Al cumplirse el año que se dio de plazo para que los congresos locales ajustaran sus marcos normativos a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Chihuahua se mantiene sin avances en las modificaciones constitucionales ni en la ley del sistema, por lo que es el caso con mayor atraso en esta implementación. Y Tlaxcala y Jalisco trabajan este día para sacar los cambios constitucionales.
Atrasos se presentan también a nivel nacional, donde faltan los nombramientos del Fiscal especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y los cambios legales para dotar de autonomía a la que deberá ser la Fiscalía que sustituya a la PGR.
Fernando Alcázar, investigador del equipo anticorrupción del IMCO explicó que en la Ley no se prevén sanciones para casos de incumplimiento y “lo que sí puede tener una implicación es que, conforme más tardado sea ese proceso, pues más tarde iniciará el Sistema Anticorrupción; porque, por ejemplo, la elección del comité de participación ciudadana toma tiempo, y también la de la comisión de selección de este comité”.
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Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– En el último día fijado para que las entidades federativas ajusten sus marcos normativos a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en dos estados –Veracruz y Baja California– no se han aprobado las leyes estatales en la materia y en uno, Chihuahua, no hay siquiera reforma constitucional.
Así lo indican datos del “semáforo anticorrupción”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y que mide la implementación del sistema a través de dos indicadores: reformas a las Constituciones locales y aprobación de las Leyes Estatales del Sistema Anticorrupción.
Al respecto, Fernando Alcázar, investigador del equipo anticorrupción del IMCO, informó que sólo el Estado de Chihuahua se mantiene sin avances en las modificaciones constitucionales ni en la ley del sistema, por lo que es el caso con mayor atraso en esta implementación.
El pasado lunes se iba a votar el tema en sesión extraordinaria en el Congreso de Chihuahua, pero la presión de la oposición hizo a la bancada del PAN respaldar la propuesta del PRI de que se bajara el asunto del debate, de acuerdo con el Diario. Los legisladores tienen en sus manos las propuestas hechas por el Gobernador Javier Corral Jurado y una de los legisladores blanquiazules.
En otras entidades, como Tlaxcala y Jalisco, se prevén aprobaciones de las leyes del sistema para hoy, mientras que la Ciudad de México votó ayer lunes las modificaciones respectivas.
“Definitivamente es una alarma que aún haya estados donde se está legislando de última hora o que no haya iniciativas”, dice Alcázar en entrevista.
“Lo que sí puede tener una implicación es que, conforme más tardado sea ese proceso, pues más tarde iniciará el Sistema Anticorrupción; porque, por ejemplo, la elección del comité de participación ciudadana toma tiempo, y también la de la comisión de selección de este comité”, agrega.
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Luego de una reforma constitucional publicada en mayo de 2015, el 18 de julio de 2016 se publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo artículo segundo transitorio indica que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas […] deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes”.
Con base en ese artículo, el IMCO empezó a medir los avances en los ajustes legales en las entidades y, mañana, publicará la tercera actualización.
“Los resultados, al día de hoy, es que, por un lado, la reforma constitucional ya está en todos los estados, excepto Chihuahua […] y, naturalmente, no tienen la ley”, explica.
“Todas [las reformas constitucionales] son satisfactorias o regulares, por arriba del 85 por ciento en calificación, y regulares, por arriba del 70 por ciento. Y en el caso de las leyes, tenemos un número elevado de leyes, satisfactorias y regulares, y un puñado de estados, como la Ciudad de México, que aprobó ayer”, agrega.
La metodología del “semáforo anticorrupción” del IMCO indica que midieron diferentes criterios para determinar la calificación de cada Reforma Constitucional y Ley en los estados, como “el establecimiento del Sistema Local Anticorrupción, del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana y la incorporación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas”.
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Al respecto, informó Alcázar, 22 entidades presentaron niveles “satisfactorios” de Reformas, como Baja California Sur y Jalisco, mientras que otras nueve, como Veracruz y Morelos, tuvieron niveles “regulares” y Chihuahua, sin reforma ni leyes, fue evaluada como “deficiente”.
El especialista explicó que, si bien hay un plazo establecido para la adecuación de las leyes, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción no prevé sanciones para casos de incumplimiento.
El mismo atraso, dijo, se presenta a nivel nacional, donde faltan los nombramientos del Fiscal especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y los cambios legales para dotar de autonomía a la que deberá ser la Fiscalía que sustituya a la Procuraduría General de la República.
“Esto es algo que observamos en muchos casos, y no hay sanciones”, dijo Alcázar, que agregó que, para eso, está la sociedad civil dando seguimiento.
