Los altibajos de la producción forestal comunitaria en el suroccidente de Michoacán, sur de Jalisco y Costa Grande de Guerrero registrados en los últimos 25 años se derivan principalmente de la intervención del crimen organizado en el negocio de la madera, aseguraron ejidatarios. El control va desde la extorsión a la compra-venta.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Muebles, molduras, madera aserrada para construcción… Los ingresos anuales del aprovechamiento forestal sustentable rondan los 11 mil millones de pesos para los ejidos. Pero el crimen organizado se ha incrustado en este negocio principalmente en regiones de Michoacán, Jalisco y Guerrero, documenta un informe del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
De 1993 a 2017, Durango, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y los referidos Michoacán, Jalisco y Guerrero han concentrado la producción forestal nacional destinada a aserrío y al comercio de celulósicos (papel higiénico, cartón, corchos), leña y carbón, refieren los anuarios estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). El pino es el árbol más aprovechado.
“Los jefes de plaza [de los grupos criminales] presionan a los comisariados ejidales para que vendan su arbolado a empresas privadas o a intermediarios con los que tienen acuerdos de compra-venta de esos productos”, dice el informe basado en entrevistas a ejidatarios y gerentes de empresas comunitarias forestales. En Jalisco, “deciden dónde se corta, cuánto, quién lo hace y cuánto se debe pagar por ello. También cobran cuotas de protección y definen a cuál aserradero de la región se debe destinar el producto”.
Frente a este problema de los últimos años, las personas entrevistadas para el estudio pertenecientes a los ejidos forestales de la región suroccidental de Michoacán, sur de Jalisco y la Costa Grande de Guerrero señalaron al crimen organizado como la primera causa en la baja de su producción forestal.
En conversación con SinEmbargo, un ejidatario dijo que por trabajar en bosques en el área entre el Estado de México y Michoacán grupos delincuenciales le solicitan una “cuota voluntaria” sin malas palabras de por medio.
Sin embargo, en las elecciones de junio pasado les pidieron votar por cierto partido político para que no se les extorsione en los próximos tres años de gestión de la presidencia municipal electa.
“Años atrás estaba un poquito más difícil. Ahora hay mejor trato, dar una pequeña aportación para estar protegidos. Por los siguientes tres años tenemos convenido que no nos cobren; todo tranquilo. Con eso [el voto] ya no nos van a estar molestando. Para nosotros lo vemos bien porque nos ahorramos un dinero que ganamos con trabajos”, afirmó vía telefónica.
Juan Manuel Barrera, uno de los autores del informe sobre los avances y retrocesos de la producción forestal, explicó a este medio que en algunas regiones de Michoacán el crimen organizado cobra por “protección” un derecho de piso mensual a pequeños talleres aserraderos y a camiones repartidores de mil a dos mil pesos para que puedan trabajar.
“Ejercen el control a través de las presidencias municipales y su interés es mantener ese control para poder ir marcando sus rutas y territorio”, aseveró el investigador respecto a la intervención en las elecciones. Por ello, consideró, la garantía de seguridad de los ejidatarios debe venir de las áreas policiacas y de procuración de justicia del Gobierno federal.
Al sur del país, contrasta el informe del Consejo Civil Mexicano, la organización comunitaria de Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Campeche ha construido un fuerte blindaje contra la delincuencia, y realiza aprovechamiento forestal pese a los huracanes y la tramitología para permisos de manejo.
MAFIAS DE LA MADERA
InSight Crime, medio especializado en crimen organizado, publicó hace unos meses la serie “Mafias de la madera – El saqueo de los bosques latinoamericanos”. En ella presenta casos en Colombia, Honduras, Perú y México. Entre el 30 y el 50 por ciento de la madera extraída en México, documenta, es ilegal y genera entre 106 y 175 millones de dólares anuales.
Esta actividad es la principal preocupación de muchas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, un estado clave para el narcotráfico por localizarse en la frontera con Estados Unidos y líder en la producción forestal junto con Durango.
“Ellos están metidos en todo: tala ilegal, minería, ganadería…”, comentó a InSight Crime un campesino desplazado del Triángulo Dorado. Dijo que tumban los árboles para abrirles paso a las plantaciones de amapola para la fabricación de heroína.
Un año después de la charla, se encontró su cuerpo tirado al lado de una carretera.
La guerra contra el narcotráfico que desató el Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006 siguió recrudeciéndose durante la administración de Enrique Peña Nieto y se mantiene bajo la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Años de estas luchas, explica Insight Crime, han atomizado a organizaciones cuyas facciones han creado otros grupos que, sumado a la caída sostenida del precio de la amapola y la mariguana, buscan crear sus propias fuentes de ingresos incluyendo la madera ilegal.
Los grupos madereros conectados con los grupos narcotraficantes, plantea el medio especializado, llegan a los aserraderos con camiones cargados de pino sin procesar. Los aserraderos, adquiridos por los grupos delictivos, compran y procesan la madera extraída ilegalmente que, tras blanquearla, venden a constructoras y plantas de procesamiento secundarias. También han arrastrado a empresas transportadoras y a conductores de camiones.
ALTIBAJOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL
De 2015 a 2020, México exportó productos maderables principalmente a Estados Unidos y China por un valor de 2 mil 875 millones de dólares, mientras que importó de Estados Unidos y Brasil 9 mil 405 millones de dólares, lo que representó un déficit comercial de 6 mil 530 millones de dólares, destaca el informe del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Pero en Michoacán se registró una de las caídas más relevantes de producción forestal en el país en las últimas tres décadas. De casi 1.4 millones de metros cúbicos de rollo (m3 r) producidos en 2000 y 2001, se colapsó a 450 mil m3 r a partir del 2010, documentan cifras de la Semarnat.
“Los cambios de uso del suelo para huertas de aguacate, la tala clandestina y el crimen organizado son los factores que originaron ese colapso en la producción forestal”, explica el informe del Consejo Civil. Se estima que cada año se deforestan poco más de mil 600 hectáreas de bosques de clima templado con pino para la producción de aguacate.
Los bosques del sur de Jalisco —principal región productiva del estado— son prácticamente administrados por las bandas criminales, asegura el documento. Los ejidos forestales más avanzados hasta hace cinco años, Barranca del Calabozo y El Empedrado, son forzados por el crimen organizado a suspender las actividades de sus aserraderos y de sus estufas de secado o a continuarlas pero bajo el control de ellos.
“El crimen organizado es la gran amenaza a la evolución de las empresas forestales comunitarias en esta región y el causante principal de los altibajos de la producción en la pasada década y de la no incorporación de nuevas áreas forestales a la producción legal”, afirma el estudio.
En Guerrero, las empresas forestales comunitarias han recibido una gran presión de parte del crimen organizado al grado de cerrar algunos aserraderos. En la Costa Grande, la más importante región forestal de la entidad sureña, los asesinatos recientes de líderes forestales inhibieron el desarrollo forestal que registra una baja en los 20 años recientes.
En abril fue torturado, mutilado y asesinado Carlos Marqués Oyorzábal, quien formaba parte de la policía comunitaria para la defensa de los bosques. Participaba en la detención de camiones que sacaban ilegalmente la madera de su ejido en San Miguel Totolapan.
Los bosques y selvas mexicanas proveen a la sociedad de biodiversidad, recarga de acuíferos y captura de carbono. Representan los medios de vida de alrededor de 360 mil familias de ejidatarios/comuneros, pero la producción nacional se encuentra muy por debajo del potencial de aprovechamiento por –además de la afectación de la delincuencia– la débil gobernanza y apoyo gubernamental.
De diez empresas forestales comunitarias entrevistadas, el 80 por ciento vende madera aserrada a mercados regionales y sólo el 20 por ciento vende al mercado nacional productos con valor agregado como muebles.
