Mientras el juez Jesús Delgadillo Padierna leía los cargos que imputó a Rosrio Robles Berlanga, ex funcionaria federal del Gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó claro que el posible delito cometido por ella fue el de omisión, no el de ser autora material del desvío de 5 mil 073 millones de pesos del erario público, pero también advirtió que, en consecuencia, hay una red de personas que pueden ser llamadas ya como las orquestadoras de ese presunto desfalco contra el erario público del país.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- “Determino emitir el auto de vinculación a proceso contra María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además de un segundo auto de vinculación a proceso más un probable daño al patrimonio del Estado mexicano valorado en 5 mil millones de pesos”. Esas fueron las palabras del Juez Jesús Delgadillo Padierna que dictaron el destino de Rosario Robles Berlanga en la madrugada del pasado martes.
No se le acusó a Robles de orquestar el desvío, sino de dejar que ocurriera o de poner en riesgo el dinero público, lo que abre más interrogantes; una de éstas es: dónde quedó el dinero desviado.
La Fiscalía General de la República (FGR), dijo en las dos audiencias, realizadas el jueves 8 y el lunes 12 de este mes, que tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) operó una estructura organizada para bajar recursos federales a través de convenios con entes públicos, en su mayoría con universidades públicas autónomas.
En el documento de auto de vinculación a proceso quedó asentada esa hipótesis en varios puntos:
“Como se ha expuesto, [Robles Berlanga] no evitó que las personas a su cargo hayan cesado en sus conductas, al contrario, tácitamente permitió que, en dos Secretarías de Estado distintas, actuaran de la misma manera y ocasionaran daños a su patrimonio; con independencia de que eran personas a su cargo, también se advierte que fueron las mismas personas en ambas secretarías, principalmente Emilio Zebadúa como oficial mayor en las dos dependencias. Así, a pesar de la ascendencia jerárquica sobre él, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulares”.
En agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga tomó protesta como la titular de la Sedatu, continuó con cinco funcionarios públicos que también conformaron su equipo en la Sedesol, a pesar de que arrastraban 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos de posibles daños al erario público, de acuerdo con las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esa parte del equipo cercano que Robles trasladó a Sedatu estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
En el auto de vinculación se refuerza la idea:
-“[Conducta] Cometida por sí misma o a título de autora material (forma de participación). De manera continua porque con: 1. Unidad de propósito delictivo: Malversación de fondos públicos o darles un destino distinto para el cual se habían otorgado y autorizado por el Congreso de la Unión (combate a la pobreza y reordenamiento del territorio nacional)”.
-“María del Rosario como titular de dos Secretarías de Estado, debió informar a su superior, o bien, evitar que continuara la celebración de convenios. La conducta esperada, deriva de la obligación que tuvo por su encargo de administrar los recursos con honradez para cumplir los objetivos a que estaban destinados. En la Secretaría de Desarrollo Social para destinarlos al combate a la pobreza y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el ordenamiento del territorio nacional, lo que no ocurrió; por ello, su falta de acción es ahora relevante para el derecho penal. Esa evitación, además, fue reiterada porque se operó en las mismas condiciones en las dos Secretarías de Estado que presidió, es decir durante todo un sexenio”.
Y más directamente:
-“[Rosario] No quiso actuar porque los directamente señalados de realizar los actos indebidos formaban parte de su equipo de trabajo y, en forma tácita, les permitió continuar con actividades ilícitas a pesar de que ella, era la única que podía indicarles que actuaran en forma distinta”.
De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo, serían nueve los funcionarios y políticos que están en esta estructura: los ya citados Emilio Zebadúa, Mauricio Razo, Juan Carlos Lastiri, María Villalpando, quien prestó su testimonio para ir en contra de la ex funcionaria, y Enrique González Tiburcio, que fueron con ella a la Sedatu, luego de la Sedesol y además, Ramón Sosamontes, Juan Francisco Martínez Lavín, María Eugenia Romero Martínez y Gustavo Rodríguez González, este último el único inhabilitado y multado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
EL EQUIPO ROBLES
Desde que se empezaron a publicar los informes de la ASF, el nombre del principal operador de Robles fue más que evidente: Emilio Zebadúa, quien fungió como el Oficial Mayor de ambas secretarías. En ese puesto, de acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
El Juez Delgadillo Padierna dijo durante la audiencia que resultaba evidente su papel principal en los casos que se le imputaron a Robles. Incluso la defensa de Robles presentó un oficio que ella le envió para atender las observaciones de la ASF para abonar a la idea de que estaba interesada en los procesos con la Auditoría, pero como fue enviado en 2017, se tomaron como tardíos.
Emilio Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro A.C. Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la Sedesol, mismo cargo que tiene en la Sedatu.
También está Mauricio Razo Sánchez, entonces titular del Órgano Interno de Control (OIC), quien fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo contra servidores públicos responsables de las irregularidades señaladas en las observaciones a programas y contratos gestionados por las dos secretarías.
A pesar de los insistentes llamados del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la contratación de Sedesol con recursos públicos a instancias sin capacidad para cumplir con los servicios, que a su vez contrataban a terceros privados, Razo les dio carpetazo argumentando falta de elementos.
En la Sedatu, en la Cuenta Pública 2016 se archivaron más señalamientos. Ya en conjunto, el posible daño al erario público de 2013 a 2016 se estimó en 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos en ambas dependencias.
En el caso de Juan Carlos Lastiri, este fue en Sedesol, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y tuvo el mismo puesto en la Sedatu.
María Evangélica Villalpando fue primero Abogada General y luego titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, luego
Otro caso es el de Enrique González Tiburcio, quien pasó de Coordinador de Asesores a Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano.
Ramón Sosamontes, es un caso aparte. Por el momento, quien fue ex jefe de oficina de Rosario Robles durante su estancia en las dos secretarías, solicitó un amparo ante cualquier orden de captura en su contra.
Sosamontes es un político que hizo su carrera, al igual que Rosario, en la izquierda. Se trata de un político con una larga, larguísima carrera dentro de la izquierda.
Su carrera política se enlazó en el comité ejecutivo nacional perredista y así estuvieron durante 20 años.
Juan Francisco Martínez Lavín, es un abogado que trabajó en la Sedesol con Heriberto Félix Guerra y luego con Rosario; también fue coordinador de asesores de Emilio Zebadúa. Él era el enlace con la ASF y prestó su testimonio a favor de Rosario a través de una entrevista que fue presentada en la audiencia de seguimiento. Ahí explicó los procedimientos y en qué consistían los pliegos de observación.
Él tuvo conocimiento de los dictámenes técnicos, realizó labores de solventación y atendió observaciones.
Quien también dio su testimonio a favor de Robles fue María Eugenia Romero Martínez, que prestó servicios a Rosario en Sedatu como Secretaria Particular y la auxilió en Sedesol.
Ella giró instrucciones al Oficial Mayor para acatar las medidas ante todas las observaciones de la ASF; su función era auxiliar a una secretaria de Estado con el Ejecutivo federal.
En la entrevista que Robles prestó como testimonio de lo que hizo como funcionaria dijo que ella había informado al Presidente Enrique Peña Nieto de las observaciones que estaba haciendo la ASF a sus secretarías, que lo hizo en giras, a través de la línea roja y en reuniones de gabinete, pero que cuando ella no estaba, la encargada de la comunicación era justo María Eugenia.
Finalmente, el único que hasta el momento ya tiene encima un cargo, es Gustavo Rodríguez González, que vocero también de las dos secretarías. Él avaló las multimillonarias campañas de publicidad oficial que proclamaban los supuestos resultados de los programas sociales a cargo de su jefa y se encargó de difundir los “logros” combate al hambre en México con miles de spots en radio y televisión, así como en periódicos, sitios digitales y autobuses.
En septiembre de 2018, fue destituido e inhabilitado después de que se le señalara por haber presuntamente autorizado un pago millonario a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), uno de los casos que tiene hoy a Robles en el penal de Santa Martha Acatitla.
