Cada año, parte del dinero de la federación llega a los estados para que sea utilizado en rubros prioritarios: salud, infraestructura, seguridad y educación. La Auditoría a las entidades muestra que aún malgastan millones de estos recursos en casos como el salario a personas fallecidas.
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- En 2020, 13 entidades del país malgastaron el dinero federal destinado al mejoramiento educativo. Cerca de 87 millones 057 mil 298 pesos se fueron en pagos de salarios de personas fallecidas; a personal con permiso sin goce de sueldo y a personal fantasma, revela la cuenta pública de ese año de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Otro tanto se fue en servicios que nada tienen que ver con lo educativo o la compra de productos que nunca se entregaron a las escuelas. También en el pago de “asesores” y en otros casos, las autoridades educativas no entregaron justificación de en qué se gastó el dinero.
La Auditoría realizó una revisión a los programas de federales de fomento educativo: Escuelas de tiempo completo, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE. En los tres hubo presuntos malos manejos en esta partida que se elabora con base en un cálculo para cada entidad y que no prevé ni un peso extra, por lo que el gasto tiene que ser transparente, ya que las autoridades estatales deben explicar cada uno de los movimientos a la Tesorería de la Federación
El caso que sobresale es el de Zacatecas. En el gasto de los recursos del FONE, la Auditoría encontró un posible daño al erario por 26 millones 442 mil 622 pesos porque las autoridades educativas no proporcionaron documentación que justificara o comprobara en qué se usó el dinero que se le entregó para ser aplicado en atender la demanda de educación preescolar rural y de promoción educativa.
En esta entidad, gobernada en ese entonces por Alejandro Tello Cristerna, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 157 mil 099 pesos habrían sido destinados a seis personas que ya no laboraban en la administración pública.
También se detectaron irregularidades del Fondo en Jalisco, entidad gobernada por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano (MC). La Auditoria encontró un posible desfalco por 1 millón 816 mil 447 pesos: 69 pagos a dos personas que no trabajaron en el sector educativo; 466, a 155 trabajadores que ya habían sido dados de baja, y 128, a 27 trabajadores que fueron identificados como fallecidos.
En Yucatán, estado gobernado por Mauricio Vila, del Partido Acción Nacional (PAN), el daño se calculó en 6 millones 486 mil 965 pesos. La mayoría del dinero —casi tres millones— se fueron en 282 pagos a 64 trabajadores con licencia sin goce de sueldo, los cuales contaron con 80 plazas y estuvieron adscritos en 62 centros de trabajo.
Otro tanto se fue a salario de 46 trabajadores que ya no laboraban en el área educativa, a dos trabajadores fallecidos en 2020, o antes, y en 78 pagos a tres trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que contaron con tres plazas, reportó la Auditoría.
En relación a los recursos destinados a personas muertas, la ASF encontró que el Gobierno de Tamaulipas pagó a 14 de ellos 1 millón 149 mil 629 pesos; San Luis Potosí, a 82 personas por 1 millón 400 mil 105 pesos, y Oaxaca, que aunque no se especifica la cantidad de personas fallecidas a las que pagó sus sueldos, se calculó un posible daño en 1 millón 599 mil 104 pesos.
En el caso de Chihuahua, se encontró un supuesto daño por 1 millón 967 mil 264 pesos por 108 pagos a 13 trabajadores que no realizaron ninguna actividad relacionada con la educación básica.
El mismo caso se detectó en Aguascalientes, que pagó a 49 trabajadores que desarrollaron actividades distintas a la educación básica, indígena, inclusiva y normal y que contaron con 50 plazas en tres centros de trabajo.
En lo que respecta al dinero destinado a Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Michoacán, gobernada en 2020 por Silvano Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene un posible daño al erario por 17 millones 611 mil 675 pesos que se fueron de la siguiente manera:
La autoridad educativa no logró acreditar el destino de 8 millones 242 mil 919 pesos; 4 millones 301 mil en el pago a 20 trabajadores que no contaban con un perfil académico adecuado para las plazas educativas; 4 millones 034 mil en el pago a 32 trabajadores con licencia sin goce de sueldo y 96 que ya no trabajaban en la dependencia. Finalmente, 1 millón 032 mil pesos se fueron en 54 pagos a 36 trabajadores que tuvieron una remuneración superior a lo establecido en las tabuladores.
En el caso de Tabasco, la ASF encontró que la entidad no reintegró 742 mil 738 pesos a la Tesorería de la Federación cuando está establecido que si el dinero no se utiliza, debe regresarse al erario federal.
El otro rubro evaluado por la Auditoría fue el de las Escuelas de Tiempo Completo, un programa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que desaparecerá, pero que la Ciudad de México mantendrá vigente, mientras que autoridades de Querétaro, Guanajuato y Campeche han dicho que buscarán implementarlo.
En Morelos, bajo la administración de Cuauhtémoc Blanco, del Partido Encuentro Social (PES), se detectó un posible daño al erario por 16 millones 757 mil 092 pesos porque no se entregaron pruebas de la entrega de alimentos que el Gobierno del Estado compró a Diconsa en junio de 2020. No existe documento que acredite que los productos no perecederos llegaron a su destino.
En Tamaulipas ocurrió algo similar, ya que no se proporcionó documentación que acredite que las compras de tóner de impresión, alimentos y vales de gasolina efectivamente fueron pagadas con dinero del programa, el monto de posible daño por esa causa es de 2 millones 271 mil 671 pesos.
Por último está Tabasco. La ASF señaló que por realizar pagos a 12 asesores externos especializados en áreas que no tienen qué ver con los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, se fue 1 millón 533 mil 114 pesos, además de otros 287 mil 100 pesos por la compra de kits de limpieza que no se encontraron.
El Gobierno federal inició desde 1992 un Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y cedió a las entidades federativas el control de más de setecientos mil trabajadores de la educación básica federalizada.
El dinero de estos programas está ubicado en el Ramo General 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Este dinero se utiliza para el pago de nóminas y se destina a funciones de educación básica y normal, los gastos de operación de los centros de trabajo federales y complementar el pago de las nóminas estatales de educación básica, normal y especial.
