De los 15 estados con mayor población e impacto en el PIB nacional, ninguno cumple con los requisitos mínimos para desarrollar obra pública de calidad ni con la transparencia en los contratos adjudicados, reveló el Instituto Mexicano de la Competitividad.
De acuerdo con el “Índice Legal de Obra Pública. Evaluación de la calidad del marco jurídico estatal”, Veracruz, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán, Baja California, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro, son las entidades reprobadas.
“Sin leyes claras y completas, siempre habrá espacios para la discrecionalidad en la obra pública”, mencionó la organización al tiempo que propuso impulsar una Ley General de Obra Pública que regule a los tres niveles de gobierno en sus procesos de planeación, contratación, ejecución, evaluación y auditoría de la obra pública.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– De los 15 estados con mayor población e impacto en el PIB nacional, ninguno cumple con los requisitos mínimos para desarrollar obra pública de calidad ni con la transparencia en los contratos adjudicados, reveló el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Veracruz, Estado de México, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán, Baja California, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro, son las entidades que fueron evaluadas y reprobadas en el “Índice Legal de Obra Pública. Evaluación de la calidad del marco jurídico estatal”.
El índice contiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco normativo que regula toda obra pública. Estos criterios se rigen por siete ejes transversales para garantizar el buen desarrollo de la obra:
– Competencia: acceso libre a los procedimientos de contratación, criterios de asignación de contratos objetivos y combate a acuerdos de colusión.
– Finanzas públicas: autorización de recursos para proyectos conforme al plan de obra pública.
– Fiscalización: las actuaciones del procedimiento de contratación deben estar sujetas a auditoría.
– Planeación: el programa estatal de obra pública debe estar alineado a los planes estatal y nacional del desarrollo.
– Responsabilidades administrativas: aplicación de sanciones a servidores públicos o a particulares.
– Tecnologías de la información: sistemas informáticos y plataformas electrónicas que permitan el control y el desarrollo de los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados.
– Transparencia: obligaciones de publicación de información relacionada con los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados.
De acuerdo con los resultados, el estado de Veracruz obtuvo el mejor desempeño en competencia, con el 64 por ciento de cumplimiento, Querétaro, con el 14 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
En lo que respecta a las finanzas públicas, Veracruz se mantuvo con el mayor cumplimento con el 87 por ciento; en contraste, Nuevo León, con 17 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
En materia de fiscalización, la entidad mejor evaluada fue Sonora, con el 88 por ciento de cumplimiento, mientras que Nuevo León, con 25 por ciento, quedó como la peor evaluada.
Sobre la planeación de obra pública, el estado de Sonora registró el mayor cumplimiento con el 92 por ciento; Nuevo León, con 25 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
Por responsabilidad administrativa, Sonora se ubicó como la entidad de mayor cumplimiento con el 69 por ciento; Nuevo León, con 24 por ciento, fue la peor evaluada en este indicador.
En el tema de las tecnologías de información, Veracruz, con el 56 por ciento, obtuvo el mayor cumplimiento, mientras que Querétaro, con 20 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
En materia de transparencia, de las 15 entidades evaluadas, el Estado de México, con el 67 por ciento, fue el de mayor cumplimiento, mientras que Querétaro, con el 25 por ciento, fue el de menor cumplimiento.
Entre los estados analizados, algunos tienen buenas prácticas y otros malas a la hora de realizar obras públicas. En algunas ocasiones una misma entidad puede ubicarse en ambos lados, como en el caso de Chihuahua y el Estado de México.
De acuerdo con el IMCO, ningún estado analizado cumple con los siguientes criterios:
– Realizar investigación de mercado previo al concurso.
– Incorporar prácticas que fomenten la competencia.
– Contener excepciones razonables a la licitación pública.
– Permitir modificaciones al contrato solo por debajo del 10 por ciento.
– Digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra.
– Conservar la información por lo menos ocho años.
“Sin leyes claras y completas, siempre habrá espacios para la discrecionalidad en la obra pública”, mencionó la organización al tiempo que propuso impulsar una Ley General de Obra Pública que regule a los tres niveles de gobierno en sus procesos de planeación, contratación, ejecución, evaluación y auditoría de la obra pública.
