De 2000 a 2020, México perdió más de un centenar de plumas que estuvieron al servicio de los desprotegidos. Sólo Afganistán y Siria –países en guerra– han registrado más muertes de periodistas. Con su partida, quedaron truncas investigaciones sobre el crimen organizado, la pobreza, el desvío de dinero público, el despojo de la tierra de pueblos originarios por empresas multinacionales, así como la devastación de playas, selvas y bosques. La impunidad se impuso sobre la tragedia. Hasta ahora, en más del 99 por ciento de los casos, no hubo culpables ni castigo.
Este reportaje forma parte de un proyecto de investigación colaborativo entre SinEmbargo.MX y DemocraciaAbierta. Cuenta con el apoyo de Justice for Journalists Foundation.
POR LINALOE R. FLORES,
con la participación de Efrén Flores.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo/DemocraciaAbierta).– El 1 de febrero de 2000, el periodista Luis Roberto Cruz Martínez, de la revista Multicosas, fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas. El sospechoso del asesinato, Óscar Jiménez González, fue detenido y después, desapareció. Es la hora en que nada se sabe de él.
El 16 de mayo de 2020, el periodista Jorge Miguel Armenta Ramos, dueño de Grupo Editorial Medios Obson, que publicaba el diario El Tiempo, fue asesinado en Cajeme, Sonora. Salía de un restaurante cuando varios sujetos abrieron fuego con armas de distintos calibres en su contra. Es la hora en que nada se sabe de ellos.
Entre un asesinato y otro, ocurrieron otros 131. En medio de esa línea de tiempo, el 23 de marzo de 2017, Miroslava Breach fue asesinada a balazos cuando esperaba, a bordo de su camioneta, a su hijo Carlos para llevarlo a la escuela, en Chihuahua, Chihuahua, y el mediodía del 15 de mayo de 2020, Javier Valdez cayó acribillado a media calle, frente a Río Doce, el periódico que años antes fundó en Culiacán, Sinaloa.
Y es la hora que en 99.13 por ciento -según la organización Artículo 19 México- nada se sabe de los asesinos intelectuales ni de sus porqués.
Lo único que está claro es que la alta peligrosidad en México para ejercer el Periodismo tiene dos actores estelares: uno es la violencia desatada por la guerra en contra los cárteles de la droga y el otro es la impunidad. Los dos se pelean el protagonismo. Pero son codependientes.
¿Por qué nos pasó esto?
En la República mexicana, 11 entidades cuentan con leyes que crearon mecanismos de protección; dos tienen vínculos con el Mecanismo Federal de Protección generado en la Secretaría de Gobernación. Mientras, 11 estados tienen iniciativas sin aprobar y las restantes siete entidades no tienen propuestas de legislación.
Politólogos y periodistas hablan en torno a este fenómeno que en 20 años le arrancó a México más de un centenar de plumas que estuvieron al servicio de los desprotegidos. Sólo Afganistán y Siria –países en guerra– han registrado más muertes de reporteros. En México, a los periodistas los matan por una razón simple: hacer su trabajo. Es decir, contar que en este país se impusieron el crimen organizado, la pobreza, el desvío de dinero público, el despojo de la tierra de pueblos originarios por empresas multinacionales, así como la devastación de playas, selvas y bosques por grupos hoteleros y mineras. Pero no hay castigo. La decisión de denunciar ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) o las fiscalías locales es un viacrucis. El contexto siempre fue la displicencia, el estereotipo, la corrupción y la apuesta al olvido.
Quienes se fueron hace dos décadas, se han diluido en el tiempo. Buscar los rastros de un periodista muerto hace dos décadas lleva a sepulcros cubiertos de misterios. A los asesinatos, las autoridades no les dieron seguimiento, las familias se mudaron y los compañeros no desean hablar de algunos casos en particular.
LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
En 2006, el Gobierno de Vicente Fox Quesada creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) a través del convenio A/031/06. Era una necesidad. El sexenio del hombre que en campaña había ofrecido establecer garantías para la defensa y protección de los derechos humanos, estaba por concluir. Y 24 periodistas – esos profesionales que según el discurso del exmandatario, no serían coartados en su ejercicio- habían sido asesinados.
La FEADP fue la primera en el mundo, en su especie. Su ordenamiento legal fue proteger, procurar y evitar que autoridades y poderes fácticos coartaran o censuraran “la voz del pueblo, la opinión pública y la libertad de expresión”. Como titular, fue designado el abogado Octavio Alberto Orellana Wiarco por el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora (hoy prófugo de la justicia mexicana).
En julio de 2006, hubo elecciones presidenciales en México. Felipe Calderón Hinojosa, un hombre de 43 años de edad, fue postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), la misma fuerza política de derecha que seis años antes, propuso a Vicente Fox Quesada. En el cómputo de votos, ocurrió un evento sin precedentes: el candidato panista venció a Andrés Manuel López Obrador, su contrincante más cercano en las preferencias, con 0.58 por ciento de la votación. “Espurio”, lo llamó desde ese momento López Obrador, quien se nombró a sí mismo “Presidente legítimo de México” y convocó a un plantón en la simbólica Avenida Reforma. Y así, el epíteto “espurio”, “espurio”, se reprodujo en varios sectores de la población.
“Espurio” fue un adjetivo con el que Felipe Calderón cargaba y lidiaba. Él, quien de niño vio a su padre, al lado de dirigentes políticos como Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna integrar el movimiento solidarista, basado en la ética política, los derechos humanos y el reparto equitativo de la riqueza.
Si es que las palabras tienen peso, “espurio” se convirtió en una carga para Felipe Calderón Hinojosa. Así que buscó una estrategia que lo ayudara a ganar confianza en su Gobierno. En menos de diez días, con indicadores presurosos y endebles, logró justificar que era necesaria una guerra en contra de los grupos delincuenciales. Pronto, pasó de los papeles al terreno. Después, negó que lo suyo fuera “una guerra”. Para entonces, era demasiado tarde. México se había convertido en un campo de batalla. La violencia -terca en los años anteriores- arreció con un carácter obstinado. Las vidas eran añicos. Los anhelos estaban perdidos. El negocio del narcotráfico se ramificó con un crecimiento sin precedentes. Y reportear -ir a tocar el alma de los protagonistas para abrevar su experiencia y contarla- se erigió en una actividad de alto riesgo.
Enrique Toussaint, periodista y politólogo, encuentra una asociación directa entre el inicio de esa política de seguridad con una cadena de adversidades para los informadores mexicanos que muchas veces concluyó en la muerte. “Las zonas más calientes de esa funesta etapa es justo en donde se ubicó la imposibilidad de ejercer el Periodismo. Michoacán y Ciudad Juárez se volvieron espejos de la violencia que empezó a cubrir el mapa mexicano”.
Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México, coincide con la descripción de este panorama. “Durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa se recrudeció la violencia en contra de los periodistas que había empezado en el Gobierno de Vidente Fox. Ya no paró. Se mantuvo con Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en este sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido mejor”.
EL PERVERSO JUEGO DE LOS ESTEREOTIPOS
En 2008, al presentar su informe anual, el entonces Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), Octavio Alberto Orellana Wiarco, mencionó tres factores por los que los informadores mexicanos eran asesinados: las amenazas de los grupos del narcotráfico, los abusos de autoridad y un supuesto vínculo de algunos de los comunicadores con la delincuencia organizada.
En otras palabras, la revoltura de los periodistas y los delincuentes volvió a los primeros sujetos de sospecha.
Aunque la mortalidad de los comunicadores fue grave en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006), el nuevo escenario de la guerra en contra de los cárteles, catapultó la criminalidad en su contra. Pero a partir de ahora, también, los periodistas que fueron víctimas mortales ganaron estereotipos.
Entonces, ¿de qué servía esclarecer sus muertes? ¿De qué servía investigar por qué sus investigaciones fueron suspendidas? ¿De qué servía hablar de Periodismo en México? ¿De qué servía hablar de plumas perdidas?
La organización Artículo 19 expone en el Informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” que la libertad de expresión y el Periodismo en México se convirtieron en un frente de resistencia, “atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo”.
El investigador Oswaldo Zavala, autor del libro Los cárteles no existen -una investigación editada en 2018, que rompió con las formas que hasta ese momento se había contado el narco en México- expone que la violencia que sufren los periodistas la realizan “agentes del Estado”. Explica: “No es un policía. (Las agresiones) van desde la amenaza de un vocero hasta la persecución”.
Como fuere, la muerte se entercó con el gremio. Para 2010, se contabilizaron 58 periodistas asesinados. Según el informe de la FEADP, Oaxaca era el estado con mayor número de delitos en contra de periodistas, lo seguía la Ciudad de México, después estaba el Estado de México y de manera importante, aparecían también, Tabasco y Tamaulipas.
El Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa se vio en la necesidad de transformar la Fiscalía. Lo hizo mediante el acuerdo A/145/10. Así surgió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ( FEADLE).
El primer Fiscal fue Gustavo Salas Chávez, quien se había visto envuelto en un escándalo cuando estuvo a cargo de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, lo que había derivado en su cese el 17 de julio de 2008. En ese entonces, el periódico Reforma dio a conocer una grabación en la que se le escuchó insultar a varios de sus compañeros a quienes les dijo “huevones y vividores”. En la grabación también se escucharon sus intenciones por obtener una subprocuraduría.
Salas Chávez se había desempeñado como Director de Profesionalización y Extensión Académica en la PGJ y, además, fue Delegado de esa dependencia en las delegaciones (hoy llamadas alcaldías) Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Venustiano Carranza. También fue Coordinador general del Ministerio Público Especializado.
Un año después de su nombramiento, Gustavo Salas Chávez compareció ante la Primera Comisión Permanente del Congreso. La FEADLE ni siquiera contaba con edificio propio, pero su titular dijo aquella vez que había resuelto “muy pocos” casos porque no tuvo la información necesaria.
Ante el Congreso, expuso que había casos que no se habían clasificado como homicidios de periodistas porque las víctimas murieron por accidentes, no habían sido reconocidos por los dueños de los medios de comunicación o porque se trataba de casos que estaban asociados con la delincuencia organizada. El 15 de febrero de 2012 dejó el cargo. Apenas duró en la silla principal de la FEADLE, dos años. Laura Angélica Borbolla Moreno tomó la estafeta.
La guerra continuaba. Era claro que la estrategia de descabezar cárteles no había funcionado. Nuevas generaciones delincuenciales habían surgido en México. Los muertos sumaban más de 104 mil, los desaparecidos más de 14 mil y los desplazados de sus pueblos de origen, miles y miles en un fenómeno que hasta la fecha no ha sido contabilizado. Ese era México en 2012.
ACASO TODO EMPEZÓ ASÍ
En 1951, los dueños y directores de medios de comunicación le ofrecieron una comida al entonces Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, en el restaurante Grillón. Ese año, los periódicos nacionales tenían una deuda con la Productora e Importadora de Papel SA (PIPSA), monopolio del Estado. Para amenguar la crisis, el coronel José García Valseca, dueño de la cadena de los Soles, reunió a editores de diarios y revistas para que solicitaran al Gobierno la condonación o la renegociación. El Primer Mandatario respondió con el perdón total de los créditos.
El banquete, digno de un principado, coronó el agradecimiento de los empresarios del Periodismo. Se sirvieron hígados de ganso con jalea de champaña; huevos rellenos de caviar ruso; langosta americana; arroz a la criolla; timba de jamón York a la florentina; pato en salsa de Curazao; crepas de cajeta de almendras. Se marinó con vinos Chablis 1946 y champaña Charles Heidsek.
Acudieron el escritor de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán; el coronel José García Valseca y el empresario Rómulo O´Farrill. Además, en el comité organizador figuraban los directores de Novedades, Alejandro Quijano; de El Universal, Miguel Lanz Duret; de Excélsior, Rodrigo de Llano; de La Prensa, Mario Urdanivia, entre otros, consta en la hemeroteca.
Martín Luis Guzmán se encargó de redactar la invitación. “La prensa mexicana, integrada por todos los diarios, semanarios, y revistas serios y de carácter informativo, se halla en deuda con el Presidente de la República, licenciado Miguel Alemán. Durante los cuatro años y medio ya transcurridos dentro de su periodo ha sido él constante y escrupuloso mantenedor de la libertad de prensa, así la de pensamiento y palabra”, se leía en la convocatoria.
Los cantantes Pedro Vargas y Toña La Negra interpretaron acompañados de la orquesta de Pedro García. Sólo hicieron una pausa para darle paso al discurso de García Valseca: “¡Gracias, señor Presidente por la forma tan rápida con que resolvió la escasez de papel!” Cuando Miguel Alemán Valdez se había ido, el coronel propuso el 7 de junio como día de la Libertad de Prensa.
Dos años después de esa comida, cerró el semanario Presente que dirigía José Piñó Sandoval y que había publicado reportajes sobre la corrupción en el Gobierno alemanista y fueron despedidos cinco periodistas de Tiempo que dirigía Martín Luis Guzmán, quien además, había evitado publicar los hechos del 1 de mayo de 1952, cuando en una marcha disidente a la del Día del Trabajo hubo muertos y heridos.
Seis décadas después, la periodista Regina Martínez fue estrangulada en su propia casa, en Xalapa, Veracruz. Una semana después, la Policía Naval encontró los cuerpos torturados y desmembrados de Gabriel Huge, ex fotógrafo del diario Notiver, su sobrino y fotógrafo de la agencia Veracruznews, Guillermo Luna; Esteban Rodríguez, quien trabajó para Diario AZ y también de Irasema Becerra, administrativa del diario Dictamen. Huge y Luna eran especialistas en la investigación de los crímenes de la delincuencia organizada y sus vínculos con los funcionarios municipales y estatales.
En 2012, se fue el Periodista Marco Antonio Ávila García en Guaymas, Sonora, y el periodista Adrián Silva Moreno en Tehuacán, Puebla. Hubo más. Hasta hoy suman 133.
Esos profesionales tuvieron un denominador: trabajaron sin seguridad social, con sus propias herramientas y con la exigencia de cumplimiento. El politólogo Enrique Toussaint reconoce que el hecho de que en la historia, el Periodismo haya estado en manos de “millonarios”, dueños de varios negocios en los ámbitos de telecomunicaciones, tiendas de electrodomésticos y hospitales permitió un chantaje al Gobierno, lo que puso en jaque al derecho humano del acceso a la información. “Ha habido una precarización constante del negocio y por lo tanto de las condiciones laborales”, sostiene.
Oswaldo Zavala, quien también laboró en varias redacciones mexicanas, añade un elemento al complejo escenario. “En este entramado, los periodistas sufren también una violencia diaria y cotidiana que perpetra su propio medio. Los medios son también copartícipes de la violencia, y esta es probablemente la violencia más endémica, la más continuada, la más perniciosa, porque tiene que ver con la explotación laboral, con las pocas prestaciones, con trabajar en condiciones de riesgo y en cambio, una alta exigencia impuesta al reportero”.
También en comparecencia ante el Congreso mexicano, en julio de 2012, la fiscal Laura Angélica Borbolla Moreno, expuso: “Nos hemos encontrado con conductas que se derivan con alguna relación o vínculo con la delincuencia organizada … Ya sea porque publicaron algo o porque no publicaron algo”.
EL PRI VOLVIÓ
En la persona de Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional, regresó al poder en diciembre de 2012. Las campañas se realizaron mientras miles de estudiantes salieron a las calles para protestar por la injerencia de los medios informativos en la política y la sociedad. El 1 de diciembre, el Presidente asumió mientras una multitud lanzó piedras a los edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Eso ocurría, aunque en el exterior, la prensa internacional reflejaba un ambiente de esperanza. El semanario británico The Economist consideró que la predicción maya sobre el fin del mundo no había sido entendida a cabalidad. No se trataba de un exterminio; sino de una renovación. Un despertar que ahora protagonizaba Enrique Peña Nieto. La predicción se difuminó. En 2014, apenas dos años después de su toma de posesión, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron de la faz de México, cuando viajaban en tres autobuses.
A partir de entonces, la credibilidad del Mandatario quedó rota para siempre. The Economist ya no decía que Peña Nieto fuera capaz de virar el timón de México hacia un amanecer y puso en duda su capacidad política. En la calle, el grito se volvió incesante: “¡Nos faltan 43! Las encuestas hablaban también. El político que fue capaz de regresar al PRI al Gobierno, llegó al nivel más bajo de aceptación que un Jefe del Ejecutivo hubiera tenido en veinte años en el mismo momento político, 39 por ciento, según la encuestadora del diario Reforma y 42 por ciento, según la de El Universal.
Así pasaba el tiempo peñanietista. Años en que el Presidente jamás mencionó las palabras “guerra”, “muertos” o “desaparecidos”. Marcaba así distancia con su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, pero en los hechos, la guerra seguía. Tres periódicos anunciaron que preferían el silencio. En un editorial publicado el 11 de marzo de 2013 -en el primer año de Peña Nieto-, el periódico Zócalo, de Saltillo, en el estado de Coahuila, expuso: “En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del Periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado. Nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para superar la calidad informativa y mantener una línea de objetividad e imparcialidad …”.
Otros dos diarios asumieron la autocensura, El Diario de Juárez, en Chihuahua, y El Mañana, de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Los dos coincidieron en que si continuaban con su trabajo, la vida de su personal estaría en riesgo. Cada uno había sufrido por su parte amenazas a sus reporteros y ataques repetidos en sus instalaciones.
La violencia alcanzó a los portales de noticias.
Jaime Guadalupe González Domínguez, reportero y director de OjinagaNoticias, en Chihuahua, fue acribillado en su automóvil, la tarde del 3 de marzo de 2013. Fueron 18 balazos. Por esta muerte, el medio cerró el día siguiente. Pero en otros confines de México, la muerte seguía terca. Alberto López Bello fue asesinado el 17 de julio de 2013 en Oaxaca y Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado el 5 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos, Veracruz. De Gregorio sólo se encontró su cuerpo ejecutado. Jorge Torres Palacios fue secuestrado por un comando armado el 29 de mayo, cuando llegaba a su domicilio en un barrio de Acapulco, en Guerrero. Tres días después, apareció dentro de una bolsa, decapitado y semienterrado en una fosa.
En agosto de 2015, Arely Gómez, en ese entonces Procuradora General de la República, designó a Ricardo Nájera Herrera a cargo de la FEADLE. El expertisse de Nájera Herrera concentraba más cargos en comunicación social que en la investigación policiaca: egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con cédula registrada en 1980, se desempeñó como Director General de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y director general de Comunicación Social de la PGR.
A Nájera Herrera se le acumuló el trabajo sobre el escritorio. Para 2017, la FEADLE había alcanzado 97 por ciento de ineficacia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los informadores mexicanos. En abril de ese año, la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Irene Herrerías Guerra, se presentó ante la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República y expuso de viva voz esta información: de 2000 a 2017 habían ocurrido 114 homicidios de los cuales, la fiscalía especializada sólo había atraído 48.
Abundó que desde la creación de la FEADLE, en 2010, se habían abierto 368 expedientes por amenazas a periodistas, 159 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 55 por privación ilegal de la libertad y 48 por daño en propiedad ajena.
Y dijo también que para este universo de muertes, amenazas y agresiones sólo se habían emitido tres sentencias.
Tres días antes del asesinato del periodista Javier Valdez, Ricardo Nájera Herrera fue destituido y en su lugar fue nombrado, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Desde entonces a la fecha, la Fiscalía ha obtenido 18 sentencias condenatorias, entre ellas las que se han dictado en dos casos emblemáticos: los homicidios de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, corresponsales del diario La Jornada. Hay 80 personas sujetas a juicio y decenas de investigaciones aún están en curso.
