Diputados del estado de Aguascalientes busca impugnar la norma que permite a mujeres embarazadas realizarse un aborto sin demostrar que fueron víctimas de violación
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– Diputados del estado de Aguascalientes se postuló contra una nueva regulación federal que establece que las mujeres que aseguren fueron víctimas de violación sexual puedan realizarse un aborto sin necesidad de comprobar dicho abuso, señala LifeSite.
El artículo dice que en el mes de abril la Secretaría de Salud decretó que las víctimas de violación podrían interrumpir su embarazo en la clínicas de salud pública, sin presentar cargos contra el presunto violador.
Dicha norma es una modificación a la NOM 046 lo que permite a las víctimas de violación acceder a la interrupción del embarazo en las instalaciones federales. Antes de esta modificación, los estados como Aguascalientes era necesario que la víctima presentara cargos contra el presunto violador. Ahora, dice la publicación, sólo es necesario presentar una declaración firmada donde la solicitante asegure que fue víctima de abuso sexual.
La modificación establece que niñas de 13 años podrán presentar declaraciones de violación sin firmas de sus padres.
El 5 de mayo pasado el Congreso de Aguascalientes aprobó por unanimidad presentar una controversia ante la Suprema Corte de justicia de la Nación contra la norma con el argumento de que viola en derecho del Estado a mantener sus propios códigos civiles y penales.
“Va en contra de nuestro Código Civil, que especifica claramente la tutela de los padres; contra el Código Penal, que especifica que tienen que haber una denuncia y también contra la ley de niñas, niños y adolescentes”, argumentó el Diputado panista Ulises Ruiz.
LifeSite destaca que las feministas pro-aborto expresaron su confianza en que el Tribunal fallaría a favor de la medida. Dalia de la Cerda Ulloa, activista del grupo Necesito Abortar dijo que es probable que el órgano rechace la controversia de Aguascalientes, porque existe un precedente legal del estado de Guanajuato. El Gobierno quería declarar la interrupción del embarazo por violación inconstitucional. El Tribunal Supremo les dijo que ellos no tienen la autoridad, porque las regulaciones federales están por encima de las constituciones locales y fue rechazada.
