Acostumbrados a las malas noticias, a menudo pasamos por alto escribir (y leer) las buenas nuevas. Para romper tan aguafiestas tradición, destaco hoy un hecho reciente.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, firmó una ley que requiere que todas las transacciones de compra y venta de armas de fuego en Estados Unidos estén sujetas a un proceso de verificación de antecedentes (background checks).

Esta medida, largamente esperada, apunta directo al corazón de una práctica común que ha permitido a traficantes y criminales acceder a armas de fuego en el país vecino a lo largo del tiempo.

En Estados Unidos hay 77,813 puntos autorizados para vender armas. Son muchísimos. Para dimensionar esta cifra, podemos compararla con el número total de Starbucks en aquel país:  hay seis veces más puntos autorizados para vender armas que cafeterías de la conocida sirena.

Estos sitios en donde se comercializan armas están sujetos a una regulación que data de hace treinta años y que los obliga a registrar los datos de cada potencial comprador en un sistema de verificación de antecedentes conocido como NICS.

El NICS, gestionado por el FBI, permite cotejar la identidad de quien desea adquirir un arma con una base de datos de las personas que tienen prohibido poseerlas. A pesar de todas sus deficiencias, este sistema ha mostrado ser eficaz para prevenir casi dos millones y medio de transacciones de armas desde 1998 hasta 2024. ¿Las razones? Entre otras, que los compradores potenciales tenían antecedentes penales, eran prófugos de la justicia o tenían historial de internamiento psiquiátrico.

Hasta este punto, todo bien (o casi). Sin embargo, las leyes federales en Estados Unidos presentaban una brecha significativa, una que ningún presidente había tenido la audacia de cerrar por completo hasta ahora.

En Estados Unidos, además de las transacciones de compra y venta que llevan a cabo los casi ochenta mil puntos de venta autorizados, existía la posibilidad de que individuos, en tanto privados, vendieran sus armas a otras personas sin someterse a un proceso de verificación de antecedentes. Estas transacciones solían tener lugar en sitios web especializados o en los conocidos gun shows: ferias de armas que (todavía) operan como mercados de pulgas donde se intercambian armas usadas.

Esta situación era posible por una simple razón: la ley federal establecía una distinción entre aquellos que se dedicaban a la venta de armas de manera oficial y los vendedores ocasionales. Los primeros estaban obligados a cumplir con el registro y la verificación de antecedentes, los segundos no.

Hace dos años, junto a un grupo de colegas, publiqué una investigación que documentó la existencia de 20,000 gun shows celebrados en Estados Unidos entre 2011 y 2019.[1] Entre los hallazgos de nuestro estudio estaba la ausencia de procesos de verificación de antecedentes en estos eventos, lo que representaba una oportunidad única para el tráfico ilegal de armas.

Aunque no se tiene un registro exacto de cuántas armas se han vendido a lo largo de los años en los gun shows, un informe publicado hace apenas un par de semanas reveló que cuatro de cada diez casos de tráfico de armas analizados entre 2017 y 2021 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) implicaban armas de fuego adquiridas sin pasar por un proceso de verificación de antecedentes.[2] Otras estimaciones de la Casa Blanca calculan que el 22% de las armas de fuego en manos de ciudadanos estadounidenses se compraron sin procesos de verificación de antecedentes.

La buena noticia es que, después de una ardua batalla contra los republicanos en el Congreso y la industria armamentista, el presidente Biden está a punto de cerrar esta brecha que permitía la distribución de armas a posibles criminales. A partir del mes que viene, cualquier vendedor de armas, independientemente de su ocupación habitual, estará obligado a registrarse y aplicar un sistema de verificación de antecedentes, so pena de enfrentar hasta cinco años de prisión.

Si todo sale como se espera y el lobby armamentista pierde su batalla legal contra la decisión de Biden, esta medida contribuirá significativamente a cerrar una importante fuente responsable de los cientos de armas que ingresan diariamente a México.[3]

Es paradójico. Este caso, como otros más, demuestra que la violencia en México está fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero las posibilidades de su disminución están dentro.

Si no entendemos el problema de la violencia como uno eminentemente transnacional, seguiremos encadenados muchos años más a nuestro grillete cotidiano.

[1] David Pérez Esparza et al., “Examining a Dataset on Gun Shows in the US, 2011–2019”, Journal of Illicit Economies and Development 4, núm. 1 (2022): 86–96.

[2] Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), “National Firearms Commerce and Trafficking Assessment (NFCTA): Firearms Trafficking Investigations - Volume Three”, el 4 de abril de 2024, https://www.atf.gov/firearms/national-firearms-commerce-and-trafficking-assessment-nfcta-firearms-trafficking.

[3] Sobre el tema ya he escrito en este espacio. Véase, por ejemplo: Carlos A. Pérez Ricart, La violencia vino del Norte, Sin Embargo, 21 de diciembre de 2023. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/21-12-2023/4446459

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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