Existe una completa indefensión por parte de los habitantes de ejidos y comunidades rurales de México ante el despojo derivado de las concesiones del gobierno mexicano a empresas particulares nacionales y extranjeras. Simplemente, la mitad del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras. Esto equivale a 92 millones de hectáreas, que representa el 47 por ciento del territorio nacional (véase el Mapa).[1] El 70 por ciento de esas explotaciones mineras está en manos extranjeras, de las cuales las mineras canadienses dominan abrumadoramente. Las compañías mineras y las de extracción de hidrocarburos prácticamente gozan de exención fiscal en México. Las mineras, por ejemplo, contribuyen tributariamente con tan sólo el 0.6 por ciento de sus ingresos.^[2] Encima de todo, estas empresas también disponen de una especie de licencia de facto para deteriorar impunemente el medio ambiente.

Los derrames de materiales tóxicos son práctica común, como puede observarse por prácticamente todo el país. Recordemos los derrames del 6 de agosto de 2014 de la minera Grupo México en el Río Sonora: crimen ambiental y social que aún sigue impune[4]. Así mismo, tenemos de ejemplo los crecientes deslaves por erosión causados por las minas a cielo abierto canadienses y mexicanas en la Sierra Madre de Chiapas, así como los constantes derrames de residuos químicos tóxicos de estas minas que llevan cuando menos ocho años envenenando las aguas de la reserva de la biósfera El Triunfo y de los cuerpos de agua que desembocan en los manglares de la reserva La Encrucijada, en la costa de Chiapas[5] (ambas áreas naturales protegidas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP[6]).

En entrevista personal con Romeo García Cortés, presidente de la asociación ambientalista Escuintla Nuestro y miembro del consejo asesor de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, denuncia la operación política del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar Bravo, a favor de las empresas mineras en la zona. Lo anterior a pesar de los probados derrames tóxicos encontrados en los mantos acuíferos de la zona, de lo cual investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA) y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) han recabado abrumadora evidencia por medio de investigaciones independientes.[7]

Los daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes de las zonas de explotación minera, de generación eléctrica y de producción de hidrocarburos tienen su respaldo jurídico en la reforma energética; reforma que el mismo senador Melgar y sus compañeros legisladores del PRI, PAN, PVEM y PANAL impulsaron y aprobaron.[8]

La reforma energética y su legislación secundaria, además, conceden enormes ventajas a los empresarios nacionales y extranjeros en detrimento de los habitantes de las zonas de explotación. Dicha legislación, por ejemplo, creó la figura de la “servidumbre legal”, que concede el derecho a las empresas particulares para transportar y almacenar los hidrocarburos, la maquinaria y el equipo que deseen sin importar si al abrir caminos dañan el medio ambiente o afectan cultivos (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos[9]). Igualmente, las empresas particulares pueden exigir el despojo de los habitantes de las zonas que deseen explotar, para lo cual están amparados en la figura de la “ocupación temporal” de la reforma energética, por la cual pueden ocupar tierras de propiedad privada, ejidal y comunal hasta por 99 años (Artículo 109 de la Ley de Hidrocarburos).

Los despojos de poblaciones enteras para realizar megaproyectos mineros y energéticos están sucediendo con cada vez mayor frecuencia en México, incluso desde antes de la aprobación de esta reforma energética, como ha sido el caso de La Parota en Guerrero, La Yesca en Nayarit y Jalisco, El Cajón en Nayarit y La Venta en Oaxaca. Ahora que las empresas particulares del sector disponen de un marco jurídico favorable al despojo de pobladores, es de esperarse que estas injusticias aumenten a medida que avancen las rondas de asignaciones de contratos a particulares, como ya está ocurriendo en las tierras ejidales de Ceboruco, Nayarit.[10]

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:

“Hay un patrón de afectaciones que se repite en esta clase de megaproyectos, los cuales comienzan violando los derechos de las personas a la información, a la consulta, al consentimiento previo libre e informado. Es común la falta de una indemnización justa e integral e incluso las amenazas a los afectados que reclaman respeto a sus derechos. En los Estados Unidos y los países de la Unión Europea ya no se justifica desplazar comunidades para construir ni una presa”^[11]

La negociación como iguales entre propietarios y empresas energéticas representa una grave injusticia por parte del Estado mexicano al tratar como iguales a sujetos desiguales. Los pobladores comunes, dedicados predominantemente a la agricultura de supervivencia, poco saben de los complejos procesos judiciales de despojo que estas concesiones implican. En contraparte, las empresas extranjeras y nacionales disponen de los servicios de sofisticados despachos jurídicos y de relaciones políticas al más alto nivel. Hay entonces una injusta relación asimétrica en esta legislación energética, especialmente cuando empresas y autoridades presionan para llegar a un acuerdo que tendrá carácter vinculante, lo cual implica incluso el uso de la fuerza pública para desalojar a los pobladores que se opongan a entregar sus tierras para las explotaciones o para dar paso al desarrollo de este tipo de proyectos.

La legislación de la reforma energética dota de carácter de cosa juzgada a las resoluciones administrativas en este tipo de conflictos, lo cual las convierte en títulos ejecutivos que dan derechos a los empresarios a embargar y desalojar sin mayor proceso, quedando los pobladores en estado de indefensión ante la autoridad judicial (Véanse los artículos 100 al 117 de la Ley de Hidrocarburos).

Hasta el día de hoy no disponemos de mecanismo eficaz alguno para evitar estos abusos de empresas privadas nacionales extranjeras al Pueblo de México. Tanto el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) como la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) son valiosos apoyos para casos como estos. Sin embargo, su alcance es limitado en tiempo y en recursos.

Después de todo esto me pregunto ¿qué necesidad había de que los mexicanos tengamos que vivir bajo esta amenaza latente de despojos por parte de empresarios nacionales y extranjeros? Ninguna. Esto se debe sólo a la infinita codicia de la corrupta clase política que entregó el país a través de la reforma energética (me refiero en concreto a los legisladores del PRI, PAN, PVEM y PANAL). La defensa de los pobladores en estos casos de despojos demanda de muchos recursos y habilidades que, obviamente, suelen no tener. Como señala Karl Popper en su célebre ensayo “¿Estado mínimo o Estado paternalista?”: 

“Cuando [a los ciudadanos menos favorecidos] se nos orilla a tener que defender nuestros derechos fundamentales, no podemos permitirle al Estado ni hostilidad ni igualdad hacia nosotros, ¡sino benevolencia!”

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1.– Con datos de la Cámara Minera de México (CAMIMEX, 2017).
2.– Léase la reveladora investigación de Xanath Lastiri para Sin Embargo, titulada “Las mineras se llevan todo y dejan migajas a los mexicanos”, del 13 de agosto de 2015: http://www.sinembargo.mx/13-08-2015/1437653
También consúltese la base de datos y mapas interactivos del portal Cartocrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil: http://www.cartocritica.org.mx/2015/industrias-extractivas/

3.- Véase la evidencia proporcionada por la investigación de Daniel Sánchez Dórame (2016) “Grupo México, “Impune por la mayor tragedia ambiental: habitantes del río Sonora”: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/09/1103963

4.- La denuncia de habitantes de la zona lleva más de una década sin que las autoridades hayan tomado medida alguna. Véase por ejemplo el trabajo de investigación de Angélica Enciso para La Jornada, titulado “La explotación minera pone en riesgo áreas naturales protegidas” http://www.jornada.unam.mx/2016/12/09/sociedad/043n2soc

6.– Con datos de la CONANP. http://www.conanp.gob.mx/datos_abiertos/DGCD/52.pdf

7.– Consúltense los datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería: http://www.remamx.org/2012/09/15-de-territorio-chiapaneco-es-de-mineras/

8.– Véase, entre otras, la intervención en tribuna del senador Luis Armando Melgar del 5 de agosto de 2014, Canal del Senado en Youtube, defendiendo la reforma energética: “…la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto [en materia de ingresos por hidrocarburos] es una iniciativa con mucha responsabilidad…” Etc. https://www.youtube.com/watch?v=yy04IzHjbeA

9.– Artículo 96.- La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos… Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.”

10.- Entrevista personal con Esperanza Islas Ledón, habitante de la zona, 1 de abril de 2017.

11.– Hernández Alpízar, Javier (2012). La Yesca: Personas afectadas por presa hidroeléctrica demandan respeto a sus derechos. En Sididh 2.0: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 17 de octubre de 2012.

Sergio Saldaña Zorrilla

https://www.sinembargo.mx/author/sergiosaldanazorrilla

Doctor en Economía por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

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