En una democracia liberal – el régimen político que más nos conviene seguir defendiendo – el derecho se aplica de manera universal y no particular. Otra manera de decirlo es que si el derecho se aplica para uno, debe aplicarse para todos.

Esta idea existe para no permitir que haya privilegios y que el orden jurídico sea de aplicación universal. La idea detrás es que en una República nadie debe estar por encima o por debajo de la Ley, pues cómo lo establece la Declaración de Independencia de Estados Unidos, todos los seres humanos fueron creados iguales.

Por todo esto es muy grave que el viernes pasado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se haya publicado un decreto emitido por el Presidente de la República, según el cual los jueces federales no podrán emitir suspensiones de carácter general a Leyes contra las cuales alguien se haya amparado. Se trataría de Leyes cuya constitucionalidad está en proceso de ser examinada y que potencialmente podrían afectar el interés general, de ser puestas en marcha.

Hasta ahora la práctica había sido que si una persona o grupo de personas se amparaban contra una Ley, los Tribunales podían emitir suspensiones que no sólo fueran efectivas para los quejosos, sino también para todo mundo.

Parece incontrovertible que así fuera, pues el daño que podría causar una mala Ley no sólo se inflingiría contra quienes se amparan, sino contra todos los ciudadanos. De no ser así, quienes tengan la suerte y el tino de solicitar un amparo serían privilegiados, pues la suspensión contra una Ley injusta aplicaría sólo para ellos

Esto no parece algo sensato. Y sin embargo es justamente lo que está dictando el Presidente. No nos equivoquemos: la lógica detrás de este decreto tiene menos que ver con la ampliación de la justicia que con la voluntad de que procedimientos de defensa de derechos civiles no puedan ser recursos utilizables contra acciones políticas del Poder Ejecutivo o Legislativo.

El asedio con el Poder Judicial no es nuevo ni tampoco es original. De hecho, el obradorato se comporta previsiblemente como lo hacen otros regímenes populistas y autoritarios en todo el mundo. Para todos estos gobiernos los poderes judiciales son un obstáculo contra sus intentos de monopolizar el poder.

En última instancia se trata de ataques contra el ideal mismo del constitucionalismo. Esto último sólo existe si los órganos judiciales pueden interpretar Leyes y determinar su constitucionalidad.

Hoy por hoy, vivimos en una República donde el principio de universalidad de las Leyes se sigue honrando. Pero esto podría no ser el caso pronto cuando una mayoría calificada de Ministros en la Suprema Corte tengan en cuenta sólo el interés del poder Ejecutivo.

Indudablemente, el decreto publicado el viernes entraña un gran riesgo para la justicia mexicana y para el bienestar de los ciudadanos. Esperemos que pronto sea derogado.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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