Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Habitantes del municipio de General Cepeda, Coahuila, rechazan la instalación de un confinamiento de residuos tóxicos que la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A. pretende construir en ese lugar, y exigen la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto para frenar la obra, ya que aseguran fueron engañados por los propietarios para que les vendieran las tierras, además de que la obra ocasionaría la pérdida de sus cultivos y dañaría la salud de la comunidad.
El proyecto de instalación del Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI) se dio a conocer en octubre del año pasado. La obra se construirá en un predio de 500 hectáreas en el ejido de Noria de la Sabina, en el municipio de General Cepeda.
Noria de la Sabina es una comunidad de unos 100 habitantes, que se dedican al tallado de la lechuguilla, la extracción de cera de candelilla y la recolección de orégano, especies que consideran se verán amenazadas con el proyecto.
De acuerdo con los ejidatarios, tanto la empresa como las autoridades federales, estatales y municipales, han actuado con engaños para gestionar el proyecto.
En 2011, los representantes de la empresa ofrecieron a los ejidatarios que instalarían una maquiladora de ropa o una granja de pollos para generarles empleos, para ello necesitaban que les vendieran un derecho de paso entre la carretera federal número 40 que une Saltillo con Torreón, a lo cual accedieron.
“Con esta promesa de trabajo en la granja avícola les vendieron el terreno para la brecha, que por cierto se los vendieron muy barato, a dos mil pesos la hectárea. La gente estaba muy entusiasmada porque les iban a dar chamba”, expresó José Luis García Valero, habitante de la comunidad de Noria de la Sabina e integrante del Comité ciudadano de Vigilancia de General Cepeda.
Pero la comunidad ignoraba que los terrenos serían usados para crear un confinamiento de residuos tóxicos.
En entrevista para SinEmbargo, el representante legal de la empresa, Javier Caderón Domínguez, rechazó estas afirmaciones y aclaró que el confinamiento es de residuos tóxicos que están previamente tratados.
“Yo represento a la empresa y he estado cerca de la comunidad, ellos saben que soy una persona que me dedico al medio ambiente, porque formo parte de un grupo que ya tiene 20 años en el mercado, y desde que iniciaron las pláticas con los habitantes, yo les platiqué a cada uno de ellos que me dedicaba al medio ambiente y que traía un proyecto de medio ambiente, que teníamos oportunidad de generar empleos y que podíamos apoyar en otras actividades para generar economía en la población”, aseguró Calderón.
Sin embargo, los habitantes insisten en que el trámite para la construcción lo hicieron “en lo oscurito” porque desde principios de marzo del año pasado la empresa inició los trámites en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin que nadie de la comunidad ni de la cabecera municipal tuviera noticia del asunto.
La ley en materia ambiental establece que para poder realizar una obra como los confinamientos, es necesario promover una consulta pública, para ello, el resumen del proyecto debe publicarse en un periódico de gran difusión para que la gente se entere del tema, situación que no ocurrió en Noria de la Sabina.
“Hicieron la publicación en una página interior de un periódico local, El Heraldo de Saltillo, y con eso cumplieron la ley, pero no cumplieron con el espíritu de la ésta, que es dar a conocer a la población su proyecto”, detalló García Valero.
Para cuando la comunidad se enteró de que estaba este proyecto, el permiso ya estaba dado, el 18 de octubre de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat otorgó la autorización en materia de impacto ambiental, pero aún faltaban dos permisos: la autorización del Municipio para cambiar el uso de suelo forestal y que el Cabildo otorgue el permiso de construcción.
Los ejidatarios señalan que en noviembre del año pasado se enteraron del permiso a través de Internet y que a partir de ese momento se informaron y se movilizaron para detener la obra. Crearon el Comité Ciudadano de Vigilancia, a través del cual realizan movilizaciones y llevan a cabo asambleas ejidales donde recopilan firmas en rechazo a ese plan que, dicen, perjudicaría al menos a los 40 ejidos del municipio.
“La gente sabe que esta construcción los va a ir matando lentamente”, aseguró José Luis Villareal Treviño, habitante de General Cepeda.
Sin embargo, el Cabildo hizo oídos sordos a las peticiones de los habitantes y concedió el segundo permiso a la empresa.
El pasado 16 de junio, durante la última Sesión de Cabildo en la que no estuvo presente la regidora Magdalena Sofía Ochoa Mendoza, una de las principales opositoras al proyecto, aprobó en “fast track” el proyecto para el confinamiento de los residuos peligrosos.
Además, acusan los pobladores, el tema del confinamiento de residuos industriales no se incluyó en el orden del día, sino que se trató al final de la sesión como parte de los asuntos generales y como si se tratara de un asunto menor.
El proyecto presentado por Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, filial de Grupo Ecolimpio, señala que no existen poblaciones en un radio de 30 kilómetros a la redonda. No obstante, en el intermedio se localizan los ejidos de La Rosa, Tanque San Vicente, Hipólito y apenas a 5 kilómetros Noria de la Sabina, refiere una nota publicada por el diario Vanguardia.
La inquietud de los habitantes de General Cepeda por la realización de esta obra aumenta conforme pasan los días, sobre todo porque el Alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez ha mostrado abiertamente su apoyo al proyecto.
“Padecemos en General Cepeda un viejo cacicazgo, este señor Rodolfo Zamora Rodríguez ya fue Alcalde hace varios años, logró que su hijo también lo fuera, consiguió que su esposa fuera regidora en la pasada administración y él se reeligió. Tiene todo el respaldo del Gobernador Rubén Moreira Valdés”, apuntó José Luis García.
Los habitantes coinciden en que el Alcalde está comprometido con el proyecto, que sabía de los permisos y que lo ocultó al pueblo.
“El Presidente Municipal está amedrentando al pueblo, las autoridades les dicen que les van a quitar la ayuda gubernamental que reciben, no hemos denunciado por temor”, expresó el señor José Luis Villareal.
La primera vez que Rodolfo Zamora Rodríguez fue Alcalde de General Cepeda prometió entregar el acuífero “Agua de la Casita” –que abastece a toda la comunidades del municipio– a Saltillo para zona industrial, también quiso poner un confinamiento en otro poblado que se llama San José de la Paila, esto fue en 1998, pero los ejidatarios se opusieron.
Ahora, Sociedad Ecológica Mexicana del Norte está a un paso de concretar la construcción del confinamiento, sólo falta un permiso: el de construcción que otorga el Cabildo.
Aunque la comunidad asegura que el Cabildo está intimidado por el “cacicazgo” del Alcalde y temen que finalmente se conceda el permiso para el confinamiento, continuarán con su lucha de manera pacífica a través de marchas, asambleas, difusión en medios de comunicación y por la vía legal.
“Somos gente de orden, vamos a realizar movilizaciones para difundir la información, pretendemos que escuchen nuestra postura en los medios, todas las acciones siempre dentro de la ley, en forma pacífica”, adelantó José Luis García .
“Nosotros solicitamos al Presidente Peña Nieto y a la Semarnat que cancele el proyecto. No queremos un conflicto social, no estamos en contra del CIMARI, que lo hagan, pero en otro lugar”, planteó José Luis Villareal.
La empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, que planea arrancar en un mes la construcción del confinamiento, se dice abierta a la opinión de los pobladores, pero asegura que continuará con el proyecto.
“Yo estoy abierto ante cualquier persona para ampliarles la información, y si tienen alguna acción legal, están las instancias correspondientes para hacerlo, están en su derecho, así como yo de continuar con mi proyecto”, dijo el representante legal de la compañía, Javier Calderón Domínguez.
En México sólo existen dos confinamientos, uno en Mina, Nuevo León y otro en Ramos Arizpe, Coahuila, si el Cabildo de General Cepeda otorga este último permiso a Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, se construiría el tercero del país, en la comunidad de Noria de la Sabina, a 100 kilómetros de distancia de los otros dos.