#DatosCerrados | En su debut como entidades transparentes, a los partidos políticos no les fue bien. Desde mayo de 2015, cuando fue promulgada la nueva Ley General de Transparencia, quedaron obligados a entregar información a los ciudadanos mediante el INAI y a publicar en sus páginas datos que antes eran sólo de su dominio. Así, sin que nadie se los pida, los partidos deben dar a conocer contratos de arrendamiento, padrones de afiliados o remuneraciones de los miembros de sus equipos.
En acceso a la información, la Métrica de Datos Abiertos del organismo les da una calificación de 0.21 en un rango de 0 a 1; es decir, reprobatoria. En cuanto a la publicación de información, una revisión de esta Unidad de Datos encontró que lo hacen a medias, con documentos tachados o información sin actualizar. Por ejemplo, el PRI publica información hasta 2015, el PVEM anuncia un cúmulo de contratos, pero no es posible verlos pues la página marca error y Morena dice que 12 de sus funcionarios ganan cero pesos.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– La Transparencia no ha llegado a los partidos políticos. Desde hace casi dos años –mayo de 2015- la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública los obliga a publicar páginas de datos abiertos y brindar información a los ciudadanos, pero ninguno ha logrado cumplir a cabalidad con las reglas del Acceso a la Información.
Llevan unos meses en la Plataforma Nacional de Transparencia como entidades a los que se les puede solicitar información. Pero no les ha ido bien. La Métrica de Gobierno Abierto, elaborada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), les da una calificación de 0.21 en un puntaje de 0 a 1. Los partidos políticos son los que obtuvieron la peor calificación –muy cercana a cero–; además de los sindicatos.
No hubo uno que se salvara. PRI, PAN, PRD, PT, Morena, MC, Nueva Alianza, PES y PVEM fueron reprobados en su forma de responder a los requerimientos de los ciudadanos.
La resistencia de los partidos políticos a la Transparencia ha sido histórica. En la década pasada se negaron a dar a conocer sobre cuotas, padrones de afiliados o en qué gastaban y se opusieron a legislar al respecto. Después de la promulgación de la nueva ley de Transparencia, continuaron con oposición. Primero, pidieron un plazo de un año para abrir su información. Luego, quisieron otros seis meses. Este año, por fin, debutaron en la lista de entidades a las que se les puede hacer solicitudes de información mediante el INAI.
De enero a marzo de 2017, los partidos políticos recibieron mil 478 solicitudes de información de 80 mil 688 que fueron captadas a través del INAI, según datos del mismo organismo. Las respuestas de los partidos fueron petición de prórrogas, documentos de cientos de fojas con costo para el ciudadano o la declaración de la inexistencia de la información.
En qué gastan el dinero público que reciben cada año, a cuánto ascienden los viajes de sus dirigentes, cuál es la fortuna de sus líderes, por qué no tienen páginas con datos abiertos, ¿son empresas familiares? Estas son preguntas recurrentes de los ciudadanos a los partidos políticos mediante el INAI, según una revisión de esta Unidad de Datos en la página del organismo.
LOS MÁS OBLIGADOS
La Ley General de Transparencia, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2015 convirtió a los partidos políticos en las entidades con mayor número de obligaciones frente a los ciudadanos en el ámbito de la Transparencia.
En el argot del acceso a la información, cuando una entidad tiene “obligaciones” significa que debe tener datos disponibles sin necesidad de que los ciudadanos se la requieran.
En total, son 78 repartidas en los artículos 70 y 76. Están la publicación del padrón de afiliados o militantes, acuerdos o resoluciones de los órganos de dirección, los convenios de participación con organizaciones civiles, contratos y convenios para el arrendamiento o compra de bienes y servicios, las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por los militantes, los montos autorizados de financiamiento privado, y el directorio de los órganos de dirección.
Esta Unidad de Datos hizo una revisión del desempeño de los partidos bajo la nueva Ley de Transparencia. Lo que les han pedido y las respuestas que han dado. También de sus páginas públicas para observar el cumplimiento de sus obligaciones. Lo que se encontró no los perfila como organismos transparentes. En algunos casos, la información es de 2015 (PRI y PVEM), en otros no hay contratos publicados (PVEM), a veces, hay contratos tachados (Morena), y en cuanto a remuneraciones, hay funcionarios que según el partido, perciben cero pesos (Morena).
Y las elecciones están a unos meses. El próximo 4 de junio serán elegidos Gobernadores en Coahuila, Nayarit y el Estado de México, mientras que en el verano de 2018, se votará por un nuevo Presidente de la República.
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Partido Acción Nacional (PAN)
Su página de Transparencia muestra un capitulado con las obligaciones que le marca la LGTAIP, pero falla en sus buscadores. Por ejemplo, al darle click al “Financiamiento federal” no aparece nada. Por otro lado, no hay ninguna pestaña que indique en dónde están las cuotas de sus afiliados y cuando se usa el buscador general, simplemente no puede escribirse en el espacio destinado. En cuanto a las respuestas a los ciudadanos, ha sido puntual en sus plazos de respuesta, pero con límites en la información brindada. Se le solicitaron los montos otorgados para viáticos de los viajes hechos por Everardo Padilla, ex Secretario de Acción Juvenil, y Alán Ávila, actual funcionario en ese cargo, de 2015 a lo que ha transcurrido de 2017. El partido, a través de la Coordinación de Finanzas, proporcionó la relación de los vuelos y viáticos, pero pidió un pago de 290 pesos para entregar las facturas.
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
Morena se puso límites en la publicación de su información en la página que le ordena la LGTAIP. Si bien publica contratos de arrendamientos, los nombres del arrendador y el fiador aparecen tachados. Así, no puede conocerse con quién ha celebrado convenios. En cuanto a las remuneraciones de los integrantes del Consejo Nacional, sostiene que sólo devengan sueldo Andrés Manuel López Obrador (50 mil pesos), Martí Batres Guadarrama, presidente del CEN (50 mil pesos), Tomás Pliego Calvo, secretario de Organización (20 mil pesos) y Marco Antonio Medina Pérez, Secretario de Finanzas (20 mil pesos). Otros 12 funcionarios como la secretaria General, Bertha Luján Uranga o el Secretario de Educación, Formación y Capacitación Política, Froylán Yescas Cedillo ganan cero pesos. A través del INAI, a Morena le solicitaron si parientes del dirigente Andrés Manuel López Obrador integraban su nómina y si se les pagaba. El partido respondió que no contaba con evidencia en documentos al respecto.
Partido Nueva Alianza (Panal)
Este partido se ha limitado a listar sus obligaciones, pero no las ha llenado. Por ejemplo, no se encuentran los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal ni sobre su situación financiera y patrimonial o el inventario de sus bienes inmuebles. Los contratos no pueden ser revisados. La remuneración de los integrantes de su directiva, tampoco. Un ciudadano solicitó el padrón de personas que lo conforman y el informe anual de origen y destino de sus recursos que entregó al INE. El partido remitió en ambos casos a páginas electrónicas.
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
En la categoría destinada a publicar las obligaciones que le marca la LGTAIP presenta una lista de lo que debe cumplir, pero no despliega ninguna. Acompaña con la leyenda “No aplica” a varias fracciones como el directorio, la información de los programas de subsidios, la información financiera sobre el presupuesto asignado, las remuneraciones brutas y netas, y los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación. A través del INAI, se le pidieron documentos que dieran cuenta de los viajes en el país y en el extranjero realizados por su presidenta, Alejandra Barrales, durante 2016. La respuesta fue que la información solicitada rebasaba la capacidad de almacenamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y por correo electrónico el partido dio información incompleta sin ofrecer los documentos de manera física.
Partido del Trabajo (PT)
Este organismo ni siquiera ha publicado la lista de obligaciones. En su página de Transparencia no hay nada. Aparece el logo del PT. Como sujeto obligado, se le solicitó el listado en excel de las contrataciones en 2016 con proveedores, monto de cada contrato y servicio. Al responder el partido omitió el servicio prestado. También se le solicitó copia simple del reporte de gastos erogados en viajes realizados por integrantes de la CEN en la República Mexicana y en el extranjero. Para brindar la información, el partido pidió como cuota de recuperación treinta mil 140 pesos por 160 copias de reportes.
Partido Encuentro Social (PES)
Cumple al pie de la letra con todas las obligaciones, pero su información llega hasta diciembre de 2015. Se le pidió copia simple del reporte de gastos erogados por sus dirigentes República Mexicana y en el extranjero. Se pidió desglosar los costos de boletos por persona, así como el gasto en taxis en las ciudades. Para brindar la información, el partido pidió 6 mil 824 pesos por igual número de hojas.
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Cumple con el total de obligaciones, pero su información es hasta diciembre de 2015. En el tabulador de sueldos aparece un monto de 75 mil 161.36 para el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. De modo que es posible saber que ese sueldo lo tuvo Manlio Fabio Beltrones quien en ese año conducía al partido, pero no es posible saber cuál es el de su actual presidente, Enrique Ochoa Reza. En el INAI no hay resoluciones publicadas en contra del PRI, por lo que no fue posible ver qué le han solicitado.
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Publica un listado de sus obligaciones, pero al dar click, la página aparece vacía. Por ejemplo, la que llevaría a contratos de adquisiciones y arrendamiento. Es posible ver las remuneraciones de sus dirigentes, pero con fecha de 2015. Ese año, en el que se efectuaron elecciones en junio y el partido incurrió en una serie de prácticas por el que fue multado por el Instituto Nacional Electoral, el vocero del partido (el cargo lo ocupó primero Arturo Escobar y luego Carlos Puente) ganaba 100 mil pesos brutos al mes, mientras que los miembros del Consejo Político Nacional percibían 75 mil pesos. Se le requirió el informe anual sobre el origen y destino de sus recursos. Respondió cuánto gastó, pero no en qué.
