El titular del INM explicó que a cada uno de los migrantes fallecidos les fueron asignaron 3.5 millones de pesos, mientras que a los heridos, de tres a cuatro millones cada uno.
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno de México pagará unos 300 millones de pesos a los familiares de los 40 muertos y 27 heridos que dejó el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023.
De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, del total de fallecidos, las familias de 35 víctimas ya cobraron su indemnización.
“Sí, sí, el pago de los daños lo tenemos, tenemos suficiencia presupuestaria para poder pagar ese daño, ese requisito; y esperemos que en unos 15 días, el Juez determine lo procedente, en mi caso, más de 300 millones de pesos en este tema de reparación del daño”, reveló el funcionario.
Respecto a la reparación de los daños pendientes, explicó que en el caso de los venezolanos se tuvo un problema con los bancos en ese país porque “no admiten ese tipo de depósito porque no están en la Organización Bancaria Internacional”.
El titular del INM explicó que a cada uno de los migrantes fallecidos les fueron asignaron 3.5 millones de pesos, mientras que a los heridos, de tres a cuatro millones cada uno.
De los 27 extranjers que resultaron heridos, el dictamen de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito reveló que ya se cubrió la indemnización de 19, por lo que sólo faltan ocho pagos.
“El retardo ha sido porque han estado los dictámenes periciales considerándose para el pago de cada uno de los heridos”, detalló.
Al ser cuestionado sobre el proceso en su contra, Garduño compartió que se ha presentado a firmar durante 18 ocasiones.
“No falto a una sola [cita judicial], he acatado la resolución judicial como sujeto de un proceso penal y estamos por pagar a nombre del Estado mexicano, el pago de los daños causados que establece la Ley”, mencionó.
Garduño manifestó que el proceso ha sido “muy doloroso” como funcionario público, debido a que ha sido un defensor de los Derechos Humanos desde hace años y procurador social de una ONG. “Es muy doloroso. Yo jamás creí estar en este escenario, pero finalmente fue un acto que transcurrió en menos de tres minutos, donde dos venezolanos queman las colchonetas y un elemento de una empresa privada nunca entregó las llaves”, recordó.
“Entonces fueron varias circunstancias las que se acumularon y esto se realizó. En cuanto a la acusación mía y que estoy sujeto a proceso pues no soy yo quien esté juzgando, estoy sometido a un juez que tiene respetar el proceso penal y a él me estoy sometiendo, entonces estoy para que él resuelva, porque si es el linchamiento político que se quiere hacer, bueno pues entonces nos convertíamos nosotros en parte acusadora, juzgadora y sancionadora, entonces eso no posible”, explicó.
