Por: Edmundo del Pozo*

El modelo de desarrollo que imperó en México en las últimas décadas estuvo caracterizado por un conjunto de políticas que permitieron la privatización de sectores estratégicos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 obligó a la flexibilización de leyes nacionales en materia agraria, minera, hídrica, ambiental y energética. A través de este entramado se posibilitó la entrega de concesiones y permisos para el avance desmedido de megaproyectos extractivos a costa del despojo de los territorios, los bienes comunes y la cultura de los pueblos originarios y campesinos, acompañado del sacrifico del medio ambiente.

Con la llegada del gobierno de López Obrador en 2018 se vislumbró un cambio de este modelo por la dura crítica que a lo largo de su trayectoria dirigió en contra de las políticas de las pasadas administraciones de corte neoliberal. A su juicio, éstas eran la fuente de la injusticia social y la corrupción en la que estaba hundida México. Es por ello, que desde que tomó posesión impulsó medidas de fondo para intentar frenar los efectos de la privatización en sectores estratégicos.

El caso más representativo fue el sector energético donde buscó desmantelar la reforma impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se comenzó con la suspensión de las rondas petroleras y las subastas eléctricas, impulsando a la par el rescate de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para avanzar con el objetivo de conducir a México hacia la soberanía energética. Estos cambios se buscaron implementar además por la vía legislativa, a través de reformas a las leyes de la industria eléctrica, de hidrocarburos y de una iniciativa constitucional en materia eléctrica.

Otra medida de gran calado fueron las modificaciones que promovió el Ejecutivo en el caso de la Ley Minera, un instrumento que sirvió para otorgar concesiones a diestra y siniestra a corporaciones mineras en todo el territorio nacional desde su puesta en vigor en 1992. Una primera acción que tomó la administración para revertir esta tendencia fue no seguir otorgando nuevas concesiones a particulares, sin embargo, ello resultaba insuficiente y debía quedar no solo en un compromiso político. Fue así como a inicios de mayo se publicó en la gaceta oficial la reforma del marco minero que contempló retirar el carácter preferente a la actividad minera sobre otros usos en el territorio; prohibir la entrega de concesiones en zonas de estrés hídrico y dentro de áreas naturales protegidas; se incorporó el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades indígenas, entre otros.

Tanto la contrarreforma energética como las modificaciones a la Ley Minera enfrentaron el poder de las cámaras empresariales, a través de una avalancha de acciones judiciales promovidas por empresas de ambos sectores, así como por la oposición partidista dentro del Congreso y organismos autónomos como la COFECE. La mayoría de estos litigios contaron con fallos favorables del poder judicial que permitieron la parálisis momentánea de estas reformas.  A lo anterior habría que sumar una fuerte presión internacional de potencias como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que hicieron señalamientos públicos al gobierno mexicano por atentar en contra de tratados comerciales.

Otras iniciativas impulsadas por la actual administración fueron las relacionadas con derechos de pueblos indígenas y afromexicano[1], cuyo propósito es reconocerles como sujeto de derecho público; y otra de carácter ambiental, que busca prohibir la fracturación hidráulica (fracking), la autorización de concesiones para minería a cielo abierto y de permisos para maíz transgénico[2]. Las iniciativas si bien no lograron pasarse al cierre de la pasada legislatura tienen chance ahora de aprobarse con la conformación del nuevo congreso, donde la coalición gobernante tendrá prácticamente la mayoría calificada, con la posibilidad de pasar las reformas sin necesidad de sumar los votos de los partidos de oposición.

Una mirada de conjunto a las políticas de este gobierno permite afirmar, que aun con las resistencias del sector empresarial y del poder judicial, se logró desmontar el avance de algunas reformas claves que sostenían al marco neoliberal, con ello se ha evitado que nuevos megaproyectos extractivistas del sector privado se propagaran en los territorios. Sin embargo, desde el Ejecutivo se promovieron otros proyectos de gran escala en el sureste de país, que a pesar de contar con respaldo social y generar fuentes de empleos en regiones tradicionalmente olvidadas, trajeron también la vulneración de derechos colectivos de pueblos y comunidades y al medio ambiente. Entre los casos más denunciados han estado el Tren Maya y el Corredor Transístmico.[3]

El freno al modelo de transición energética neoliberal resultado de las políticas soberanistas de este gobierno, tampoco se tradujo en la construcción de alternativas de generación de energía descentralizada a nivel comunitario con una perspectiva de derechos. Por el contrario, la prioridad del gobierno fue fortalecer al modelo extractivista fósil, a través del incremento de la capacidad de explotación de hidrocarburos de Pemex y de la construcción y adquisición de nuevas refinerías. De igual manera, la mayoría de las centrales de generación eléctrica de la CFE siguen alimentándose de fuentes fósiles como el combustóleo y el gas natural, todo lo cual ha seguido impactando seriamente en la crisis climática y ha alejado a México de sus obligaciones internacionales y de los compromisos asumidos por el propio gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales de energía.[4]

Con la llegada del nuevo sexenio,Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria política y académica acreditan un serio compromiso por el medio ambiente, los derechos humanos y por una transición energética justa, es indispensable superar no solo el sistema neoliberal sino también la visión extractivista que aun prevalece. Sería un paso determinante en aras de conquistar el “segundo piso de la transformación”.

* Edmundo es coordinador de, programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

[1] https://lopezobrador.org.mx/2024/02/21/reforma-en-materia-de-pueblos-indigenas-y-afromexicanos-es-un-acto-de-justicia-social/

[2] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/892807/CPM_Semarnat_reformas__14feb24.pdf

[3] https://es.mongabay.com/2023/08/tren-maya-avanza-violacion-de-derechos-de-naturaleza-entrevista/ – https://desinformemonos.org/en-tres-anos-de-lucha-contra-el-ct-nos-han-dejado-solos-comunidad-de-puente-madera/

[4] Véase estudio de Fundar: “A medio camino. Balance y pendientes de la política energética del sexenio 2018-2024”, disponible en:  https://fundar.org.mx/publicaciones/a-medio-camino-balance-y-pendientes-de-la-politica-energetica-del-sexenio-2018-2024/

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