifican y revictimizan, sino que obstruyen el acceso de justicia y ponen en una situación de desprotección y en riesgo a las víctimas.
“Es lamentable que una práctica que tendría que ser erradicada de la Procuraduría, de pronto sea retomada por una administración que se dice, por lo menos en el discurso, distinta a la anterior, pero que lamentablemente está recurriendo a estas viejas prácticas”, reprochó Karla Michelle Salas, defensora y abogada experta en violencia de género.
Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría capitalina fue muchas veces amonestada por organismos de derechos humanos por filtrar información a conveniencia de ciertos casos. María Elena Cárdenas tuvo incluso que renunciar a Comunicación Social de la PGJ-CdMx después de varios tuits sobre la vida privada de la joven Lesvy Berlín Osorio, estudiante asesinada dentro de Ciudad Universitaria.
La administración del Gobierno capitalino –hoy a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo– cambió, pero las prácticas continúan y los reclamos de las víctimas y activistas se mantienen vigentes.
La Procuraduría capitalina reconoció el pasado 9 de agosto que se filtró la información de la joven de 17 años que denunció a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por haberla violado, y que eso generó la pérdida de confianza de la víctima y que desistiera de seguir con su denuncia o seguir en el caso por el momento, pues la información filtrada ponía en evidencia el domicilio de la víctima.
Sin embargo, seis días después, fueron filtrados y revelados un par de videos que muestran las imágenes de la noche en que la menor de edad presuntamente fue violada. Los videos aportan distintos momentos del recorrido de la joven antes de llegar al domicilio donde habría tocado el timbre para pedir ayuda. Las grabaciones han sito utilizadas por algunos medios para poner en tela de juicio la declaración de la menor, al mostrar supuestos desfases de horarios.
Activistas y víctimas entrevistadas por SinEmbargo repudiaron estas prácticas porque no sólo revictimizan sino que dejan en condiciones de extrema vulnerabilidad a víctimas del delito.
“Hay un tema de desprotección para las víctimas […] no solo es desacreditar a una víctima, sino que manda un mensaje terrible de desprotección a todas las víctimas”, explicó Karla Michell Salas.
La filtración de datos también ha sido centro de las protestas realizadas en la Ciudad de México contra la violencia de género y la violencia institucional que grupos feministas han encabezado.
Verónica es una joven estudiante de 23 años de edad que protestó el viernes en la Glorieta de Insurgentes. En sus manos lleva una pancarta donde reclama sentirse insegura en las calles. Viste de negro y se ha cubierto la boca con una pañoleta verde. No quiere dar su nombre completo por temor, pero destaca que ha salido a protestar por el hartazgo ante la violencia que sufren las mujeres.
“En México te pueden violar, abusar y hasta matar, y en lugar de saber que las autoridades te van a apoyar, te da miedo ir a denunciar porque o te maltratan, te revictimizan o dan información delicada que hasta nos puede poner en riesgo”, destacó la joven manifestante.
Este reclamo no es el primero para la administración de Claudia Sheinbaum. En junio pasado, la familia de Norberto Ronquillo, estudiante secuestrado y asesinado en la Ciudad de México, reclamó a la PGJ que filtrara datos del caso a los medios, justo como como lo hacían durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Perla Yadira Escalante, abogada y representante legal de la familia víctima, dio a conocer un posicionamiento donde los afectados exigían a la Procuraduría dejar de filtrar información sobre la indagatoria, cuando a la familia, en ese momento, ni siquiera le habían entregado una copia del expediente.
En julio, allegados a la familia de Daniela Ramírez Ortiz, la joven que desapareció al tomar un taxi y fue hallada muerta en Parres, Tlalpan, también mostró su molestia e indignación por fotografías y datos filtrados a la prensa.
En estos últimos casos, los familiares de las víctimas se sintieron tan abrumados por las filtraciones que decidieron romper relación directa con los medios, no brindar más entrevistas y dejar que sus abogados tuvieran el contacto con la prensa.
TIPOS DE FILTRACIONES
Karla Michelle Salas explicó que hay dos tipos de filtraciones. Las primeras son aquellas que se dan por parte de policías o funcionarios quienes de manera individual venden datos o fotografías a los reporteros que cubren la nota roja. A este tipo de filtraciones las denominó como actos individuales de corrupción.
“Hay documentadas estas prácticas de policías de tomar fotos con sus celulares y las venden”, dijo. La abogada explicó que en estos casos no se trata de una política a nivel institucional, sino que son cometidas de manera individual y aislada por diversos policías, peritos o servidores públicos.
El segundo tipo de filtraciones, expuso, son las del tipo institucional, que se presentan en determinados casos que inicialmente generaron indignación en la población, y son efectuadas con la finalidad de construir narrativa en la opinión pública para responsabilizar a la víctima, con la idea de que eso podría reducir la presión social, a este tipo de filtraciones las llamó como “actos de bajeza”.
“Cuando la Procuraduría no es capaz de hacer en la investigación y demostrar científicamente, entonces recurre al tribunal mediático para desacreditarlas víctimas, yo incluso lo califiqué como un acto absolutamente de bajeza. […]Es decir hay una intensión por parte de las más altas autoridades de ir sembrando en la opinión publica una versión, para estigmatizar a las víctimas. Cuando tu resaltas ciertas características que son estigmatizantes , simplemente empezar a responsabilidad a las víctimas”, detalló.
SOMOS UN CIRCO
Jazmín Hernández Moreno sufrió el feminicidio de su hija Leslye Leticia Hernández, quien desapareció en noviembre de 2018, y fue hallada sin vida en enero de 2019 en la Alcaldía de Xochimilco. Su cuerpo estaba en estado de descomposición.
Sumado a su dolor por el crimen, otro aspecto impactó a la madre: tener que transitar por la calle y ver cómo la grotesca fotografía de la osamenta de su hija, postrada en la plancha de un anfiteatro, era exhibida públicamente y sin tapujos. Jazmín se convertía en otra víctima por la filtración de imágenes.
Con rabia y molestia, Jazmín acudió a la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría para reclamar por qué habían filtrado la imagen de su hija. Ahí, lejos de ayudarla y abrir una investigación o mínimo informarle a qué dependencia podía pedir apoyo, la respuesta de las autoridades fue que “no podían hacer nada”, platicó la víctima a SinEmbargo.
“A mí de repente no me dejan sacarle fotos a mi carpeta de investigación quesque por la protección de datos y ¿cómo puede ser que la foto de la osamenta de mi hija circule en primera plana a nivel nacional, por todos lados?”, reclamó la entrevistada
La madre destacó que la filtración provocó daños considerables no solo a ella, sino a su familia, entre ellas, a su mamá, la abuelita de Leslye, mujer que estaba delicada de salud.
“Yo esas fotos no se las enseñé a mi hija, la más chiquita, yo no quería que ella tuviera esa imagen de su hermana, no se las enseñé a mi mamá porque está muy enferma, pero alguien decidió que era oportuno sacar para el morbo general una foto de la osamenta mi hija”, expresó.
“Es algo que genera ira y coraje, porque una situación que para ti es tan personal y tan dolorosa sea el circo de todos. Sea para alimentar el morbo de cualquier persona. Hay cosas que por delicadeza o por sutileza no se dicen o muestran a la familia porque no tienen la fortaleza emocional o la salud para enfrentar esos datos o una imagen, pero de pronto alguien decide alimentar el morbo de los demás a costa de nuestro dolor”, añadió.
La madre reiteró que esa práctica para ella no solo es una injusticia sino “un delito”.
“Y luego reclamas a las autoridades y nadie sabe nada no les interesa, y te dicen en concreto que ‘no pueden hacer nada’. ‘que para saber quién fue es muy difícil, que podría haber sido cualquier persona en el anfiteatro’ me dijeron. Ni siquiera me dieron oportunidad de abrir una investigación. Pero si yo quiero sacar fotos a mi carpeta para analizarlos y me dicen que no puedo sacar fotos, que ‘por la protección de datos’, eso es una burla”, narró.
EXIGEN SANCIONES
Colectivos feministas han exigido a las autoridades investigar y sancionar los actos de filtración en el interior de la Procuraduría.
Elena Contreras, del colectivo Las del Aquelarre, explicó que estas prácticas son un claro golpe a los derechos humanos de las víctimas. La feminista dijo que, no obstante a que es una situación grave, es alarmante que no se están tomando cartas en el asunto y no se actúa en consecuencia.
“Entiendo que haya personal al interior que estén vendiendo información, pero ¿qué está pasando que no se está atendiendo como debiera? Esas personas deberían estar suspendidas, despedidas, totalmente expulsadas del Gobierno porque está violentando los derechos humanos, el primer derecho de acceso a la justicia es el primero que violenta”, recriminó.
Para la activista las autoridades deben de iniciar investigaciones claras y contundentes en el tema, limpiar las corporaciones y principalmente, determinar responsabilidades.
“Quienes estén filtrando información y revictimizando deben ser sancionados no sólo administrativamente sino también penalmente y ser removidos de su cargo, porque tenerlos ahí es un peligro para las víctimas”, concluyó.
