Representantes de las comunidades otomíes de San Lorenzo Huitzizilpan, San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotusco recordaron que desde 2010 les fue impuesto el decreto para realizar el proyecto carretero sin que fueran consultados, como lo establecen los tratados internacionales.
De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Expropiación, si al plazo de cinco años no se concluyó la causa de utilidad pública para el cual se emitió los pobladores pueden exigir la devolución del territorio.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- El plazo de cinco años que Enrique Peña Nieto concedió a Constructora Teya, propiedad de Grupo Higa, para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, se venció y no se concluyó: hay algunos tramos en que se avanzó hasta 40 por ciento. Los pobladores de las tres comunidades demandan al Ejecutivo actual la devolución y restauración de su territorio que, acusan, fue devastado.
El decreto expropiatorio, emitido en 2014, planteó que la obra debió estar terminada el 29 de mayo de 2019 y sólo de edificó “de manera precaria”: el asfalto en varios tramos tiene severos daños por el tipo de suelo y los materiales que se usaron para construir sólo algunos tramos aislados, sin embargo, los datos oficiales de la empresa señalan que la obra lleva un avance de entre 80 y 90 por ciento.
De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Expropiación, si al plazo de cinco años no se concluyó la causa de utilidad pública para el cual se emitió, en este caso la autopista, los pobladores pueden exigir la devolución del territorio. En conferencia de prensa, pobladores de la comunidad otomí, explicaron que lo que van a solicitar es que se cree un nuevo mecanismo porque consideran que el actual no es suficiente frente a los daños causados.
“El artículo 9 de la ley dice que hay un proceso de reversión que es por la vía agraria, pero no nos gusta porque la Sedatu tiene mecanismos establecidos que no contemplan las necesidades de los pueblos. Se debe crear un mecanismo jurídico que atienda de fondo las necesidades de los pueblos. Queremos que nos regresen las tierras y que además las empresas y el gobierno reparen todos los daños, incluso psicológicos porque ha habido presos políticos y los daños en la salud por las detonaciones”, dijo Efrén Santana, habitante de la comunidad.
Los representantes recordaron que fue desde 2010 que les fue impuesto el decreto para realizar el proyecto carretero sin que fueran consultados, como lo establecen los tratados internacionales, y que se realizó en contubernio de oso diferentes órdenes de Gobierno y las empresas privadas.
La decisión presidencial quitó 63 hectáreas a los pueblos San Lorenzo Huitzizilpan, San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotusco, todas de origen otomí. La solicitud de reversión del decreto ya la presentaron, como Frente, el día de ayer 17 de junio y quedó en manos de Samuel Peña Garza, del Departamento de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales.
Unos cuantos comuneros fueron los que aprobaron el interés de toda la comunidad.
“Como pueblos originarios, junto con Xochicuautla y Ayotusco, estamos organizados para luchar desde entonces y hasta ahora. No estamos de acuerdo con este proyecto, destruyeron nuestra forma de vida, de tajo destruyeron nuestros caminos ancestrales, nuestra agua, nuestro bosque sagrado que alimenta los mantos acuíferos de Toluca y el Valle de México.
Destruyeron nuestros caminos que nos trasladaban al Cerro de la Verónica, del Divino Rostro, de la Campana para llevar a cabo nuestros ritos. Venimos a manifestar de acuerdo al artículo 9 de la ley de expropiacion que dice que si en cinco años no se cumplen los motivos de la expropiacion, se tiene que empezar un proceso de devolución”, comentó Abundio Rivera, representante de la comunidad.
El próximo 25 de junio se llevará a cabo un recorrido público para demostrar los avances del proyecto de Grupo Higa, concesionado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).
Esta dependencia le ha otorgado varías prórrogas a Constructora Teya para que pueda terminarla, pero no cuenta con un estudio sobre las afectaciones territoriales.
Esta obra cuenta con suspensiones definitivas que claramente fueron violadas desde hace años. La empresa optó por hacer trabajos de madrugada.
