Armando Contreras, el Diputado oaxaqueño que elaboró o le elaboraron una iniciativa que no fue formalizada para que la elección de autoridades en la UNAM fuera mediante el voto universal, directo y secreto, parece haber tenido eco en Sinaloa, donde de entrada rompió el pacto político-electoral que Morena sostenía con el Partido Sinaloense (PAS) y que sus dirigentes habían signado tácitamente en 2021 para llevar a Rubén Rocha Moya al Gobierno del estado y hoy, lo que no se logró con la UNAM, va viento en popa, si  no ocurre algo extraordinario, en la casa de estudios de los sinaloenses.

Antes de entrar al fondo, habría que decir que en las universidades públicas sinaloenses, como otras instituciones de educación superior, hay grupos de poder que para bien o para mal, tienen el control político, y digo esto porque está implícita la legitimación en el ejercicio docente, investigativo y extensión.

El Partido Sinaloense tiene un peso específico en la administración en la UAS, donde militantes de este partido son los que toman muchas decisiones, y habría que ver si lo hacen como militantes o como administradores profesionales.

No le favorece mucho al PAS que se sepa que de acuerdo con una investigación realizada por el diario Noroeste el 60 por ciento de la nómina son parte de sus activos.

Aunque hay una investigación que está por hacerse sobre los mecanismos de reclutamiento y los incentivos de estos activos para darse de alta en el padrón pasista, donde podría haber muchos militantes, que vienen desde antes de que este partido se constituyera en 2012.

Pero, para el Gobierno estatal está claro, la membresía que alcanza los 140 mil afiliados dentro y fuera de la UAS son suficientes para afirmar que este partido controla a la máxima casa de estudios y que se “viola desde adentro la autonomía universitaria”.

Y, por ende, dijeron, hay que adecuar la Ley General de Educación Superior para que la UAS recupere su “libertad” y su “autonomía”.

Es ahí, cuando empata con la UNAM, el Congreso del Estado, con una amplia mayoría morenista y aliados han decidido aplicar en Sinaloa la fórmula suspendida en la UNAM para que las autoridades universitarias sean seleccionadas en elección abierta, universal, directa y secreta bajo la intervención del Congreso del Estado que viola el principio básico de toda autonomía que es la del autogobierno e impide garantizar la libertad para ejercer la reflexión y la crítica y, donde se produzca y trasmita el conocimiento, sin ningún tipo de interferencia religiosa, política o económica.

En Sinaloa no ha sido problema, primero por la decisión del Gobernador, quien a través de su mayoría en el Congreso del Estado incluyó añadidos a la armonización de la Ley General de Educación Superior que, a juicio, al menos, de los abogados universitarios, son inconstitucionales y violatorios de la autonomía.

Ya sabremos como resolverán este asunto los ministros de la Suprema Corte de Justicia, si las universidades pueden estar sujetas al Poder Legislativo, y por lo pronto, un Juez federal ordenó la suspensión provisional de la ley luego de amparos que fueron promovidos por consejeros universitarios. Pero, concentrémonos en la UAS, que es donde esta la motivación de este ejercicio de reflexión.

La lucha del Gobernador contra las autoridades de la UAS se libra, además de lo jurídico, en tres frentes que puntualmente son los siguientes:

Primero, en el ámbito político, el Gobernador ganó una a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector y líder moral del PAS, cuando al menos puso en entredicho la alianza que este sostenía con Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, ya que aquel con su partido impulsaba –e impulsa– la campaña “¡Que siga López, estamos Agusto!”, al nombrar a uno de los diputados locales para que en lo sucesivo se “hiciera” cargo de esa responsabilidad política de frente a la definición del candidato morenista a la Presidencia de la República.

Segundo, lo mediático: ambos actores buscan ganar la percepción de que lo hecho es lo correcto. Por un lado, la UAS, hace una campaña convencional con sus recursos institucionales y comunicando directamente a los estudiantes y padres de familia, en tanto, la mayoría de los medios de comunicación se encuentra volcados en esa tarea bajo la premisa recordada en una de las conferencias semaneras del Gobernador de que es “el Gobierno el cliente principal” de este tipo de empresas. Además, como si fuera poco, tenemos que se están utilizando drones para distribuir volantes sobre los campus universitarios y difundir consignas a favor de la “recuperación de la autonomía”.

Y tercero: las calles. Contrariamente a la idea que siempre son las universidades las que las ganan, en esta ocasión la iniciativa la tienen actores progobiernistas que han activado manifestaciones “por la autonomía” -principalmente de la Facultad de Derecho Culiacán.

Es decir, a la vista de cualquiera, el grupo pasista la va perdiendo pues sólo le quedaría la parte legal. Pero, ahí, es probable que el Gobierno del estado no las tenga todas consigo sea por el aura de independencia que hoy rodea a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, porque simplemente, no tiene la razón jurídica.

El caso terminará en la Corte y es altamente probable que el Gobernador la pierda, porque los añadidos a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa no los contempla la Ley General, es decir, el Congreso del Estado, no tiene por qué intervenir en labores de auditoria en las universidades públicas. Para eso está la ASF y la ASE.

Además, no tiene fundamento legal hacer consultas a la comunidad universitaria sobre eventuales modificaciones a la ley y menos si son inconstitucionales, pero sobre todo la Universidad se rige por un Consejo Universitario y, es al que el rector y los directores de escuelas y facultades deben rendir cuentas sobre su ámbito de acción institucional.

En definitiva, el ensayo que está en curso en Sinaloa es el que se pretendió aplicar en la UNAM y probablemente sus verdaderos promotores decidieron dejarla en suspenso hasta no ver en que termina jurídicamente y ahí, decidir se sigue en esa línea o se desecha, es decir, lo que está en juego en Sinaloa, con sus singularidades políticas, no sólo son sus universidades públicas sino las del todo el país.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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