Alberto Uriel, Luis Humberto y Jesús Alan, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Papantla la mañana del 19 de marzo de 2016, nunca fueron puestos a disposición de alguna autoridad ministerial o judicial, según los testimonios, los entregaron a la delincuencia organizada.
Xalapa, Veracruz, 18 de marzo (PlumasLibres/SinEmbargo).- A tres años de la desaparición forzada de tres jóvenes de Papantla por parte de elementos de la Policía Municipal, la madre de uno de los desaparecidos se declara en Huelga de hambre para exigir a las autoridades que busquen y entreguen a los jóvenes desaparecidos, verdad y justicia.
Alberto Uriel, Luis Humberto y Jesús Alan, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Papantla la mañana del 19 de marzo de 2016, nunca fueron puestos a disposición de alguna autoridad ministerial o judicial, según los testimonios, los entregaron a la delincuencia organizada. A tres años de la desaparición forzada, las autoridades responsables en Veracruz niegan el acceso a la justicia a las familias.
“Ya están sentenciados los policías que desaparecieron a los muchachos, ¿qué más quieren?” Les dicen las autoridades a las familias, dicen además que no están obligados a hacer más, sin embargo, a pesar de contar con elementos para detener a las personas de la delincuencia organizada que participaron en la desaparición del 19 de marzo, no hay investigación, ni detención, ni justicia para saber del paradero de los jóvenes. “Por ahora lo más importante es que los policías se queden detenidos”, fueron las palabras del personal de la Fiscalía General de Veracruz, “ya después intentaremos que confiesen a donde llevaron a los jóvenes”. Las familias no han cesado de exigir justicia en estos tres años, de exigir sin éxito que el Estado, culpable de la desaparición se haga cargo de buscarles.
A los pocos días de la desaparición, con el testimonio de un menor testigo protegido, se supo de la probable ubicación y paradero de los jóvenes, a quienes supuestamente habían ejecutado e incinerado en un predio de una localidad de Papantla Veracruz. Las autoridades no tuvieron opción y fueron a recuperar los restos incinerados en los primeros días de abril de 2016, con la promesa de procesar de inmediato los restos.
Apenas hace unos días, en el mes de febrero de 2019, la dirección de servicios periciales hizo saber al asesor jurídico de las familias, que los restos encontrados en abril de 2016 no fueron idóneos para extraer ADN debido a su deterioro y condición. El dictamen fue emitido hasta junio de 2018, pero de manera dolosa “se quedó extraviado” en algún escritorio de personal de servicios periciales de Papantla y no ha sido agregado a la carpeta de investigación.
En octubre de 2017 la CNDH emitió la recomendación 6VG/2017 al Gobierno de Veracruz , a la FGE, y al Ayuntamiento de Papantla por la desaparición forzada, hasta la fecha no ha sido cumplimentada, ni siquiera la propia CNDH ni la CEAV federal han integrado los expedientes para registrar como Victimas a las familias.
En diciembre de 2018 el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García señaló como prioridad el tema de los desaparecidos en Veracruz, emitió una declaratoria, una disculpa pública y anuncio la creación de un programa para atender los casos. En el mismo diciembre personal de la CEDH, de la CEEAIV y de la Secretaría de Gobernación fueron testigos de la revisión de la carpeta de investigación del caso y de las graves omisiones en la misma, incluso posterior a la revisión el gobernador y el secretario de gobierno fueron advertidos de la gravedad del caso en las reuniones mensuales con los colectivos de desaparecidos, hasta ahora solo simulan escuchar, acciones concretas no hay.
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
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