Los ordenamientos del Presidente para el reparto de la publicidad oficial dan mayor certeza sobre la transparencia del gasto y de las ampliaciones presupuestales, los criterios de asignación, la evaluación de las campañas y la prohibición del uso propagandístico de estos recursos o como un instrumento para influir en la línea editorial de los medios de comunicación. “Sin embargo, algunas medidas son insuficientes y perpetúan las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición”, dicen las dos organizaciones.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar se pronunciaron contra la política de comunicación social impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron que aunque significa una avance importante un cambio real en la relación entre medios y el Gobierno solo puede lograrse con la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”.
Opinaron que la política de comunicación publicada ayer, que establece los criterios a seguir por las dependencias y entidades federales para el uso de los recursos de publicidad oficial, y la publicación en enero de los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades dan «mayor certeza sobre la transparencia del gasto», pero resaltaron que son insuficientes.
«Esta política tendrá efectos limitados. Si bien es un avance, su contenido no acaba con todos los grandes males de la publicidad oficial. Su aplicación es sólo a nivel federal, pero no podremos cambiar la relación entre medios y gobiernos si no se avanza hacia una legislación que obligue a todos los poderes de todos los niveles de Gobierno», expusieron en un comunicado.
Por ello, reiteraron su llamado a abrogar la Ley General de Comunicación Social y discutir una nueva acorde con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además pidieron que las y los legisladores discutan los cambios bajo un modelo de parlamento abierto.
Señalaron que los lineamientos permiten que continúen las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición.
Las organizaciones ejemplificaron la ambigüedad con lo que establece el Artículo 14, donde se fijan algunos criterios de asignación de la publicidad oficial, pero, dijeron, «falta claridad y precisión en su redacción» lo que da un margen de discrecionalidad.
Las integrantes del colectivo #MediosLibres recordaron que un problema recurrrente en los medios de comunicación es el aumento injustificado en publicadad oficial, pues solo de .entre 2013 y 2018 el Presidente Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, un 89 por ciento más de lo aprobado. Además, actualmente solo 10 medios concentran entre el 45 y 50 por ciento del gasto en publicidad oficial.
Las asociaciones destacaron que con el nuevo Gobierno el problema podría continuar porque no se han establecido topes presupuestarios aunque el Artículo 11 de esta nueva política sí obliga a las dependencias a anunciarlos. «Si bien esto resulta positivo en términos de transparencia, sigue validando las malas prácticas de administraciones anteriores», sentenciaron.
AMLO Y LA PUBLICIDAD
Durante la conferencia matutina de ayer de López Obrador, el vocero y director de Comunicación Social federal, Jesús Ramírez, anunció que El gasto en publicidad oficial del Gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador será de4 mil 711 millones de pesos, y por primera vez en más de una década no se invertirá más en medios de lo aprobado por el Congreso.
“Vamos a garantizar el derecho a la información, en el centro están los ciudadanos, la gente la población que debe ser informada, que debe de tener información veraz, de calidad, garantizar la transparencia. El Gobierno está abierto para informar a los ciudadanos”, dijo esta mañana el Presidente.
Aseguró que su Gobierno actuará con austeridad en el gasto para la publicidad. Detalló que este rubro se disminuyó un 50 por ciento.
El Vocero de la Presidencia destacó que la conferencia matutina es inédita, porque es el primer Gobierno en el mundo que rinde cuentas diarios a los ciudadanos. Y anunció que este miércoles se publicó la Política de Comunicación Social del Gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Señaló que aún falta la Ley de comunicación social, que tenga un padrón de medios y también una medición de audiencias. “Tenemos que llegar a una estandarización para que haya un piso parejo para todos”, indicó.
Aseguró que queda “prohibido hacer uso de propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación”.
LA LEY CHAYOTE
El pasado 11 de mayo, 7 meses antes de dejar la Presidencia, Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Comunicación Social, conocida como #LeyChayote, en medio de reclamos de organismos internacionales y sociedad civil que le pedían no avalarla porque fomenta y legaliza malas prácticas, y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial.
Antes, el colectivo #MediosLibres –conformado por organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil– envió una carta abierta al Presidente Peña donde lo pedían no avalar la llamada #LeyChayote, aprobada por el Poder Legislativo en abril pasado.
“En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México”, señala el texto firmado por el ex Ejecutivo federal y el ex Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y entró en vigor el 1 de enero de 2019.
Hasta esa fecha Peña se había gastado 40 mil millones de pesos en un puñado de medios. Organizaciones nacionales y extranjeras estimaron que al final de su sexenio alcanzaría los 60 mil millones erogados en comunicación social, una cifra histórica en México. Los organismos de la sociedad civil consideran que el gasto es básicamente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de medios digitales.
La Organización de las Naciones Unidad (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían demandado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a sus socios en el Senado de la República que tuvieran responsabilidad y no pasaran esa Ley, que básicamente deja en manos del Gobierno federal, otra vez, miles de millones de pesos de pesos que gasta a su arbitrio cada año. Alertaron que su aprobación atentaba contra la libertad de expresión.
A pesar de los llamados de alerta por parte de la sociedad civil y organismos internacionales, la madrugada del 26 de abril los senadores aprobaron, con 60 votos a favor y 46 en contra, la Ley de Comunicación Social que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó legislar al Congreso desde noviembre de 2017.
