En 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos, con un valor superior a los 585 mil millones de pesos, de los cuales, el 78 por ciento se otorgó por medio de una adjudicación directa, 10 por ciento por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y sólo 12 por ciento por medio de una licitación pública, reveló un informe de la Cofece.
Al otorgar contratos por adjudicación directa, la actual administración dejó de comprar con las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. Actualmente, la Cofece investiga varios casos relacionados con posible colusión en la contratación pública en mercados diversos como servicios de obra pública, medicamentos y bonos de deuda. Aproximadamente uno de cada tres casos de investigación por colusión está relacionado con la contratación pública.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Ocho de cada 10 contratos que se otorgaron en el actual Gobierno fueron mediante adjudicación directa, es decir, sin realizar un concurso, y eso significó que el Estado dejó de comprar con las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, reveló la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
“Aunque la adjudicación directa reduce los costos administrativos, su utilización no asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones posibles de precio, calidad y oportunidad”, mencionó la Cofece en un documento titulado “Agenda de Competencia para un Ejercicio Íntegro de las Contrataciones Públicas”.
En 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos, con un valor superior a los 585 mil millones de pesos, de los cuales, el 78 por ciento se otorgó por medio de una adjudicación directa, 10 por ciento por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y sólo 12 por ciento por medio de una licitación pública.
“Este enorme monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno es un incentivo para que el diseño de las licitaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores”, aseguró la Cofece.
Un análisis más detallado de estas cifras muestra que buscar la mayor concurrencia y competencia no constituye la regla. Mientras mayor sea el monto de un contrato, resulta más importante que este se adjudique por el método de licitación pública (por ser el que maximiza la concurrencia y competencia). Sin embargo,
De los 35 mil 739 contratos superiores a un millón de pesos, equivalentes en total a 553 mil millones de pesos, 11 mil 882 contratos (el 33 por ciento) se adjudicaron de forma directa, por un monto total de 179.4 mil millones de pesos, y 10 mil 292 contratos (el 29 por ciento) fueron otorgados por invitación a cuando menos tres personas, esto por un total de 53.3 mil millones de pesos.
“De todos los 553 mil millones de pesos en contratos superiores a un millón de pesos, 232 mil millones de pesos se adjudicaron por medio de mecanismos de contratación distintos a la licitación pública”, precisó el informe de la Cofece.
La entidad encargada de vigilar, promover y garantizar la libre competencia del mercado en México, detalló que en las compras de menor monto cobra relevancia el costo administrativo de realizar procesos de licitación, ya que este podría representar un alto porcentaje del dinero que se erogará con la compra.
De los 228 mil procedimientos de contratación registrados en 2017, 69 por ciento, es decir 157 mil contratos, corresponden a adquisiciones directas por montos menores a 500 mil pesos, y 8 por ciento, o sea 20 mil contratos, a montos menores a cien mil pesos.
Para la Cofece, la falta de competencia en los procedimientos de contratación pública está asociada con la utilización ineficiente de los recursos públicos, ya que podría resultar en la adquisición de productos o servicios más costosos de lo que podrían conseguirse con competencia, con especificaciones técnicas superfluas o excesivas, o en el extremo contrario, de calidad menor a la requerida, con defectos ocultos o inservibles.
El documento indicó que las ineficiencias derivadas de la falta de competencia en la contratación pública pueden darse por:
–Usar métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas.
–Restringir la participación por medio de requisitos innecesarios.
–Otorgar ventajas a determinados agentes con ciertas especificaciones técnicas u otros criterios.
–Disminuir los incentivos para la presentación de posturas agresivas.
–Facilitar la coordinación de posturas de los licitantes.
De acuerdo con la Cofece, para que exista competencia en un procedimiento de contratación depende principalmente de dos razones: del diseño de las convocatorias y procedimientos −que a su vez depende del marco regulatorio−, y de los incentivos institucionales para una correcta aplicación de la normativa.
Actualmente, la Cofece investiga varios casos relacionados con posible colusión en la contratación pública en mercados diversos como servicios de obra pública en la autopista Cuernavaca-Acapulco, acero, medicamentos, estudios de laboratorio y banco de sangre, cepillos dentales, watthorímetros y bonos de deuda.
Aproximadamente uno de cada tres casos de investigación por colusión está relacionado con la contratación pública.
SIMULACIÓN DE LA COMPETENCIA
La Cofece también advirtió de las empresas de un mismo grupo de interés económico que simulan competencia para adjudicarse contratos.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) establecen que las entidades gubernamentales que convoquen a licitación no deben aceptar propuestas de empresas donde dos o más personas que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. No obstante, mientras no exista un socio o asociado común, no está prohibido que dos o más licitantes.
Este es el caso de guantes de polietileno investigado por la Coefece donde las únicas dos empresas que participaron directamente en las licitaciones de 2012, 2013, y 2014 formaban parte del mismo Grupo de Interés Económico (GIE). La mayoría de las acciones o partes sociales de las mismas eran ostentadas por accionistas que tenían una relación de parentesco consanguíneo en línea directa.
Esta relación de parentesco y accionaria implicaba que las empresas investigadas no desempeñan su actividad económica de forma independiente; sin embargo, tomando en cuenta la definición de GIE, no se consideraron como competidores entre sí sino como parte del mismo grupo, por lo que se cerró el caso.
Otra caso que identificó la Cofece fue en los condones y sondas. La investigación se encontró que dos empresas integrantes del mismo GIE compartían información para participar por separado, aunque de manera coordinada, en los concursos. Con ello, la convocante consideraba la existencia de dos fabricantes nacionales y realizaba una licitación de carácter nacional, evitando la concurrencia de participantes extranjeros.
En el caso de monitoreo de medios, por ejemplo, la investigación de la Cofece reveló que dos de las empresas que participaban en los procesos de invitación a cuando menos tres formaban parte de un mismo GIE.
Lo anterior debido a que, pese a que tienen domicilios independientes, comparten plantilla laboral y las áreas contables y de ventas. Además, la presidenta y administradora de una de las empresas tomaba decisiones que también aplicaban para la otra empresa, y tenía facultades para nombrar al director general, gerente y otros empleados, así como otorgar y revocar poderes de la otra empresa, aun cuando no poseía acciones de esta.
